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title: "Santa Cruz: clausuran ocho sectores de la mina de Newmont tras graves denuncias de seguridad y derrame de cianuro"
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description: "El conflicto entre el Gobierno de Santa Cruz y la multinacional Newmont escaló nuevamente en el yacimiento Cerro Negro, ubicado cerca de Perito Moreno. Tras una serie de inspecciones, la Provincia clausuró ocho sectores de la operación por irregularidades consideradas muy graves, denunció el ocultamiento de vehículos para evitar controles y detectó un derrame de cianuro. Todo ocurre apenas dos años después de la muerte de dos trabajadores dentro de la misma mina."
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# Santa Cruz: clausuran ocho sectores de la mina de Newmont tras graves denuncias de seguridad y derrame de cianuro

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La situación vuelve a poner bajo la lupa a una de las principales explotaciones mineras de la provincia y reabre una discusión que en Cerro Negro tiene un antecedente especialmente doloroso: en abril de 2024 murieron dos trabajadores dentro del yacimiento. A más de dos años de aquella tragedia, las autoridades santacruceñas aseguran haber encontrado nuevamente condiciones que podrían comprometer la seguridad de quienes trabajan en la mina.

El conflicto, además, no se limita a una disputa entre una empresa y el Gobierno provincial. Cerro Negro es una explotación de enorme importancia económica para Santa Cruz, pero también una actividad que utiliza sustancias químicas, combustibles, explosivos y grandes cantidades de maquinaria en una zona donde existen ecosistemas sensibles. Por eso, cuando aparecen denuncias sobre fallas de seguridad y un derrame de cianuro, la discusión alcanza tanto a los trabajadores como al ambiente que rodea al proyecto.

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## Una inspección que terminó con una intervención judicial

El nuevo conflicto comenzó durante una serie de inspecciones realizadas por organismos provinciales para controlar las condiciones de seguridad e higiene y verificar la situación de los vehículos utilizados dentro del complejo minero. Según explicó el secretario de Estado de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena, los funcionarios se encontraron con dificultades para ingresar al establecimiento y avanzar con las tareas de fiscalización.

De acuerdo con la denuncia realizada por el Gobierno provincial, personal de Newmont habría cerrado con candados los portones de acceso al yacimiento cuando llegaron los inspectores. Ante esta situación, las autoridades solicitaron la intervención de la Policía de Santa Cruz y recurrieron a la Justicia para poder ingresar al establecimiento y continuar con los controles.

La intervención judicial es uno de los puntos que más tensión generó porque una inspección laboral o de seguridad debería formar parte de los mecanismos habituales de control de una actividad de semejante escala. Si los funcionarios encargados de fiscalizar las condiciones de trabajo encuentran obstáculos para ingresar, la capacidad del Estado para verificar lo que sucede dentro de la mina queda seriamente condicionada.

La Provincia sostuvo además que durante el procedimiento algunos vehículos fueron trasladados hacia sectores subterráneos antes de que pudieran ser inspeccionados. El Gobierno denunció que esas unidades habrían sido escondidas dentro de la mina con el objetivo de evitar los controles. Se trata de una acusación que deberá ser acreditada en las actuaciones correspondientes, pero que resulta especialmente delicada porque los vehículos utilizados en una explotación subterránea forman parte de las condiciones de seguridad que deben ser permanentemente verificadas.

## Ocho sectores fueron clausurados

A medida que avanzaron las inspecciones, la Provincia amplió las medidas preventivas. Lo que inicialmente había comenzado con ceses de tareas en determinados puntos terminó alcanzando a **ocho sectores del yacimiento Cerro Negro**, que quedaron clausurados hasta que se solucionen las irregularidades detectadas y las autoridades puedan comprobar que existen condiciones adecuadas para retomar las actividades.

Según informó el Gobierno santacruceño, los inspectores encontraron incumplimientos que fueron considerados de gravedad y que podían comprometer la integridad física de los trabajadores. Las observaciones abarcaron distintos aspectos de la operación, desde documentación y condiciones de los vehículos hasta cuestiones vinculadas con la seguridad dentro de la mina.

La medida no implica por ahora el cierre completo de Cerro Negro, sino la suspensión preventiva de los sectores alcanzados por las irregularidades. Sin embargo, la dimensión del operativo muestra que no se trata de una observación administrativa menor. Ocho áreas de una explotación minera de esta escala quedaron impedidas de continuar trabajando hasta que la empresa pueda acreditar que las condiciones fueron corregidas.

## Un camión con combustible habría ingresado sin la revisión obligatoria

Entre las situaciones detectadas aparece el caso de un vehículo destinado al transporte de combustible que, según la información difundida por las autoridades provinciales, no contaba con la **Revisión Periódica Obligatoria (RPO)** correspondiente. El problema adquiere una dimensión mayor porque el camión habría ingresado aproximadamente 300 metros bajo tierra dentro de la explotación.

El transporte de combustible en una mina subterránea requiere condiciones particularmente estrictas debido a los riesgos que implica operar con sustancias inflamables en espacios cerrados. Una eventual falla mecánica, un incendio o un derrame dentro de una galería no afecta solamente al conductor del vehículo, sino que puede poner en riesgo a los trabajadores que se encuentran en el mismo sector y dificultar las tareas de evacuación.

Por eso, si se confirma que el vehículo efectivamente circuló dentro de la mina sin la documentación o revisión obligatoria, la situación debería ser explicada por Newmont y no presentada simplemente como un error burocrático. Una empresa de la escala de la multinacional cuenta con recursos técnicos y económicos suficientes para mantener una flota en condiciones y cumplir con los controles exigidos por la normativa.

## La denuncia más grave: derrame de cianuro

La inspección también derivó en una denuncia especialmente preocupante desde el punto de vista ambiental. Las autoridades santacruceñas informaron sobre la existencia de un **derrame de cianuro** dentro del complejo minero, aunque hasta el momento no se difundió públicamente un informe técnico completo que permita establecer cuánto material estuvo involucrado, en qué lugar ocurrió el episodio, cómo fue contenido o si llegó a afectar el suelo o algún curso de agua.

El cianuro es utilizado en la minería de oro para separar el metal del mineral y su manipulación requiere estrictos protocolos de almacenamiento, transporte, utilización y respuesta ante emergencias. Por ese motivo, un eventual derrame no debería quedar reducido a una discusión entre la empresa y los inspectores: es fundamental conocer qué ocurrió y determinar si hubo algún impacto ambiental.

También será necesario establecer si Newmont activó los protocolos previstos para este tipo de situaciones, qué medidas de contención fueron adoptadas y qué controles posteriores se realizaron para descartar la contaminación de suelo, agua u otros componentes del ambiente. Mientras esas respuestas no aparezcan, la denuncia constituye una alerta que merece una investigación exhaustiva.

## Problemas con gases dentro de la mina

Las inspecciones también pusieron el foco en las condiciones del aire dentro de los sectores subterráneos. De acuerdo con las declaraciones realizadas por el secretario de Trabajo provincial, durante uno de los ingresos se activaron alarmas y posteriormente se observaron situaciones que generaron preocupación por la posible presencia de gases.

En una mina subterránea, el monitoreo de gases y el funcionamiento de los sistemas de ventilación son cuestiones básicas de seguridad. La acumulación de determinados gases puede provocar intoxicaciones, falta de oxígeno y situaciones potencialmente mortales, por lo que los equipos de medición deben encontrarse operativos y las alarmas tienen que permitir detectar cualquier anomalía antes de que los trabajadores queden expuestos.

La Provincia señaló que estas situaciones formaron parte de los motivos que llevaron a ordenar los ceses preventivos. Nuevamente, será necesario que los informes técnicos determinen con precisión qué gases fueron detectados, en qué concentraciones y durante cuánto tiempo estuvieron presentes. Pero la existencia misma de las observaciones vuelve a poner en discusión la eficacia de los controles internos de la compañía.

## El antecedente que nadie puede ignorar: dos trabajadores murieron en 2024

El contexto hace que las nuevas denuncias sean todavía más graves. El 9 de abril de 2024, **Daniel Ochoa, de 26 años, y Rosana Ledesma, de 48**, murieron mientras se encontraban trabajando dentro de Cerro Negro. La tragedia provocó una fuerte conmoción en Perito Moreno y derivó en la suspensión de actividades mientras se investigaban las circunstancias de las muertes.

Después de aquel episodio se cuestionaron las condiciones de seguridad existentes dentro del yacimiento y se puso el foco en los protocolos utilizados para el ingreso y permanencia de trabajadores en sectores subterráneos. La investigación judicial determinó que ambos trabajadores habían ingresado a un sector de la mina que posteriormente quedó bajo análisis de las autoridades.

La muerte de Ochoa y Ledesma llevó incluso a establecer el **9 de abril como Día Provincial de la Concientización en Seguridad Laboral Minera**, una medida destinada a mantener presente la importancia de prevenir accidentes en una actividad que presenta riesgos particularmente elevados.

Por eso, cuando dos años después vuelven a aparecer denuncias relacionadas con vehículos, gases y condiciones de seguridad, resulta inevitable preguntarse qué medidas se implementaron después de aquella tragedia y qué controles se realizaron para verificar que las condiciones dentro del yacimiento realmente hubieran mejorado.

## Newmont dice priorizar la seguridad, pero las inspecciones plantean otra realidad

Newmont es una de las mayores compañías mineras del mundo y opera Cerro Negro como uno de sus principales proyectos auríferos en Argentina. La multinacional sostiene en sus comunicaciones corporativas que la seguridad de sus trabajadores constituye una prioridad y que sus operaciones deben desarrollarse bajo estándares elevados de gestión y responsabilidad.

El problema aparece cuando ese discurso corporativo se contrasta con las denuncias realizadas por las propias autoridades provinciales. Una compañía que se presenta como referente mundial de la minería responsable debería poder explicar por qué los organismos de control encontraron ocho sectores que debieron ser clausurados preventivamente, por qué se detectaron irregularidades vinculadas con vehículos y combustible y qué ocurrió con el derrame de cianuro denunciado durante las inspecciones.

También debería explicar por qué, según el Gobierno santacruceño, los inspectores tuvieron dificultades para ingresar y por qué determinados vehículos habrían sido trasladados hacia el interior de la mina cuando se desarrollaban los controles. Si las acusaciones son incorrectas, la empresa tiene la posibilidad de desmentirlas y aportar la documentación y los registros que permitan demostrarlo.

Lo que no puede ocurrir es que la discusión termine reducida a una pelea política mientras las preguntas sobre seguridad laboral y ambiente quedan sin respuesta.

## La actividad minera no puede estar por encima de los controles

Cerro Negro genera empleo y tiene un peso económico significativo para Santa Cruz. Esa realidad es indiscutible y también explica por qué cualquier conflicto con la compañía genera preocupación entre trabajadores, proveedores y comunidades cercanas. Pero la importancia económica de un proyecto no puede transformarse en una excepción a las normas.

La minería puede generar empleo, divisas y actividad económica y al mismo tiempo estar obligada a cumplir estrictamente con las normas laborales y ambientales. De hecho, cuanto mayor sea la escala de una explotación y mayores sean sus ganancias, mayor debería ser también su capacidad para garantizar condiciones de seguridad adecuadas y prevenir impactos ambientales.

El Estado, por su parte, tiene la responsabilidad de controlar que esas condiciones se cumplan. Los inspectores no deberían necesitar recurrir a una orden judicial para acceder a una explotación que se encuentra dentro del territorio provincial, especialmente cuando se trata de verificar cuestiones relacionadas con la seguridad de cientos de trabajadores.

La fiscalización no debería aparecer después de una tragedia ni depender de una denuncia. En una actividad que trabaja con sustancias potencialmente peligrosas y que desarrolla parte de sus operaciones bajo tierra, los controles deberían ser permanentes y suficientemente rigurosos como para detectar los problemas antes de que se conviertan en accidentes.

## También hay que investigar el impacto ambiental

Mientras la discusión pública se concentra en las condiciones laborales, el derrame de cianuro obliga a mirar también el componente ambiental. El proyecto Cerro Negro se encuentra en una región donde el agua constituye un recurso estratégico y cualquier incidente con sustancias utilizadas durante el procesamiento del mineral debe ser investigado con información técnica y transparencia.

No alcanza con saber que un derrame fue contenido. Hay que conocer qué sustancia estuvo involucrada, qué cantidad se liberó, dónde ocurrió, qué medidas se aplicaron, qué análisis se realizaron después y cuáles fueron los resultados. Si hubo contacto con suelo, agua o residuos mineros, esos elementos también deberían formar parte de los estudios.

La empresa tiene protocolos ambientales y de emergencia para responder ante este tipo de situaciones. Por eso, si la denuncia provincial se confirma, una de las cuestiones centrales será determinar si esos protocolos fueron activados correctamente y si las medidas adoptadas fueron suficientes para evitar consecuencias ambientales.

## Una empresa millonaria frente a ocho sectores clausurados

El caso de Cerro Negro vuelve a mostrar una contradicción que atraviesa buena parte del debate sobre la minería en Argentina. Las grandes compañías suelen presentar sus operaciones como ejemplos de tecnología, eficiencia y estándares internacionales, pero cuando los controles estatales encuentran irregularidades concretas aparece la discusión sobre cuánto de esos estándares se cumple efectivamente dentro de las explotaciones.

Newmont tiene capacidad económica y tecnológica para implementar sistemas sofisticados de monitoreo, mantenimiento y prevención. Por eso, las explicaciones sobre las irregularidades detectadas no pueden limitarse a responsabilizar a trabajadores individuales o presentarlas como pequeños errores operativos.

La seguridad en una mina no depende de una sola persona. Existe una cadena de decisiones que comienza en la planificación de la operación, continúa con los protocolos, la capacitación, el mantenimiento y la supervisión y termina en las condiciones concretas que encuentra cada trabajador cuando ingresa a la mina.

Cuando algo falla en varios puntos al mismo tiempo, la pregunta ya no debería ser solamente quién cometió el último error, sino **qué falló en el sistema que permitió que ese problema llegara hasta allí**.

## Santa Cruz vuelve a poner la lupa sobre Cerro Negro

Por ahora, los ocho sectores clausurados deberán permanecer fuera de funcionamiento hasta que Newmont corrija las irregularidades y los organismos provinciales comprueben que existen condiciones adecuadas para retomar las tareas. La empresa, mientras tanto, comenzó un proceso de desmovilización progresiva de trabajadores y equipos en medio del conflicto.

El episodio todavía tiene varios interrogantes abiertos. Será necesario conocer los informes completos de las inspecciones, determinar qué ocurrió con los vehículos denunciados, establecer si existió efectivamente un derrame de cianuro y conocer sus posibles consecuencias ambientales. También será fundamental que la investigación determine si las condiciones de seguridad detectadas constituyen hechos aislados o si revelan problemas más profundos dentro de la operación.

Cerro Negro ya tiene el antecedente de dos trabajadores muertos. Por eso, las nuevas denuncias no pueden ser tratadas como una simple disputa administrativa entre una multinacional y el Gobierno provincial.

**La minería puede ser una actividad económica importante para Santa Cruz, pero ninguna inversión, ningún nivel de producción y ninguna cantidad de oro pueden justificar que la seguridad de los trabajadores o la protección del ambiente queden en segundo plano.**

Ahora Newmont deberá responder, con hechos y documentación, qué ocurrió dentro de Cerro Negro y por qué una empresa que asegura trabajar bajo estándares internacionales terminó con ocho sectores clausurados por las autoridades provinciales. Mientras tanto, el Estado santacruceño deberá demostrar que sus controles no son una reacción circunstancial, sino una política permanente capaz de evitar que la próxima noticia sobre Cerro Negro vuelva a ser una tragedia.

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