--- canonical_url: "https://lapoliticambiental.com.ar/contenido/7708/rio-negro-crece-la-alarma-por-la-extranjerizacion-de-tierras-y-fuentes-de-agua-e" title: "Río Negro: crece la alarma por la extranjerización de tierras y fuentes de agua en la Patagonia" article_type: "Article" description: "Organizaciones territoriales, comunidades mapuches e investigadores advierten sobre el avance de capitales extranjeros en áreas de frontera, altas cumbres, bosques nativos y nacientes de agua. El debate cobra fuerza mientras el Senado analiza un proyecto que eliminaría los principales límites nacionales para la compra de tierras rurales por extranjeros." main_image: "https://lapoliticambiental.com.ar/download/multimedia.grande.a757ecf1f4570c9b.Z3JhbmRlLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-07-15T11:02:00-03:00" date_modified: "2026-07-14T11:09:35-03:00" author_name: "La Política Ambiental" author_url: "https://lapoliticambiental.com.ar/usuario/2/la-politica-ambiental" author_bio: "La Política Ambiental" author_social_links: - "https://twitter.com/LPA_arg" - "https://www.instagram.com/lapoliticambiental/" - "https://www.youtube.com/channel/UCYevXN-ll81H0SP-FhtTRJQ" --- # Río Negro: crece la alarma por la extranjerización de tierras y fuentes de agua en la Patagonia ### ![ChatGPT Image 14 jul 2026, 11_30_58](/download/multimedia.normal.87e062d979bd4ec0.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) La extranjerización de tierras volvió al centro del debate político y ambiental argentino. En Río Negro, distintos emprendimientos vinculados con capitales de Emiratos Árabes Unidos y Qatar avanzaron durante los últimos años sobre extensas superficies de la cordillera, la estepa y la costa atlántica, algunas de ellas ubicadas en zonas fronterizas y próximas a fuentes de agua. La preocupación se profundizó ante el tratamiento en el Congreso del proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa propone eliminar varias de las restricciones establecidas por la Ley 26.737 para la adquisición de tierras rurales por personas y empresas extranjeras. Aunque a escala nacional la superficie extranjerizada representa cerca del 5% del territorio, el problema adquiere otra dimensión cuando se analiza la distribución por departamentos. Un estudio elaborado por el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, determinó que más de 13 millones de hectáreas se encuentran en manos extranjeras. Además, 36 departamentos ya superan el límite del 15% previsto por la legislación. Los casos más críticos coinciden con territorios que concentran agua dulce, bosques, minerales, áreas fronterizas, puertos o vías navegables. En Lácar, Neuquén; General Lamadrid, La Rioja; y Molinos y San Carlos, Salta, la extranjerización supera el 50% de la superficie rural. ## Capitales extranjeros sobre territorios estratégicos En Río Negro, referentes políticos y organizaciones territoriales estiman que entre 60.000 y 70.000 hectáreas quedaron vinculadas durante la última década con capitales de Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Las propiedades se distribuyen entre la cordillera, la cuenca del río Foyel, las altas cumbres, la meseta y la costa atlántica. Se trata de territorios con bosques nativos, arroyos, lagunas, nacientes de agua, acceso a la cordillera y proximidad con la frontera internacional. Una investigación periodística de Página/12 identificó emprendimientos turísticos, cotos de caza, proyectos de esquí de alta montaña, centrales hidroeléctricas y pistas privadas construidas dentro de grandes extensiones rurales. La diputada provincial Magdalena Odarda advirtió que algunas adquisiciones habrían sido estructuradas mediante fideicomisos, sociedades radicadas en la Argentina y personas interpuestas. El planteo central es que la nacionalidad argentina de quienes aparecen inicialmente como titulares o accionistas puede ocultar el origen real del financiamiento y el control económico de los emprendimientos. ## El conflicto por las tierras de la Lof Cayunao Uno de los casos que encendió las alarmas es el conflicto entre la comunidad mapuche Lof Cayunao y el Fideicomiso Amaike por unas 14.000 hectáreas ubicadas en las altas cumbres rionegrinas. La comunidad sostiene que utiliza históricamente ese territorio durante la temporada de verano para el traslado y pastoreo de animales, además de realizar ceremonias en lagunas y otros sitios considerados fundamentales para su vida cultural y espiritual. El fideicomiso llevó a juicio a integrantes de la comunidad por una supuesta usurpación. Durante el proceso judicial celebrado en abril de 2026, el empresario argentino Hugo Barabucci, accionista de una de las sociedades vinculadas al emprendimiento, declaró que la compra se había realizado con fondos recibidos del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos. Según su testimonio, la operación habría involucrado alrededor de dos millones de dólares. La declaración reforzó las sospechas sobre la utilización de titulares argentinos para adquirir propiedades rurales que, posteriormente, quedan bajo el control de inversores extranjeros. Para la comunidad Cayunao, el conflicto excede la discusión sobre la titularidad registral del inmueble. Sus integrantes denuncian restricciones para acceder a lagunas, ríos y espacios utilizados históricamente, además de la presencia de vigilancia privada y personas armadas. ## Sociedades argentinas y capital extranjero Entre las firmas mencionadas en las investigaciones aparecen Manzil S.A., Gengis Real Estate S.A., Diuna Inmobiliaria y el Fideicomiso Amaike. De acuerdo con la documentación citada por la diputada Odarda, Manzil S.A. habría pasado de estar integrada por ciudadanos argentinos a quedar controlada casi en su totalidad por dos ciudadanos emiratíes: Matar Suhail Alyabhouni Aldhaeri y Osama Hussein Saleh Hussein Alahadaly. El caso es relevante porque la legislación argentina contempla la figura de las personas interpuestas. El objetivo de esa disposición es evitar que una operación formalmente realizada por ciudadanos o sociedades nacionales sea utilizada para eludir los límites aplicables a los extranjeros. La preocupación se concentra en la capacidad del Estado para identificar al beneficiario final de cada operación. Una sociedad puede estar constituida en el país, tener domicilio argentino y contar inicialmente con accionistas locales, pero responder económicamente a fondos, empresas o funcionarios de otro Estado. ## Turismo exclusivo y control del agua Las inversiones vinculadas con capitales qataríes se concentraron, según la investigación, en unas 10.000 hectáreas destinadas al esquí de alta montaña y al turismo exclusivo en la Meseta de Baguales. El emprendimiento cuenta con autonomía energética a partir de tres microcentrales hidroeléctricas construidas sobre el arroyo Baguales. Las instalaciones fueron autorizadas por el Gobierno de Río Negro mediante una concesión por 30 años. Las tierras se encuentran próximas a propiedades vinculadas con el empresario británico Joe Lewis y con emprendimientos financiados por capitales emiratíes. La concentración territorial genera preocupación porque la propiedad de las parcelas puede traducirse en un control material sobre caminos, costas, ríos y nacientes. En esos casos, el debate supera la nacionalidad del propietario. Lo que se discute es la apropiación privada de espacios que cumplen funciones ambientales y sociales esenciales para las comunidades de la región. ## Trece millones de hectáreas extranjerizadas El mapa elaborado por el Observatorio de Tierras fue construido con información oficial obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública. Los datos, actualizados hasta agosto de 2025, muestran que más de 13 millones de hectáreas rurales se encuentran bajo titularidad extranjera. Estados Unidos encabeza el listado con más de 2,7 millones de hectáreas. Le siguen capitales de Italia y España. En conjunto, esas tres nacionalidades concentran aproximadamente la mitad de toda la superficie extranjerizada del país. El porcentaje nacional puede resultar engañoso. Ninguna provincia supera actualmente el límite general del 15%, según la información publicada por el Registro Nacional de Tierras Rurales. Sin embargo, la propia ley también exige calcular el porcentaje por departamento, una escala en la que aparecen numerosos casos por encima del máximo autorizado. El Observatorio identificó altos niveles de extranjerización en departamentos ubicados sobre el río Paraná, como Iguazú, Ituzaingó, Berón de Astrada y Campana. También registró porcentajes elevados en zonas cordilleranas, fronterizas y con potencial minero. ## Qué establece la actual Ley de Tierras La Ley 26.737 fue sancionada en diciembre de 2011 como un régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales. La norma establece que las personas humanas y jurídicas extranjeras no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales a escala nacional, provincial y departamental. Dentro de ese porcentaje, los titulares de una misma nacionalidad no pueden superar el 30%. También dispone un límite individual de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola, o su superficie equivalente en otras regiones del país. La legislación restringe además la adquisición de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua relevantes y contempla controles sobre las sociedades extranjeras y las personas interpuestas. El Gobierno de Javier Milei intentó derogar la ley mediante el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. La aplicación de esa derogación fue suspendida judicialmente tras una acción presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata. En consecuencia, el régimen continúa siendo utilizado por el Registro Nacional de Tierras Rurales. ## El proyecto que avanza en el Congreso En marzo de 2026, el Poder Ejecutivo envió al Senado el proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. La iniciativa aborda expropiaciones, desalojos, tierras rurales, registros inmobiliarios y el régimen aplicable a los terrenos afectados por incendios. En materia de tierras, el proyecto elimina los límites nacionales establecidos para los inversores privados extranjeros. Desaparecerían el tope general del 15%, el cupo máximo por nacionalidad y el límite de superficie que puede adquirir un mismo titular. El texto mantiene una prohibición para la adquisición directa por parte de Estados extranjeros, organismos públicos, empresas estatales o fondos soberanos. Sin embargo, contempla una excepción cuando el Poder Ejecutivo considere que la operación no implica riesgos para la seguridad, la defensa o la soberanía nacional. El dictamen aprobado en las comisiones del Senado incorporó una cláusula que permite a cada provincia autorizar, regular o impedir la venta de parcelas rurales a extranjeros dentro de su jurisdicción. La propuesta oficial sostiene que este esquema fortalece el federalismo y respeta el dominio provincial sobre los recursos naturales. Los cuestionamientos apuntan a que la eliminación de un piso nacional de protección puede generar una competencia entre provincias para atraer inversiones mediante regulaciones más flexibles. También se advierte que las capacidades de control, registración e investigación societaria son desiguales entre las distintas jurisdicciones. El proyecto obtuvo dictamen en el Senado y aguarda su tratamiento en el recinto. ## Agua, minerales y soberanía territorial La discusión sobre la extranjerización adquiere una relevancia particular frente a la crisis climática y la creciente disputa internacional por el agua, la energía y los minerales críticos. Las tierras rurales involucradas contienen mucho más que suelo productivo. En ellas pueden encontrarse acuíferos, ríos, lagos, glaciares, bosques, minerales, hidrocarburos, puertos y corredores logísticos. La propiedad de un inmueble no convierte automáticamente al titular en dueño de los recursos naturales. Las provincias mantienen el dominio originario sobre esos bienes, conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional. Sin embargo, el control territorial puede otorgar capacidad para limitar accesos, condicionar usos y desarrollar proyectos privados sobre espacios estratégicos. El riesgo se agrava cuando las operaciones involucran grandes extensiones, sociedades de difícil trazabilidad o capitales vinculados con otros Estados. En esos supuestos, los organismos públicos deben determinar quién financia la adquisición, quién controla efectivamente las sociedades y cuál es el objetivo económico o estratégico de la inversión. ## Una discusión que excede la propiedad privada Las organizaciones que cuestionan la reforma sostienen que el debate no enfrenta el derecho de propiedad con la inversión productiva. La discusión se concentra en la necesidad de establecer límites y controles sobre territorios que contienen recursos esenciales para el país. La Ley de Tierras no prohíbe completamente la inversión extranjera. Establece cupos, restricciones geográficas y mecanismos de control destinados a impedir una concentración excesiva. La situación de Río Negro muestra las dificultades prácticas de ese sistema. Las estructuras societarias, los fideicomisos y la transferencia posterior de acciones pueden ocultar el verdadero origen del capital y reducir la eficacia de los controles estatales. Mientras el Congreso discute la flexibilización del régimen, comunidades mapuches, investigadores y organizaciones ambientales reclaman una revisión completa de las adquisiciones realizadas en zonas fronterizas y junto a fuentes de agua. En el centro del conflicto aparece una pregunta que excede la identidad de los propietarios: quién controlará durante las próximas décadas los territorios donde se encuentran el agua, los bosques, la energía y los recursos estratégicos de la Argentina. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.