--- canonical_url: "https://lapoliticambiental.com.ar/contenido/8305/bahia-blanca-presa-por-cultivar-cannabis-mariela-agunin-podria-enfrentar-hasta-2" title: "Bahía Blanca: presa por cultivar cannabis, Mariela Agunín podría enfrentar hasta 20 años de prisión" article_type: "Article" description: "Mariela Agunín, de 32 años, pasó cuatro meses detenida en una causa vinculada al cannabis y actualmente cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica. La investigación comenzó por una “supuesta entrega” de 7,4 gramos de marihuana y podría derivar en una condena de hasta 20 años de prisión. El juicio por jurados está previsto para febrero de 2027." main_image: "https://lapoliticambiental.com.ar/download/multimedia.normal.a19d7c057e493ddd.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-10-26T18:41:00-03:00" date_modified: "2026-10-26T22:04:01-03:00" author_name: "La Política Ambiental" author_url: "https://lapoliticambiental.com.ar/usuario/2/la-politica-ambiental" author_bio: "La Política Ambiental" author_social_links: - "https://twitter.com/LPA_arg" - "https://www.instagram.com/lapoliticambiental/" - "https://www.youtube.com/channel/UCYevXN-ll81H0SP-FhtTRJQ" --- # Bahía Blanca: presa por cultivar cannabis, Mariela Agunín podría enfrentar hasta 20 años de prisión ## ![mari](/download/multimedia.normal.a19d7c057e493ddd.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) Mariela Agunín tiene 32 años, vive en Bahía Blanca y cultiva cannabis. En abril de 2026 fue detenida e imputada por el delito de **“comercialización de estupefacientes agravada por cometerse en un lugar de esparcimiento público”**, una figura contemplada en la Ley 23.737 que prevé penas de entre 6 y 20 años de prisión. La causa se inició en enero de 2025 por una “supuesta entrega” de 7,4 gramos de marihuana en la Plaza Rivadavia. La defensa cuestiona la acusación y sostiene que los elementos reunidos no justifican la imputación. Tras pasar cuatro meses detenida, Mariela obtuvo la prisión domiciliaria y espera un juicio por jurados previsto para febrero de 2027. ## Una “supuesta entrega” de cannabis dio origen a la causa La investigación contra Mariela Agunín se remonta al 9 de enero de 2025, cuando, según la reconstrucción difundida del expediente, habría mantenido un encuentro con una amiga en la Plaza Rivadavia, en el centro de Bahía Blanca. En ese contexto, la Policía habría observado una “supuesta entrega” y se habría detectado una cantidad de 7,4 gramos de cannabis en poder de la otra mujer. Ese episodio dio origen a una investigación que posteriormente avanzó sobre comunicaciones telefónicas y movimientos de dinero atribuidos a Mariela. A partir de esos elementos, la fiscalía sostiene que podrían haber existido otras “operaciones de comercialización” entre noviembre de 2024 y enero de 2025. Sin embargo, se trata de la hipótesis acusatoria, cuya validez deberá evaluarse durante el juicio. La existencia de una “supuesta entrega” no demuestra por sí sola que haya existido una actividad comercial, del mismo modo que una interpretación de conversaciones o transferencias no constituye automáticamente una prueba concluyente de un delito. La defensa cuestiona la interpretación de los elementos reunidos en la investigación. Por eso, será fundamental que las circunstancias del encuentro, el significado de las comunicaciones y el alcance de las pruebas sean examinados durante el proceso judicial. **Mariela no fue condenada y debe ser considerada inocente mientras no se demuestre lo contrario.** ## Cuatro meses detenida antes de ser juzgada El 15 de abril de 2026, Mariela fue detenida en el marco de la investigación. El 1 de mayo se dispuso su prisión preventiva, una medida que posteriormente fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. Así comenzó un período de aproximadamente cuatro meses durante el cual permaneció privada de su libertad sin que todavía se hubiera celebrado el juicio. Su defensa cuestionó la necesidad de mantenerla detenida mientras avanzaba el expediente. Finalmente, la Justicia le concedió la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta su situación personal y de salud, según la información difundida sobre el caso. Mariela pudo regresar a su casa, pero continúa bajo restricciones y debe utilizar una tobillera electrónica. Su libertad sigue limitada mientras espera que se resuelva una causa que podría tener consecuencias profundas para su futuro. La prisión preventiva no equivale a una condena. Sin embargo, implica que una persona puede pasar meses privada de su libertad antes de que un tribunal determine si la acusación en su contra está probada. En el caso de Mariela, ese encierro ya ocurrió. La discusión sobre su responsabilidad penal, en cambio, continúa pendiente. ## El cannabis y su vinculación con el REPROCANN La situación de Mariela también pone sobre la mesa la realidad de quienes cultivan cannabis en Argentina. De acuerdo con la información publicada sobre el caso, ella tenía vinculación con el REPROCANN, el Registro del Programa de Cannabis que regula el cultivo autorizado con fines medicinales, terapéuticos o paliativos. Según esas publicaciones, la autorización vinculada a su registro habría sido aprobada mientras permanecía detenida. El REPROCANN no autoriza la comercialización de cannabis y una inscripción no resuelve automáticamente una acusación de venta. Sin embargo, el antecedente es relevante para comprender el contexto de su relación con la planta y las contradicciones que persisten en torno a la regulación del cannabis en el país. Por un lado, el Estado contempla el cultivo bajo determinadas condiciones para fines medicinales. Por otro, las investigaciones relacionadas con cannabis pueden derivar en procesos penales y medidas restrictivas de la libertad. En este caso, la cuestión central es determinar qué ocurrió realmente, qué significan los elementos incorporados al expediente y si estos alcanzan para sostener la acusación. No corresponde dar por probada una “comercialización” antes de que esas cuestiones sean examinadas judicialmente. ## Una acusación que podría derivar en hasta 20 años de prisión La investigación está a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, de la UFIJ N.º 19. La fiscalía sostiene que la “supuesta entrega” detectada en la plaza formaría parte de una presunta actividad de “comercialización” y encuadró la acusación en una figura agravada por el supuesto desarrollo de esa actividad en un lugar público de esparcimiento. La calificación penal atribuida al caso contempla una escala de entre seis y veinte años de prisión. Esa es la pena potencial que enfrenta Mariela si el jurado la declara culpable de la figura que se le imputa. Pero la acusación no es una sentencia. La hipótesis fiscal deberá ser contrastada con las pruebas y con los argumentos de la defensa. También deberá evaluarse si los elementos reunidos permiten demostrar los hechos atribuidos y si corresponde aplicar la calificación penal propuesta. El caso plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de la respuesta judicial, especialmente porque Mariela ya pasó meses detenida antes del juicio y continúa bajo arresto domiciliario. Las organizaciones cannábicas que acompañan su situación reclaman su libertad y absolución. Su preocupación se extiende al tratamiento penal de las conductas vinculadas al cannabis y a las consecuencias que puede tener una imputación de esta gravedad sobre la vida de una persona antes de que se determine su responsabilidad. ## Organizaciones cannábicas reclaman por Mariela En octubre de 2026, organizaciones vinculadas al cannabis realizaron actividades en Bahía Blanca para visibilizar el caso y reclamar la libertad y absolución de Mariela. La Plaza Rivadavia, escenario del encuentro que habría dado origen a la investigación, volvió a ser el lugar elegido para hacer público el reclamo. Quienes la acompañan cuestionan la severidad de las medidas adoptadas y la posibilidad de que la causa termine en una condena de hasta dos décadas. También reclaman que el proceso respete las garantías de Mariela y que no se confunda una hipótesis de investigación con hechos demostrados. El caso se inscribe en un debate más amplio sobre la legislación de drogas, el cultivo de cannabis y la proporcionalidad de las penas. Pero, antes de cualquier conclusión, la responsabilidad de Mariela debe ser evaluada a partir de pruebas examinadas en el juicio. ## El juicio está previsto para febrero de 2027 El juicio por jurados está previsto para los días 22, 23 y 24 de febrero de 2027. En esa instancia se deberán analizar las pruebas y determinar si la acusación logra demostrar la responsabilidad penal de Mariela. Hasta entonces, continuará bajo prisión domiciliaria y con una tobillera electrónica, a la espera de una resolución judicial. Mariela tiene 32 años y ya atravesó aproximadamente cuatro meses de encierro en el marco de una causa que todavía no llegó a juicio. Ahora enfrenta la incertidumbre de un proceso que podría derivar en una pena de hasta veinte años. La “supuesta entrega” que dio origen al expediente, las interpretaciones de las comunicaciones y la hipótesis de “comercialización” deberán ser examinadas antes de establecer cualquier responsabilidad. Mientras tanto, su caso vuelve a poner en discusión las consecuencias de la prisión preventiva y la necesidad de respetar la presunción de inocencia. Porque una acusación, por grave que sea, no puede presentarse como una culpabilidad demostrada antes de que la Justicia resuelva el caso. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.