--- canonical_url: "https://lapoliticambiental.com.ar/contenido/7880/una-ley-paralizada-mantiene-bajo-secreto-los-datos-de-las-empresas-que-explotan-" title: "Una ley paralizada mantiene bajo secreto los datos de las empresas que explotan el Mar Argentino" article_type: "Article" main_image: "https://lapoliticambiental.com.ar/download/multimedia.grande.92e10733334bf7c6.Z3JhbmRlLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-08-13T20:54:00-03:00" date_modified: "2026-08-12T13:02:00-03:00" author_name: "La Política Ambiental" author_url: "https://lapoliticambiental.com.ar/usuario/2/la-politica-ambiental" author_bio: "La Política Ambiental" author_social_links: - "https://twitter.com/LPA_arg" - "https://www.instagram.com/lapoliticambiental/" - "https://www.youtube.com/channel/UCYevXN-ll81H0SP-FhtTRJQ" --- # Una ley paralizada mantiene bajo secreto los datos de las empresas que explotan el Mar Argentino ![Altamar](/download/multimedia.normal.9b76985c8603c5fb.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) Argentina mantiene una deuda cada vez más difícil de justificar en materia de **transparencia pesquera**. Mientras distintos países de América Latina permiten consultar públicamente información sobre sus flotas comerciales, sus licencias y los antecedentes de las embarcaciones, en nuestro país buena parte de esos datos continúa dispersa, restringida o directamente fuera del alcance de la ciudadanía. El problema volvió a quedar expuesto con el estancamiento del **proyecto de ley 2585-D-2026**, una iniciativa presentada en el Congreso que propone modificar el artículo 41 de la **Ley Federal de Pesca 24.922** para obligar al Estado nacional a publicar información operativa y empresarial de la flota pesquera comercial. La iniciativa fue impulsada por el diputado **Maximiliano Ferraro** y busca resolver una situación que excede una cuestión administrativa. El acceso limitado a la información dificulta saber **quiénes explotan los recursos del Mar Argentino, qué embarcaciones utilizan, quiénes son sus verdaderos propietarios y qué antecedentes tienen las empresas que participan de la actividad**. En un país donde la pesca representa una actividad económica estratégica y donde existen reiterados conflictos vinculados con la pesca ilegal, la falta de información pública termina convirtiéndose también en un problema de control ambiental. ## Argentina quedó atrás de sus propios vecinos El contraste regional resulta difícil de ignorar. Países como **Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, México, Panamá y Guatemala** cuentan con mecanismos que permiten acceder públicamente a información relacionada con sus flotas industriales. A través de registros digitales es posible consultar, con distintos niveles de detalle según cada país, datos vinculados con **licencias, permisos, embarcaciones y antecedentes administrativos**. Argentina, en cambio, no cuenta con un sistema público equivalente que reúna de manera completa y sencilla toda esa información. El resultado es una situación paradójica: para conocer quién está detrás de determinados barcos que operan sobre los recursos pesqueros argentinos, muchas veces hay que recurrir a **organizaciones internacionales, certificadoras privadas o bases de datos externas**. Es decir, información que debería estar disponible a través del propio Estado termina siendo reconstruida por terceros. ## ¿Quién está detrás de cada barco? Uno de los principales objetivos del proyecto es terminar con esa dispersión. La propuesta plantea que el **Registro de la Pesca** tenga un sitio oficial de internet, gratuito y permanente, donde cualquier persona pueda consultar información en formatos abiertos. No se trataría solamente de conocer el nombre de una embarcación. La iniciativa busca que el registro permita identificar las características de cada barco, las **artes de pesca declaradas** y, especialmente, quiénes están detrás de su explotación comercial. El proyecto plantea publicar los datos del **titular, armador y operador autorizado**, además de información relacionada con la estructura de control relevante y el grupo empresario al que pertenece la embarcación. Ese último punto es particularmente importante. Una empresa puede aparecer formalmente como propietaria de un barco, mientras que detrás de ella puede existir un entramado societario mucho más amplio. Conocer solamente el nombre registrado no necesariamente permite identificar quién controla realmente la actividad. La transparencia busca justamente llegar hasta ese nivel. ## El problema de los antecedentes La falta de información pública también dificulta conocer el historial de las empresas y embarcaciones. Por eso, la iniciativa plantea incorporar al registro el **historial de sanciones firmes** correspondientes tanto a los barcos como a sus empresas titulares. La información debería incluir el tipo de infracción, la autoridad que intervino y el estado de la sanción. La importancia de este mecanismo es evidente: si una empresa o una embarcación acumula antecedentes por infracciones pesqueras, esa información debería poder ser conocida antes de evaluar nuevas autorizaciones o analizar su comportamiento. Sin un registro público y actualizado, en cambio, el seguimiento de los antecedentes queda fragmentado entre expedientes administrativos y organismos estatales. La transparencia permitiría transformar esa información dispersa en una herramienta concreta de fiscalización. ## La pesca ilegal también se combate con información La discusión no es solamente institucional. La pesca ilegal constituye una de las principales amenazas para la conservación de los recursos marinos y para quienes desarrollan su actividad dentro de la normativa. Cuando los datos sobre las embarcaciones, sus propietarios y sus antecedentes no están disponibles, resulta más difícil detectar **reincidencias, vínculos empresariales y posibles conflictos de interés**. También se vuelve más complicado para investigadores, organizaciones ambientales, periodistas y ciudadanos controlar qué empresas están autorizadas a pescar y bajo qué condiciones. El problema adquiere todavía mayor dimensión cuando se trata de recursos que pertenecen al patrimonio natural del país. El **Mar Argentino no es un espacio privado**. Sus recursos pesqueros forman parte del patrimonio natural y económico de la Nación y su explotación debe estar sometida a controles públicos. Por eso, saber quién pesca, qué pesca y bajo qué autorización no debería ser información reservada. ## Sin Azul No Hay Verde y Círculo de Políticas Ambientales vienen advirtiendo sobre la opacidad Las organizaciones ambientales **Sin Azul No Hay Verde** y el **Círculo de Políticas Ambientales** vienen señalando desde hace tiempo las dificultades para acceder a información oficial completa sobre la actividad pesquera argentina. Sus relevamientos fueron utilizados como parte de los fundamentos del reclamo legislativo y pusieron el foco sobre una cuestión central: **la ausencia de un registro público integral dificulta el control ciudadano sobre la explotación de los recursos marinos**. La situación también entra en tensión con el principio de acceso a la información ambiental que Argentina reconoce a través de distintos compromisos y normas. Si la pesca tiene impacto sobre ecosistemas marinos y sobre recursos naturales, conocer quién los explota y bajo qué condiciones constituye información de interés público. ## El secreto comercial no debería ser una puerta cerrada Otro de los puntos centrales del proyecto apunta directamente al argumento del **secreto industrial o comercial**. La iniciativa propone que cualquier reserva de información por razones de confidencialidad empresarial sea utilizada únicamente de manera **excepcional, fundada y parcial**. La lógica es sencilla: una empresa puede tener información comercial sensible, pero eso no debería permitir que se oculte información básica sobre su actividad cuando está explotando un recurso natural de interés público. El secreto comercial no debería convertirse en una herramienta para impedir que la sociedad conozca quién tiene una licencia de pesca, qué embarcación utiliza, quién la controla o qué sanciones firmes registra. La propuesta busca, precisamente, establecer un límite entre la legítima protección de información empresarial y el derecho colectivo a conocer cómo se administran los recursos naturales. ## Cuotas y licencias también deberían estar a la vista La modernización propuesta no termina en los datos básicos de las embarcaciones. También plantea avanzar hacia una mayor transparencia sobre las **cuotas individuales asignadas, las especies autorizadas y las transferencias de licencias**. Estos datos permiten conocer qué empresas tienen derecho a extraer determinados recursos y bajo qué condiciones. También posibilitan detectar modificaciones en la composición de la flota, concentración de permisos y movimientos de licencias que podrían pasar inadvertidos si la información no se encuentra centralizada. Para una actividad que explota recursos naturales que no son infinitos, conocer cómo se distribuyen los derechos de pesca resulta fundamental. ## Una demora de 180 días para terminar con el papel y la dispersión El proyecto establece además un plazo concreto para implementar el sistema. En caso de que la ley sea aprobada, el Estado tendría **180 días corridos** desde su entrada en vigencia para poner en funcionamiento la plataforma digital con la información requerida. La intención es evitar que la obligación de transparentar los datos termine diluyéndose en procesos administrativos indefinidos. La información debería estar disponible de manera gratuita, permanente y en formatos abiertos, permitiendo que pueda ser consultada y reutilizada por periodistas, investigadores, organizaciones ambientales y ciudadanos. No se trata solamente de subir documentos a una página web. La verdadera transparencia requiere que la información pueda ser **encontrada, entendida, comparada y actualizada**. ## Una deuda que va más allá del Congreso El estancamiento del proyecto 2585-D-2026 vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Argentina viene postergando. Mientras otros países de la región avanzaron hacia sistemas de información pública sobre sus flotas, nuestro país todavía depende en buena medida de bases externas y del trabajo de organizaciones que reconstruyen información que debería estar centralizada por el Estado. Eso genera una asimetría preocupante. Las empresas conocen sus permisos, sus cuotas y sus estructuras societarias. Los organismos estatales poseen buena parte de esa información. Pero quienes deberían poder controlar democráticamente la actividad muchas veces no tienen acceso sencillo a ella. El resultado es un sistema donde **el secreto termina teniendo más peso que la transparencia**. Y cuando se trata de la explotación del Mar Argentino, esa falta de información no afecta solamente al periodismo o a las organizaciones ambientales. Afecta a toda la sociedad. ## Argentina necesita saber quién pesca en su mar El debate que permanece frenado en el Congreso plantea, en definitiva, una cuestión básica: **¿por qué la ciudadanía no debería poder saber quiénes son las empresas que explotan los recursos pesqueros argentinos?** Conocer el nombre de un barco no alcanza. Hay que saber quién lo posee, quién lo opera, qué permisos tiene, qué especies puede capturar, qué cuotas recibió, qué antecedentes registra y quién controla la empresa que está detrás. La información no elimina por sí sola la pesca ilegal ni garantiza que no existan infracciones. Pero permite algo indispensable para combatirlas: **controlar**. Argentina tiene uno de los espacios marítimos más importantes de la región y una actividad pesquera que genera recursos económicos y empleo, pero también ejerce una presión permanente sobre ecosistemas que deben ser protegidos. En ese contexto, mantener información esencial fuera del alcance público resulta cada vez más difícil de defender. Mientras otros países latinoamericanos ya permiten consultar sus registros pesqueros, Argentina continúa discutiendo si debe hacer público aquello que debería ser evidente desde el principio: **quiénes explotan sus recursos, bajo qué reglas y con qué antecedentes**. La transparencia pesquera no debería ser una concesión del Estado ni una demanda de las organizaciones ambientales. **Debería ser una condición básica para garantizar que el Mar Argentino no sea explotado a espaldas de la sociedad.** --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.