--- canonical_url: "https://lapoliticambiental.com.ar/contenido/8328/catamarca-un-proveedor-de-belen-denuncia-que-rio-tinto-le-debe-trabajos-desde-ha" title: "Catamarca: un proveedor de Belén denuncia que Río Tinto le debe trabajos desde hace casi tres años y cuestiona el modelo minero del RIGI" article_type: "Article" description: "Miguel, propietario de una empresa de servicios, asegura que realizó trabajos durante la expansión del proyecto Fénix, contrató a 12 trabajadores e invirtió en equipamiento que todavía permanece en el predio minero. Mientras Javier Milei y Raúl Jalil celebran las inversiones millonarias, los reclamos por deudas y falta de oportunidades para las empresas catamarqueñas siguen acumulándose." main_image: "https://lapoliticambiental.com.ar/download/multimedia.grande.96dd776d57f9ea13.Z3JhbmRlLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-10-30T10:46:00-03:00" date_modified: "2026-10-30T10:55:17-03:00" author_name: "La Política Ambiental" author_url: "https://lapoliticambiental.com.ar/usuario/2/la-politica-ambiental" author_bio: "La Política Ambiental" author_social_links: - "https://twitter.com/LPA_arg" - "https://www.instagram.com/lapoliticambiental/" - "https://www.youtube.com/channel/UCYevXN-ll81H0SP-FhtTRJQ" --- # Catamarca: un proveedor de Belén denuncia que Río Tinto le debe trabajos desde hace casi tres años y cuestiona el modelo minero del RIGI ![rio tinto](/download/multimedia.normal.9c1258335711c627.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) La minería promete miles de millones de dólares para Catamarca, pero no todos parecen participar de ese negocio. Mientras el presidente Javier Milei y el gobernador Raúl Jalil inauguraban nuevas instalaciones de Río Tinto en el Salar del Hombre Muerto, un empresario de Belén denunció que la compañía mantiene una deuda por trabajos realizados durante la expansión de su proyecto de litio y que lleva casi tres años esperando cobrar. Se trata de Miguel, titular de **El Positivo Desagotes**, una empresa que durante siete años prestó servicios vinculados con la actividad minera. Según relató en una entrevista, su emprendimiento trabajó para Río Tinto durante distintas etapas de expansión del proyecto, con alquiler y limpieza de baños químicos, desagotes y otras tareas necesarias para el funcionamiento de los campamentos mineros. El empresario aseguró que en 2021 entregó 55 baños químicos y que, desde comienzos de 2022 hasta marzo de 2023, continuó realizando trabajos de desagote que demandaron una importante inversión en equipamiento, logística y personal. Para responder a las exigencias de la compañía, sostuvo que contrató a 12 trabajadores de Belén y a una profesional de Higiene y Seguridad. Sin embargo, afirma que, después de cumplir con los servicios comprometidos, no recibió el pago correspondiente y terminó perdiendo el contrato. «Hasta el día de la fecha seguimos esperando sin cobrar», expresó al describir la situación que atraviesa su empresa. > Ver esta publicación en Instagram > [Una publicación compartida de Radiotvvalleviejo.oficial (@radiotvvalleviejo.oficial)](https://www.instagram.com/reel/DfDPBTgNHKP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading) ## Una inversión que terminó convertida en pérdidas De acuerdo con el testimonio de Miguel, la deuda corresponde a servicios efectivamente prestados durante la expansión de las instalaciones mineras. El empresario sostiene que conserva permisos de trabajo, documentación y registros que respaldarían las tareas realizadas. Uno de los aspectos más preocupantes de su denuncia es el destino del equipamiento. Según explicó, parte de los 55 baños químicos y otros elementos que había destinado al proyecto quedaron dentro del predio minero. Con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, muchos terminaron deteriorándose y perdiendo utilidad. A esto se sumó la pérdida del contrato, que, según su versión, pasó a manos de una empresa de Salta. El impacto no se limita a una factura impaga. Detrás de la inversión había una estructura de trabajo, trabajadores de Belén y una empresa que había apostado a desarrollar su actividad alrededor de la minería. Miguel también relató que intentó plantear el problema ante autoridades del área minera provincial, pero aseguró que no encontró la respuesta que esperaba. La denuncia vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que el Gobierno de Catamarca todavía debe responder: ¿qué mecanismos existen para proteger a los proveedores locales cuando una empresa minera o sus contratistas incumplen sus obligaciones comerciales? ## No es un caso aislado: los proveedores mineros vienen reclamando en Catamarca El reclamo de Belén aparece en un contexto de creciente malestar entre las pequeñas y medianas empresas que buscan participar de los grandes proyectos mineros de la provincia. En Fiambalá, los proveedores locales atravesaron conflictos por deudas millonarias vinculadas con contratistas de Zijin-Liex, operadora del proyecto de litio Tres Quebradas. En enero de 2025, empresarios de la zona denunciaron que las obligaciones pendientes con distintos prestadores rondaban los 500 millones de pesos. En febrero de ese año, la Cámara Económica de Fiambalá volvió a exigir respuestas y advirtió que, si no existían compromisos concretos de pago, podrían realizar manifestaciones frente a las instalaciones mineras. Los empresarios reclamaban tanto el cumplimiento de las obligaciones comerciales como el respeto por las compras y la mano de obra local. La situación tampoco se limita a las deudas. En agosto de 2024, empresas de Andalgalá denunciaron que habían invertido en equipos para trabajar en la campaña de perforación de Río Blanco, vinculada con MARA, pero que ni siquiera habían sido convocadas para cotizar los trabajos. Según sus representantes, una empresa de otra provincia terminó adjudicándose las tareas. Más recientemente, en octubre de 2026, proveedores de Tinogasta y Fiambalá realizaron cortes sobre la Ruta Nacional 60 y bloquearon el acceso a instalaciones de Zijin-Liex. Reclamaban mayor participación en los contratos, especialmente en servicios de transporte y logística que, según denunciaron, estaban siendo cubiertos con vehículos propios de la compañía en lugar de contratar prestadores de la zona. En Andalgalá también surgieron cuestionamientos por la posibilidad de que las obras vinculadas con MARA se desarrollen mediante circuitos de contratación que dejen afuera a empresas del departamento. Los episodios muestran un problema que se repite: las inversiones anunciadas no necesariamente se traducen en oportunidades concretas para todos los empresarios de las localidades donde se desarrollan los emprendimientos. ## El RIGI y la paradoja de los proveedores que defendieron las inversiones La discusión adquiere una dimensión política cuando se analiza el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno de Javier Milei y aprobado mediante la Ley 27.742. Durante el debate de 2024, representantes de la Cámara de Proveedores Mineros de Catamarca expresaron su respaldo al régimen. Manuel Gómez Bello, referente de ese sector, defendió la posibilidad de atraer grandes inversiones y advirtió sobre el riesgo de que la provincia perdiera oportunidades si no acompañaba el esquema nacional. La expectativa de buena parte del empresariado proveedor era que la llegada de capitales internacionales generara una expansión de la cadena de servicios, más contratos y nuevas posibilidades de crecimiento para las compañías catamarqueñas. Sin embargo, dos años después, los reclamos por falta de contrataciones, deudas y desplazamiento de empresas locales siguen presentes. **La paradoja es evidente: sectores empresarios que acompañaron el RIGI porque esperaban convertirse en protagonistas del crecimiento minero hoy deben reclamar en las rutas y frente a las plantas para conseguir contratos.** El problema también está en el diseño del régimen. El RIGI establece un compromiso mínimo del 20% de contratación de proveedores locales sobre el monto destinado a proveedores del proyecto, siempre que exista oferta disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad. Pero hay una diferencia fundamental: el concepto de proveedor local del RIGI no significa necesariamente una empresa de Belén, Fiambalá, Tinogasta o Andalgalá. La normativa nacional considera proveedores locales a personas humanas con domicilio fiscal en el país y a determinadas personas jurídicas constituidas y domiciliadas en Argentina, con participación societaria nacional. En otras palabras, una empresa radicada en Buenos Aires puede integrar el porcentaje de compras locales de un proyecto desarrollado en la puna catamarqueña, aunque una pequeña firma del departamento donde se encuentra el yacimiento no consiga acceder a una contratación. El régimen tampoco garantiza que los proveedores más pequeños tengan financiamiento, capacidad para competir en licitaciones de gran escala o mecanismos efectivos para cobrar cuando una contratación termina en conflicto. La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve anunciar porcentajes de compras nacionales si las empresas de las localidades que soportan el impacto territorial de los emprendimientos no consiguen participar de manera efectiva? ## Catamarca tiene una normativa de compre local, pero el Gobierno debe hacerla cumplir La provincia cuenta con herramientas propias para promover la participación empresarial catamarqueña. Entre ellas se encuentra el Registro de Proveedores de Empresas Mineras (Re.P.E.M.), creado mediante la Resolución SEM 498/14. Además, la normativa provincial contempla exigencias de contratación local que establecen un piso del 70% para las compras y contrataciones de bienes y servicios a proveedores catamarqueños registrados, junto con requisitos de integración local de la mano de obra. El problema es que la existencia de una regulación no garantiza por sí sola su cumplimiento. Los reclamos de los empresarios muestran que todavía existen dificultades para acceder a las licitaciones, conocer las condiciones de contratación y obtener respuestas cuando las obligaciones comerciales no se cumplen. Por eso, el Gobierno de Raúl Jalil no puede limitarse a participar de inauguraciones, reuniones empresariales y anuncios de inversiones. También debe ejercer controles, transparentar las contrataciones y garantizar que las normas provinciales se traduzcan en oportunidades reales para las empresas del interior. Si existen obligaciones de compre local, corresponde informar qué empresas las cumplen, cuáles no, qué controles se realizan y qué sanciones se aplican ante eventuales incumplimientos. Tampoco alcanza con promover capacitaciones o facilitar el acceso a registros si después las pequeñas empresas no consiguen contratos o quedan expuestas a deudas que pueden comprometer su continuidad. ## Milei y Jalil celebran las inversiones, pero falta discutir quién se queda con el desarrollo El 28 de octubre de 2026, Javier Milei encabezó la inauguración de nuevas instalaciones de Río Tinto en el Salar del Hombre Muerto, en la puna catamarqueña. El acto contó con la presencia de Raúl Jalil y otras autoridades nacionales y empresariales. La expansión de Fénix 1B y Sal de Vida representa una inversión cercana a los 1.400 millones de dólares y una producción adicional proyectada de 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Durante la inauguración, el Presidente defendió el RIGI y sostuvo que las inversiones generan empleo, exportaciones y riqueza. También presentó cifras sobre la participación de empresas argentinas y catamarqueñas en las contrataciones de Río Tinto. Según los datos difundidos por Presidencia, Fénix 1B adjudicó alrededor de 310 millones de dólares a proveedores argentinos, de los cuales aproximadamente 153 millones correspondieron a empresas catamarqueñas. La compañía también informó que 411 de sus 413 proveedores para ese proyecto son argentinos. Son cifras relevantes, pero no responden por sí solas a la situación denunciada por Miguel ni a los cuestionamientos de otros empresarios. La cantidad de empresas contratadas o el volumen total adjudicado no permiten conocer si todos los proveedores recibieron sus pagos, si las firmas de los departamentos de influencia tuvieron oportunidades reales de participar o si los pequeños emprendimientos pudieron sostener sus inversiones. **El desarrollo no puede medirse solamente por los dólares que ingresan a una compañía ni por las toneladas de litio que salen de la provincia. También debe medirse por la cantidad de empresas locales que logran crecer, los trabajadores que conservan sus empleos y la capacidad de las comunidades para participar de la riqueza que se extrae de su territorio.** El Gobierno nacional diseñó un régimen que ofrece importantes beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios a las grandes inversiones. El Gobierno provincial, por su parte, promueve la actividad y tiene responsabilidades concretas sobre el control de las contrataciones y el cumplimiento de sus propias normas. Sin embargo, cuando un proveedor afirma que lleva casi tres años sin cobrar por servicios prestados, la discusión sobre el desarrollo deja de ser una cuestión de discursos y pasa a ser una cuestión de responsabilidades. La minería necesita proveedores, trabajadores, infraestructura y comunidades que sostengan su actividad. Pero esa relación no puede funcionar únicamente cuando las empresas locales invierten, contratan personal y ponen sus equipos a disposición de los grandes proyectos. **Si los beneficios son para las grandes compañías y los riesgos comerciales terminan recayendo sobre los pequeños empresarios de Catamarca, la promesa de desarrollo local queda, como mínimo, seriamente cuestionada.** Miguel sigue esperando una respuesta. Y su denuncia merece algo más que otro anuncio de inversión. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.