--- canonical_url: "https://lapoliticambiental.com.ar/contenido/8263/chubut-el-gobierno-de-torres-habilita-a-una-minera-canadiense-a-explorar-casi-60" title: "Chubut: el Gobierno de Torres habilita a una minera canadiense a explorar casi 60.000 hectáreas en busca de uranio" article_type: "Article" main_image: "https://lapoliticambiental.com.ar/download/multimedia.normal.9d72891c30050d1c.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-10-21T12:47:00-03:00" date_modified: "2026-10-21T12:55:41-03:00" author_name: "La Política Ambiental" author_url: "https://lapoliticambiental.com.ar/usuario/2/la-politica-ambiental" author_bio: "La Política Ambiental" author_social_links: - "https://twitter.com/LPA_arg" - "https://www.instagram.com/lapoliticambiental/" - "https://www.youtube.com/channel/UCYevXN-ll81H0SP-FhtTRJQ" --- # Chubut: el Gobierno de Torres habilita a una minera canadiense a explorar casi 60.000 hectáreas en busca de uranio ![1792512619576](/download/multimedia.normal.9d72891c30050d1c.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) La Minera canadiense Jaguar Uranium recibió la aprobación ambiental para ampliar su proyecto Laguna Salada, que ya comprende unas 230.000 hectáreas. Es el segundo permiso que obtiene durante 2026. El avance genera interrogantes sobre los controles ambientales y el futuro de la actividad en una provincia atravesada por la resistencia social a la megaminería y donde continúa vigente la Ley XVII N.º 68, conocida como Ley 5001. ## Una nueva autorización para avanzar sobre el territorio El Ministerio de Ambiente de Chubut aprobó, mediante la Resolución N.º 264/2026, la evaluación de impacto ambiental presentada por Jaguar Uranium para el prospecto La Rosada. La decisión, anunciada por la compañía canadiense el 29 de septiembre, habilita tareas de exploración en seis propiedades mineras que suman 59.895,3 hectáreas. El área comprende La Rosada y los sectores Horqueta 1, Horqueta 2, Horqueta 3, Horqueta 4 y Horqueta 5. En conjunto, representan aproximadamente una cuarta parte de las 230.000 hectáreas del proyecto Laguna Salada, orientado a la búsqueda de uranio y vanadio. La Rosada se encuentra a unos 45 kilómetros al noreste de Guanaco, otro sector que recibió aprobación ambiental en marzo de este año. Los trabajos autorizados incluyen estudios geológicos, muestreos geoquímicos, relevamientos radiométricos y tomografías de resistividad eléctrica. El objetivo es determinar las características del subsuelo y evaluar el potencial mineral de la zona. La autorización no habilita la explotación comercial. Sin embargo, permite que la empresa amplíe el conocimiento del yacimiento y avance en la evaluación de un proyecto que podría tener nuevas etapas en el futuro. La cuestión es qué controles estableció el Estado provincial, qué información está disponible para la población y cómo se garantizará que las tareas no generen impactos ambientales. La aprobación administrativa no debería convertirse en un trámite que deje en segundo plano la protección del territorio. ## La Ley 5001 sigue vigente: qué permite y qué prohíbe La principal norma que debe considerarse es la **Ley XVII N.º 68, anteriormente identificada como Ley 5001**. Su artículo 1 prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera en Chubut. En diciembre de 2021, durante la gestión de Mariano Arcioni, la Legislatura aprobó la Ley XVII N.º 149, que establecía una zonificación minera para los departamentos de Gastre y Telsen y contemplaba excepciones a las restricciones vigentes. La norma fue derogada pocos días después, tras las masivas movilizaciones contra la megaminería. La derogación quedó formalizada mediante la Ley XVII N.º 150, por lo que aquella zonificación no constituye una excepción vigente. Este antecedente demuestra que la discusión minera en Chubut excede los anuncios de inversión: existe una historia de movilización social y de decisiones políticas que condicionan el desarrollo de la actividad. En el caso de Jaguar Uranium, el permiso actual corresponde a tareas de exploración. Por eso, no sería correcto afirmar que la autorización viola automáticamente la Ley 5001. La norma no establece una prohibición absoluta de toda exploración minera. El interrogante aparece ante una eventual etapa productiva. Si la empresa pretende avanzar hacia la extracción comercial, deberá definir un método compatible con la legislación provincial y obtener las autorizaciones correspondientes. La aprobación exploratoria no garantiza que ese desarrollo sea legalmente viable. ## El antecedente de 2021 y el rechazo social a la megaminería La derogación de la Ley XVII N.º 149 constituye un antecedente político central. La zonificación minera impulsada durante el gobierno de Arcioni buscaba habilitar la explotación metalífera en sectores de la Meseta Central, pero la aprobación desató protestas masivas en distintas localidades. Las movilizaciones expresaron el rechazo a una decisión que se consideraba tomada sin el consenso social necesario. La presión popular obligó a dar marcha atrás y dejó en evidencia los límites políticos de los intentos de ampliar la actividad minera en la provincia. Ese antecedente vuelve relevante la expansión de Laguna Salada. Aunque el permiso actual no habilita una mina, la exploración constituye una etapa previa para conocer la dimensión de los recursos y evaluar futuras alternativas de explotación. El Gobierno de Ignacio Torres debe explicar con claridad las condiciones de las autorizaciones, los mecanismos de fiscalización y los criterios que se aplicarán si la compañía presenta proyectos productivos. La población necesita información accesible, no solamente anuncios de las empresas. ## Uranio, agua y controles ambientales La exploración de uranio requiere prestar especial atención a las características geológicas del área y a la protección de los recursos hídricos. Los impactos potenciales dependen de las técnicas empleadas, las condiciones del terreno y las características de los materiales presentes. Por eso, resulta necesario conocer los estudios ambientales aprobados, las medidas de prevención, las obligaciones de monitoreo y los mecanismos previstos para responder ante eventuales daños. La evaluación del agua superficial y subterránea debe ocupar un lugar central en cualquier decisión que involucre una futura explotación. También es importante que los informes técnicos y las condiciones impuestas a la empresa puedan ser consultados por la ciudadanía. La transparencia no puede quedar limitada a los comunicados empresariales sobre nuevas hectáreas habilitadas o recursos minerales identificados. El Gobierno provincial tiene la responsabilidad de garantizar controles efectivos y de explicar cómo se compatibilizaría cualquier eventual desarrollo productivo con las restricciones legales vigentes. ## Una expansión minera que exige respuestas Jaguar Uranium continúa ampliando su área de exploración en Chubut. La empresa busca determinar el potencial de uranio y vanadio de Laguna Salada, mientras la provincia debe hacer cumplir una legislación que limita determinadas modalidades de explotación metalífera. La aprobación de casi 60.000 hectáreas no significa que la compañía ya pueda extraer y comercializar uranio. Pero tampoco es un dato menor: representa un avance en la evaluación de un proyecto que podría intentar pasar a nuevas etapas. La discusión exige que el Gobierno informe qué se autorizó, cómo se controlarán los trabajos y qué condiciones deberán cumplirse ante una eventual propuesta de explotación. También obliga a considerar el antecedente de las movilizaciones que frenaron la zonificación minera en 2021. En una provincia donde la resistencia a la megaminería tiene una historia concreta, las expectativas comerciales de una empresa extranjera no pueden reemplazar el debate público sobre el agua, el ambiente y el cumplimiento de la ley. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.