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title: "Santiago del Estero: denuncian que el Gobierno autorizó desmontes en tierras indígenas reconocidas por el Estado"
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description: "La comunidad vilela El Tunal denuncia que una empresa agropecuaria avanza con topadoras sobre unas 200 hectáreas de bosque nativo, pese a que el territorio fue reconocido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Greenpeace y el MOCASE-VC exigen detener los trabajos y cuestionan que la autorización provincial se haya otorgado sin consulta previa."
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date_published: "2026-11-03T20:56:00-03:00"
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author_name: "La Política Ambiental"
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# Santiago del Estero: denuncian que el Gobierno autorizó desmontes en tierras indígenas reconocidas por el Estado

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Un nuevo conflicto por la destrucción de bosques nativos enfrenta a comunidades indígenas, organizaciones ambientalistas y autoridades provinciales en Santiago del Estero. En las cercanías de Quimilí, integrantes de la comunidad El Tunal, perteneciente al pueblo vilela, denunciaron el avance de maquinaria pesada sobre tierras que ocupan ancestralmente.

Según el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE-VC), la Dirección de Bosques provincial autorizó trabajos de desmonte a favor de Agropecuaria Tomay S.A., sin informar ni consultar previamente a las familias indígenas que habitan el territorio.

La organización Greenpeace advirtió que las topadoras ya habían avanzado sobre aproximadamente 200 hectáreas de monte nativo y reclamó la suspensión inmediata de las tareas.

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## Un territorio de más de 3.100 hectáreas reconocido por el INAI

El conflicto adquiere especial relevancia porque no se trata de tierras cuya ocupación indígena sea desconocida para el Estado.

En 2019, la comunidad El Tunal obtuvo su personería jurídica y fue incorporada al Registro Nacional de Comunidades Indígenas.

Posteriormente, mediante la Resolución 95/2020, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dio por concluido el relevamiento técnico, jurídico y catastral previsto por la Ley 26.160, que reconoció la ocupación actual, tradicional y pública de aproximadamente 3.132 hectáreas.

Ese reconocimiento administrativo no constituye por sí mismo un título de propiedad comunitaria, pero resulta un antecedente fundamental para acreditar los derechos territoriales de las familias indígenas.

Pese a ello, según las denuncias, la autoridad forestal provincial habría autorizado la intervención sobre parte de esas tierras sin garantizar los mecanismos de participación correspondientes.

## Topadoras, denuncias de amenazas y reclamos sin respuesta

La disputa comenzó a intensificarse durante agosto, cuando integrantes de la comunidad lograron detener una topadora que había ingresado a uno de los últimos sectores de bosque nativo de la zona.

Sin embargo, semanas después las máquinas regresaron y, según el MOCASE-VC, quienes ejecutaban los trabajos invocaron una autorización de la Dirección de Bosques provincial.

Las organizaciones también denunciaron la presencia de personas armadas que habrían custodiado las tareas, circunstancia que incrementó la preocupación de las familias por su seguridad.

Ante esta situación, se realizaron presentaciones ante organismos provinciales, autoridades policiales y el INAI, solicitando la suspensión de los desmontes y la revisión de los permisos.

Hasta la publicación de las denuncias consultadas, no se habían difundido respuestas públicas de la empresa señalada ni de la autoridad forestal provincial sobre los cuestionamientos formulados.

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## Ley de Bosques: ¿puede autorizarse un desmonte sin consultar a la comunidad?

El caso plantea interrogantes sobre la legalidad de las autorizaciones otorgadas y el cumplimiento de las obligaciones ambientales vigentes.

La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece que los proyectos de desmonte deben respetar los derechos de las comunidades indígenas que tradicionalmente ocupan esos territorios.

También contempla mecanismos de participación pública vinculados con las autorizaciones de cambio de uso del suelo.

Por su parte, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado en Argentina mediante la Ley 24.071, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados respecto de medidas administrativas susceptibles de afectarlos directamente.

En consecuencia, la existencia de una autorización administrativa no basta por sí sola para demostrar la legalidad del desmonte. Corresponde examinar si el procedimiento respetó las exigencias ambientales, los derechos territoriales indígenas y las instancias de consulta aplicables.

Las organizaciones reclamaron conocer el expediente administrativo, revisar las autorizaciones y verificar la existencia de los estudios de impacto ambiental correspondientes.

## Santiago del Estero encabeza la pérdida de bosques nativos

# 200 ha

Superficie afectada denunciada en El Tunal

# 3.132 ha

Territorio indígena relevado por el INAI

# 35.368 ha

Desmontadas en Santiago entre enero y septiembre de 2026

# 48,3%

Participación provincial en los desmontes de cuatro provincias del norte durante ese período

Datos de Greenpeace, INAI y relevamientos publicados en 2026.

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El conflicto en El Tunal no constituye un episodio aislado. Santiago del Estero continúa siendo uno de los principales focos de deforestación del país.

De acuerdo con el monitoreo satelital de Greenpeace, entre enero y septiembre de 2026 se desmontaron 35.368 hectáreas en la provincia, casi la mitad de las 73.224 hectáreas detectadas en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa durante el mismo período.

La expansión agropecuaria sobre los bosques del Gran Chaco provoca pérdida de biodiversidad, degradación de suelos y mayores emisiones de gases de efecto invernadero. A estas consecuencias se suma el impacto social sobre comunidades indígenas y campesinas que dependen del monte para su subsistencia.

## El reclamo: detener las máquinas y garantizar los derechos territoriales

El MOCASE-VC y Greenpeace exigen que el Gobierno de Santiago del Estero suspenda los trabajos, revise las autorizaciones y garantice la protección de las familias que defienden el territorio.

El caso evidencia una contradicción que atraviesa la política ambiental argentina: mientras el Estado reconoce administrativamente la ocupación tradicional de comunidades indígenas, otras dependencias estatales pueden adoptar decisiones sobre esos mismos territorios sin que exista una adecuada coordinación institucional.

La discusión supera las 200 hectáreas denunciadas. Se trata de establecer si el avance agropecuario puede imponerse sobre territorios indígenas reconocidos sin garantizar previamente la participación y los derechos de quienes los habitan.

La respuesta de las autoridades provinciales será determinante para conocer si los procedimientos administrativos se ajustaron a la legislación vigente y qué medidas se adoptarán para proteger el bosque nativo y a la comunidad El Tunal.

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