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description: "La Fiscalía de Estado constató irregularidades en una estructura de unos 50 kilómetros que interrumpe el escurrimiento natural del arroyo Viraguay, en el departamento Gualeguay. La obra protege un establecimiento rural de más de 40.000 hectáreas, pero perjudicaría a campos vecinos y podría agravar las inundaciones en Puerto Ruiz. El conflicto lleva más de dos décadas y el Gobierno provincial anticipó que intimará a los responsables a cumplir la Ley de Aguas."
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date_published: "2026-11-02T10:45:00-03:00"
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# Entre Ríos: un terraplén vinculado al ex titular del Banco Central Pedro Pou bloquea un arroyo y pone en riesgo a más de 100.000 hectáreas

![terraplen-de-Pou-Ofi-3](/download/multimedia.normal.8cb547bfb075a242.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

Un terraplén construido para proteger de las inundaciones a un establecimiento agropecuario volvió a quedar bajo la lupa en Entre Ríos. La estructura, vinculada a Estancias del Ibicuy y al patrimonio del fallecido economista Pedro Pou, interrumpe el escurrimiento natural del arroyo Viraguay y genera consecuencias sobre terrenos vecinos. Según las autoridades provinciales, el perjuicio ambiental y económico alcanzaría a más de 100.000 hectáreas del departamento Gualeguay.

La situación fue constatada por el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, durante un sobrevuelo sobre la zona ubicada frente a Puerto Ruiz, cerca de la confluencia de los ríos Gualeguay y Paraná Ibicuy. Tras la verificación, el Gobierno provincial anunció que intimará a los propietarios para que cumplan las disposiciones de la Ley Provincial de Aguas N.º 9.172.

El problema es que una obra destinada a evitar que se inunde un establecimiento privado estaría modificando el recorrido natural del agua y trasladando el riesgo hacia otros campos. La preocupación aumenta ante la posibilidad de nuevas crecientes en la cuenca del río Gualeguay.

### Quién era Pedro Pou, el economista vinculado al establecimiento

El nombre de Pedro Pou aparece asociado a la estancia La Calera y a Estancias del Ibicuy. Pero no se trata de un empresario agropecuario desconocido: fue una figura importante de la política económica argentina durante la década de 1990.

Pou nació en Mendoza en 1943, fue economista y estudió en la Universidad de Chicago. También fue uno de los fundadores del Centro de Estudios Macroeconómicos (CEMA), una institución académica vinculada a las corrientes económicas liberales.

Llegó a la presidencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) el 5 de agosto de 1996 y permaneció en el cargo hasta el 25 de abril de 2001. Durante ese período ejerció bajo las presidencias de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, y atravesó la etapa final de la convertibilidad, el régimen que mantenía una paridad fija entre el peso y el dólar.

Su salida del Banco Central se produjo durante el gobierno de De la Rúa, en medio de un enfrentamiento público con el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. El Poder Ejecutivo dispuso su remoción en abril de 2001, invocando mala conducta.

Después de dejar la función pública, Pou se dedicó a actividades agropecuarias en Entre Ríos. Murió en Buenos Aires en enero de 2013, a los 69 años. Su vinculación con el establecimiento rural permite entender por qué su nombre aparece en los antecedentes de este conflicto, que continúa después de su fallecimiento.

### Una estructura de 50 kilómetros que modifica el curso del agua

El terraplén se encuentra en la estancia La Calera y rodea una superficie superior a las 40.000 hectáreas pertenecientes a Estancias del Ibicuy. Según los antecedentes difundidos por la organización ambiental SEA, la estructura tendría aproximadamente 50 kilómetros de extensión y entre cuatro y seis metros de altura.

La obra fue construida para proteger de las inundaciones a tierras ubicadas en una zona baja y anegadiza del Pre Delta. Sin embargo, el problema señalado por productores vecinos y organizaciones ambientales es que el endicamiento interrumpe el flujo del arroyo Viraguay, un curso de agua que desemboca en el río Gualeguay.

Al modificar el drenaje natural, el agua encuentra obstáculos para continuar su recorrido y puede acumularse o retroceder hacia terrenos vecinos. De acuerdo con la constatación oficial, las consecuencias ambientales y productivas alcanzarían a más de 100.000 hectáreas del departamento Gualeguay.

Los antecedentes del caso mencionan que el establecimiento comprende unas 42.453 hectáreas y que la defensa fue construida para proteger una superficie de aproximadamente 13.720 hectáreas anegadizas. La discusión de fondo es si la protección de esos terrenos puede sostenerse a costa de alterar el sistema hídrico y perjudicar a otras propiedades.

### Más de veinte años de reclamos y medidas incumplidas

El conflicto no comenzó ahora. Según la reconstrucción realizada por la organización ambiental SEA, los reclamos se remontan a 2003, cuando productores rurales vecinos denunciaron ante la Sociedad Rural de Gualeguay que el terraplén provocaba inundaciones en sus campos. En aquel momento, las presentaciones alcanzaban aproximadamente 88.000 hectáreas.

Uno de los productores afectados, Arturo Berisso, llevó los planteos ante el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), organismo provincial responsable de regular y controlar el uso de los recursos hídricos.

En 2019 se alcanzó un acuerdo para realizar obras de mitigación entre los propietarios del establecimiento y Berisso, dueño de la estancia vecina La Conchera de Flores. Sin embargo, el entendimiento no habría sido cumplido y el conflicto volvió a quedar bajo intervención del organismo provincial.

En 2023 se retomaron las actuaciones por la falta de cumplimiento de las medidas acordadas. Posteriormente, en junio de 2024, el expediente fue derivado a la Fiscalía de Estado para evaluar las acciones correspondientes.

El Corufa ya había formulado observaciones sobre el terraplén y dispuesto que se realizaran cortes en determinados sectores de la estructura para permitir el flujo normal del arroyo Viraguay. Según la información oficial difundida, esas medidas no fueron cumplidas por los propietarios.

### La advertencia por las inundaciones en Puerto Ruiz

La preocupación volvió a crecer en agosto de 2026, cuando SEA advirtió sobre los posibles efectos de nuevas lluvias intensas en la cuenca del Gualeguay. La organización sostuvo que, de acuerdo con antecedentes y estimaciones que presentó, la obstrucción podría incrementar en más de 25 centímetros el nivel del río a la altura de Puerto Ruiz.

La advertencia no se limita a los campos productivos. La entidad señaló que, cuando el río alcanza niveles elevados, las dificultades para evacuar el agua también pueden afectar el drenaje de las precipitaciones dentro del ejido urbano de Gualeguay.

El temor es que una creciente importante, combinada con la interrupción del arroyo Viraguay, agrave los anegamientos en terrenos vecinos y aumente la exposición de sectores habitados. La cifra de los 25 centímetros corresponde a una estimación difundida por SEA y no a una medición de una inundación ya ocurrida.

### Qué establece la Ley de Aguas de Entre Ríos

La intervención de la Fiscalía de Estado se apoya en la Ley Provincial N.º 9.172, que regula el uso, aprovechamiento y conservación de las aguas superficiales y subterráneas, además de establecer condiciones para las obras hidráulicas vinculadas con actividades económicas y productivas.

La normativa establece que el aprovechamiento del agua debe realizarse bajo criterios de equidad y racionalidad ambiental. Esto significa que una intervención dentro de una propiedad no puede evaluarse solamente por el beneficio que representa para ese establecimiento, sino también por sus consecuencias sobre el sistema hídrico y los terrenos vecinos.

El Corufa es la autoridad de aplicación de esa ley. Entre sus funciones se encuentran regular, planificar y proteger los recursos hídricos provinciales, además de controlar las obras que puedan modificar el escurrimiento.

En este caso, el organismo ya había dispuesto medidas para permitir que el arroyo recuperara su circulación normal. La falta de cumplimiento de esas disposiciones es uno de los puntos que motivó la intervención de la Fiscalía de Estado.

### El Estado vuelve a intervenir después de dos décadas

La constatación realizada por el fiscal Julio Rodríguez Signes vuelve a poner el expediente en movimiento. El Gobierno de Entre Ríos anticipó que intimará a los propietarios para que cumplan las disposiciones de la legislación provincial y las medidas establecidas por el Corufa.

El desafío será determinar cómo se restablece el escurrimiento natural del arroyo y qué medidas deben adoptarse para evitar que la defensa de un establecimiento rural continúe generando consecuencias sobre otros campos y poblaciones.

Después de más de veinte años de reclamos, acuerdos que no se habrían cumplido y actuaciones administrativas, el conflicto vuelve a quedar bajo la atención de las autoridades. Mientras crece la preocupación por las condiciones hídricas de la cuenca del Gualeguay, el caso de La Calera expone una discusión central: una obra privada no puede analizarse únicamente por los terrenos que protege, sino también por el impacto que genera sobre el agua, el ambiente y las comunidades que comparten esa cuenca.  
  
[Con información de Era Verde](https://eraverde.com.ar/fiscalia-de-estado-interviene-ante-el-peligro-inminente-por-el-terraplen-de-pou/)

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