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title: "El Gobierno evitó el rechazo del DNU 70/23 con apoyo de gobernadores y la Ley de Tierras quedó en el centro de la negociación"
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description: "La oposición reunió 121 diputados y quedó a ocho del quórum necesario. Las ausencias de legisladores vinculados a Osvaldo Jaldo y Provincias Unidas fueron determinantes. El oficialismo acordó impulsar la restitución de la Ley de Tierras para preservar el resto del megadecreto de Javier Milei."
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# El Gobierno evitó el rechazo del DNU 70/23 con apoyo de gobernadores y la Ley de Tierras quedó en el centro de la negociación

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El Gobierno nacional logró impedir este jueves 15 de octubre la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para tratar el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. La oposición consiguió reunir 121 legisladores, ocho menos de los 129 necesarios para habilitar el debate.

El resultado estuvo marcado por las ausencias de diputados vinculados a gobernadores provinciales, entre ellos Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y dirigentes de Provincias Unidas relacionados con las administraciones de Santa Fe y Jujuy.

Uno de los principales puntos de conflicto era la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, una normativa sancionada en 2011 que establece restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

## Los gobernadores y las ausencias que definieron la sesión

Los tres diputados del bloque Independencia, que responde al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, no participaron de la sesión. Se trata de Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández.

En Provincias Unidas también se registraron ocho ausencias, entre ellas las de legisladores de Santa Fe, Córdoba, Río Negro y Chubut.

Otro caso fue el de la diputada jujeña María Inés Zigarán, exfuncionaria del gobernador Carlos Sadir, quien había acompañado la convocatoria a la sesión, pero finalmente no se presentó en el recinto.

Las ausencias fueron decisivas para impedir el tratamiento parlamentario del decreto, cuya eventual derogación requiere el rechazo expreso de ambas cámaras del Congreso.

## La Ley de Tierras, la concesión del Gobierno para sostener el DNU

La negociación política tuvo como elemento central la Ley 26.737, derogada por el artículo 154 del DNU 70/2023.

La normativa original establece que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden superar el 15% de la titularidad de tierras rurales a escala nacional, provincial y departamental. También contempla restricciones por nacionalidad y superficie.

Frente a las resistencias parlamentarias, el oficialismo aceptó incorporar al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dos artículos destinados a dejar sin efecto el artículo 154 del DNU y restituir la plena vigencia de la Ley de Tierras.

La modificación recibió dictamen de mayoría el miércoles 14 de octubre, con 34 firmas en un plenario de comisiones de Diputados.

**Sin embargo, el acuerdo todavía debe completar su trámite legislativo. La incorporación de estos artículos a un dictamen no equivale a la sanción de una ley.**

La decisión representa un cambio en la posición que había sostenido el Poder Ejecutivo respecto de la eliminación de los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales.

## El fallo de la Corte Suprema y la disputa por el territorio

El conflicto parlamentario se produjo pocos días después de que la Corte Suprema de Justicia resolviera, el 9 de octubre, suspender cautelarmente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023.

La resolución se dictó en el marco de una controversia judicial promovida por la Asociación Civil Árbol de Pie y permitió mantener temporalmente las restricciones previstas por la Ley de Tierras.

No se trata de una declaración definitiva de inconstitucionalidad, sino de una medida provisional mientras continúa el trámite judicial.

La discusión excede la compraventa de campos. La concentración y extranjerización de la tierra plantea interrogantes sobre el acceso al territorio, la disponibilidad de recursos naturales y el control de superficies estratégicas, especialmente en regiones con bosques nativos, fuentes de agua y ecosistemas de alto valor ambiental.

Aunque la Ley de Tierras no reemplaza a la legislación de protección ambiental, sus restricciones a la titularidad extranjera constituyen una herramienta de regulación territorial.

## Una disputa que continúa abierta

La falta de quórum impidió que la Cámara de Diputados debatiera el rechazo del DNU 70/2023, pero no resolvió la controversia sobre su contenido ni sobre el alcance de la legislación que regula la propiedad rural.

El Gobierno consiguió preservar, por el momento, la vigencia del megadecreto y trasladó parte de la discusión a un nuevo proyecto legislativo.

La oposición, mientras tanto, mantiene sus cuestionamientos al conjunto de las reformas impulsadas mediante el decreto.

**La próxima discusión será doble: determinar si el Congreso convierte en ley la restitución de los límites a la extranjerización de tierras y definir qué sucede con el resto del DNU 70/2023.**

En el centro de esa controversia permanece una cuestión fundamental para la agenda ambiental argentina: quién puede adquirir la tierra, bajo qué condiciones y qué instrumentos tiene el Estado para regular la propiedad de su territorio

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