--- canonical_url: "https://lapoliticambiental.com.ar/contenido/8403/chubut-aprobaron-una-ley-que-beneficia-a-los-data-centers-e-incorpora-un-polemic" title: "Chubut: aprobaron una ley que beneficia a los Data Centers e incorpora un polémico artículo sobre minería “sustentable”" article_type: "Article" description: "La Legislatura de Chubut aprobó el proyecto 084/26, que establece beneficios fiscales, subsidios y mecanismos para facilitar la radicación de empresas tecnológicas. La iniciativa se enmarca en la estrategia del gobernador Ignacio Torres para convertir a la provincia en un polo digital, en paralelo al anuncio de un megacentro de datos en Trelew y al impulso de la minería “sustentable” de uranio. Mientras tanto, persisten las preguntas sobre el uso de los bienes comunes, el impacto ambiental y las consecuencias de la criminalización de quienes se movilizaron contra la megaminería." main_image: "https://lapoliticambiental.com.ar/download/multimedia.grande.b4b866344606bced.Z3JhbmRlLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-11-12T20:54:00-03:00" date_modified: "2026-11-12T21:18:19-03:00" author_name: "La Política Ambiental" author_url: "https://lapoliticambiental.com.ar/usuario/2/la-politica-ambiental" author_bio: "La Política Ambiental" author_social_links: - "https://twitter.com/LPA_arg" - "https://www.instagram.com/lapoliticambiental/" - "https://www.youtube.com/channel/UCYevXN-ll81H0SP-FhtTRJQ" --- # Chubut: aprobaron una ley que beneficia a los Data Centers e incorpora un polémico artículo sobre minería “sustentable” ![Protesta contra centros de datos en Chubut](/download/multimedia.normal.af7ae78b75b21853.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) La aprobación del Régimen Provincial de Fomento a la Economía del Conocimiento vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a Chubut desde hace años: quién decide sobre el territorio y sus recursos, qué beneficios recibe el sector privado y cuáles son las consecuencias para las comunidades. El proyecto 084/26 fue presentado por el oficialismo como una herramienta para promover la innovación y diversificar la matriz productiva. Sin embargo, su tratamiento se produce en un contexto marcado por el anuncio de grandes inversiones tecnológicas, la emergencia hídrica y el renovado impulso del Gobierno provincial a la actividad minera. La iniciativa no autoriza por sí misma la construcción del megacentro de datos anunciado para Trelew ni habilita nuevos proyectos mineros. Pero forma parte de una estrategia más amplia de atracción de inversiones que necesita ser discutida con información pública, controles ambientales y participación ciudadana. La experiencia del Chubutazo de 2021 demuestra que la sociedad provincial no está dispuesta a aceptar decisiones sobre sus territorios sin debate. > Ver esta publicación en Instagram > [Una publicación compartida de NO A LA MINA ESQUEL - CHUBUT (@noalamina.esquel)](https://www.instagram.com/p/DfqOlwLkUkx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading) ## Un régimen de beneficios para empresas tecnológicas El proyecto 084/26, denominado Régimen Provincial de Fomento a la Economía del Conocimiento, establece un esquema de incentivos para empresas y emprendimientos vinculados con la tecnología, la innovación y el desarrollo científico. Entre sus herramientas se encuentran beneficios impositivos, subsidios vinculados con la contratación de personal y mecanismos para facilitar la radicación de empresas, incluida la posibilidad de disponer de tierras fiscales bajo determinadas condiciones. El Gobierno provincial presenta la iniciativa como una forma de diversificar la economía y generar empleo calificado. Sin embargo, el alcance de los beneficios y las condiciones que deberán cumplir las empresas plantean interrogantes sobre el costo que asumirá el Estado y las garantías que tendrán las comunidades frente a los emprendimientos que se instalen. El oficialismo también defendió el proyecto por su alcance general. El diputado Daniel Hollmann sostuvo que la Legislatura no trataría una autorización para el data center, sino una ley de Economía del Conocimiento que, según explicó, busca dar un marco de alivio fiscal a más de 90 proyectos vinculados con ese sector. Esa aclaración es importante: el régimen no está limitado a una sola empresa, pero tampoco puede analizarse al margen de la estrategia provincial de desarrollo tecnológico. ## El megacentro de datos de Trelew y la demanda de agua Uno de los proyectos que permite comprender el contexto de esta política es Atlas GigaHub, anunciado a fines de julio de 2026 por el gobernador Ignacio Torres junto con la empresa Green Capital. La iniciativa contempla una inversión anunciada de 3.300 millones de dólares y una capacidad informática proyectada de hasta 3.000 megavatios. Su objetivo es ofrecer infraestructura de procesamiento de datos para compañías internacionales, especialmente vinculadas con la inteligencia artificial. El proyecto 084/26 ingresó a la Legislatura a comienzos de agosto, poco después del anuncio de Atlas GigaHub, y se enmarca en el programa provincial Chubut Hub Digital 2030. La cercanía temporal y la orientación de ambas iniciativas muestran que forman parte de una misma estrategia para atraer inversiones tecnológicas. Esto no significa que la ley aprobada autorice directamente la construcción del centro de datos, pero sí que establece un marco de incentivos para actividades que el Gobierno busca desarrollar en la provincia. La principal preocupación ambiental está relacionada con la demanda de recursos. Hasta octubre de 2026, no se habían difundido públicamente datos oficiales suficientes sobre el consumo de agua y electricidad del emprendimiento ni sobre su impacto ambiental. La propia empresa aseguró que utilizaría un sistema de refrigeración directa a los chips, conocido como Direct-to-Chip, y afirmó que podría reducir el consumo de agua en más de un 90%. Sin embargo, no presentó públicamente una estimación concreta del volumen que necesitaría el proyecto ni la base utilizada para esa comparación. La incertidumbre resulta especialmente relevante en una provincia atravesada por problemas de disponibilidad de agua. Chubut enfrenta una emergencia hídrica asociada a la disminución del caudal de sus principales ríos. En ese escenario, cualquier emprendimiento de semejante escala debería informar cuánto agua necesitará, de dónde la obtendrá, qué tecnología utilizará para refrigerar sus instalaciones y qué efectos podría tener sobre las cuencas y las poblaciones cercanas. Tampoco alcanza con afirmar que una parte de la electricidad provendrá de fuentes renovables. La demanda energética de un centro de datos de esta magnitud obliga a conocer cómo se garantizará el suministro, qué infraestructura será necesaria y qué consecuencias tendrá sobre el sistema eléctrico provincial. Según la información publicada por Chequeado, la empresa tampoco había precisado todos estos aspectos y la Municipalidad de Trelew informó que no tenía iniciado un expediente relacionado con el proyecto al momento de responder un pedido de información de vecinos. ## La inteligencia artificial también consume agua El impacto ambiental de los centros de datos no es una preocupación hipotética. La expansión de la inteligencia artificial está provocando un crecimiento acelerado del consumo de electricidad y agua a escala mundial. Los servidores necesitan energía para funcionar y generan calor, por lo que requieren sistemas de refrigeración. Además del agua utilizada directamente en esas instalaciones, existe un consumo indirecto asociado a la generación de la electricidad que las alimenta. Un estudio del investigador Alex de Vries-Gao, del Instituto de Estudios Ambientales de la Vrije Universiteit Amsterdam, publicado en la revista científica *Patterns* el 17 de diciembre de 2025, estimó que los sistemas de inteligencia artificial podrían haber consumido entre 312.500 y 764.600 millones de litros de agua durante 2025. El mismo trabajo calculó una huella de carbono de entre 32,6 y 79,7 millones de toneladas de dióxido de carbono. La magnitud de la estimación permite dimensionar el problema: el volumen de agua asociado a la IA se ubica en el orden de magnitud del consumo anual mundial de agua embotellada. En materia de emisiones, el rango calculado es comparable al de una gran ciudad como Nueva York. Se trata de estimaciones con un margen amplio de incertidumbre, en parte porque las grandes compañías tecnológicas no publican información suficiente para separar el consumo de sus sistemas de inteligencia artificial del resto de sus servicios digitales. Los datos más recientes muestran que la presión sobre los recursos continúa aumentando. La Agencia Internacional de la Energía informó en abril de 2026 que el consumo eléctrico de los centros de datos creció un 17% durante 2025, mientras que el de los centros enfocados en inteligencia artificial aumentó un 50%. La organización proyecta que la demanda eléctrica de todos los centros de datos podría pasar de 485 teravatios hora en 2025 a unos 950 teravatios hora en 2030. Por su parte, Gartner estimó en junio de 2026 que el consumo eléctrico de los servidores optimizados para inteligencia artificial podría aumentar de 95 teravatios hora en 2025 a 175 teravatios hora en 2026, un incremento del 84%. La consultora proyectó que el consumo total de los centros de datos alcanzaría los 565 teravatios hora durante este año. El crecimiento también se refleja en los balances de las grandes compañías. Google informó que durante 2025 consumió 41.000 millones de litros de agua en sus centros de datos y oficinas, un 34% más que en 2024. La empresa atribuyó el aumento a la expansión de sus servicios digitales y reconoció que el crecimiento de su actividad implica una mayor demanda de agua. Es importante distinguir los datos de las proyecciones: todavía no existe una estimación global consolidada del consumo de agua y las emisiones de la inteligencia artificial para 2026. Las cifras de 2025 son estimaciones científicas; las de electricidad para 2026 son proyecciones; y los datos de Google corresponden a información reportada por la propia empresa. Aun con esas diferencias, la tendencia resulta clara: la expansión de la infraestructura digital exige cada vez más energía y recursos naturales. Por eso, el debate sobre Atlas GigaHub no puede limitarse a la inversión anunciada o a la cantidad de empleos que promete generar. También debe incluir el costo ambiental de sostener una infraestructura destinada a procesar información para empresas globales, especialmente cuando todavía no se conoce cuánto agua y energía demandará en Chubut. ## Torres y el impulso a la minería “sustentable” de uranio Mientras promueve el desarrollo de infraestructura tecnológica, el gobernador Ignacio Torres también impulsa la actividad minera bajo el argumento de una minería “sustentable”. Uno de los principales objetivos de esa política es el uranio, con especial atención sobre Cerro Solo, uno de los yacimientos más importantes del país. En marzo de 2025, el Gobierno provincial reclamó a la Comisión Nacional de Energía Atómica la transferencia o reversión de propiedades mineras de titularidad del organismo nacional, entre ellas Cerro Solo. Torres sostuvo que Chubut podría desarrollar la extracción de uranio mediante métodos que no necesariamente impliquen minería a cielo abierto ni el uso de cianuro, y defendió la posibilidad de avanzar siempre que exista licencia social. El planteo no es menor. Chubut tiene una historia de resistencia social a la megaminería y una legislación que restringe la actividad metalífera a cielo abierto y con utilización de cianuro. La discusión sobre el uranio no puede resolverse únicamente mediante una presentación tecnológica o una promesa de menor impacto: requiere conocer el método de extracción, los insumos utilizados, los residuos generados, el consumo de agua y los riesgos para las poblaciones y los ecosistemas. La expresión “minería sustentable” no reemplaza la obligación de demostrar, con estudios independientes y controles públicos, cuáles serían las consecuencias concretas de cada proyecto. Tampoco puede utilizarse como una garantía anticipada de que una explotación será inocua. En una provincia donde el agua es un recurso estratégico y donde la población ya protagonizó movilizaciones masivas contra la megaminería, cualquier iniciativa debe someterse a un debate público real. La promoción de la minería de uranio y el impulso a los centros de datos son políticas diferentes, pero comparten una discusión de fondo: qué recursos se ponen a disposición de grandes inversiones, qué beneficios obtiene la provincia y quién asume los impactos ambientales si las promesas oficiales no se cumplen. ## El Chubutazo y una sociedad que ya rechazó las decisiones a espaldas de la población La discusión actual no puede separarse de diciembre de 2021, cuando Chubut protagonizó una de las movilizaciones socioambientales más importantes de su historia reciente. El 15 de diciembre de ese año, la Legislatura aprobó la ley de zonificación minera que habilitaba la actividad en sectores de la provincia. La decisión desató protestas masivas en distintas localidades, con una fuerte respuesta social y episodios de represión. La movilización popular logró que el 21 de diciembre se aprobara la derogación de la norma. El Chubutazo dejó un mensaje contundente: una parte importante de la sociedad provincial no aceptaba que se modificara el marco legal para habilitar la megaminería sin respetar la voluntad de las comunidades. Pero después de aquellas jornadas también llegó la judicialización de manifestantes. Ocho personas fueron llevadas a juicio por los hechos ocurridos durante las protestas en Rawson. En abril de 2025, seis fueron declaradas penalmente responsables y dos resultaron absueltas. En agosto de ese año se dieron a conocer las penas: Mauricio Nahum Vargas recibió cuatro años de prisión efectiva y Damián Andrés Díaz, un año de prisión efectiva, mientras que otras personas recibieron condenas condicionales. En febrero de 2026, la Justicia confirmó que Vargas y Díaz continuaran bajo arresto domiciliario mientras las condenas no quedaran firmes. Organizaciones y sectores que acompañaron a los acusados cuestionaron el proceso y denunciaron irregularidades, además de señalar una respuesta judicial que consideran desproporcionada frente a la participación de vecinos en las protestas. La situación vuelve a poner en discusión el derecho a la protesta y la respuesta estatal frente a los conflictos socioambientales. Mientras las empresas reciben propuestas de beneficios y facilidades para instalarse, vecinos que participaron de movilizaciones contra una política minera enfrentan condenas penales. Esa diferencia merece ser examinada públicamente. ## Beneficios privados, recursos públicos y falta de participación La aprobación del régimen de Economía del Conocimiento se produjo en medio de cuestionamientos por la participación ciudadana. Vecinos y organizaciones denunciaron que no pudieron ingresar al recinto legislativo para seguir el debate. Esa denuncia debe ser respondida por las autoridades y aclarada con información sobre las condiciones de acceso a la sesión. La discusión no se agota en si el proyecto genera inversiones o si la tecnología puede aportar nuevas actividades económicas. También importa conocer qué beneficios fiscales se otorgarán, qué tierras fiscales podrían ponerse a disposición de las empresas, qué compromisos de empleo asumirán y qué controles se aplicarán para garantizar que los costos ambientales no terminen recayendo sobre la población. En el caso de los centros de datos, la información sobre agua, energía, refrigeración, emisiones y residuos debe conocerse antes de que se consoliden decisiones que puedan condicionar el futuro de la provincia. En el caso de la minería “sustentable”, deben hacerse públicos los estudios sobre extracción, consumo hídrico, residuos y riesgos ambientales antes de avanzar con cualquier explotación. Chubut ya atravesó un conflicto de enorme magnitud cuando una decisión legislativa sobre minería fue enfrentada por miles de personas en las calles. El Chubutazo demostró que el territorio no puede administrarse como si fuera un espacio disponible para cualquier inversión. La provincia necesita discutir su matriz productiva, pero esa discusión debe incluir a quienes viven allí y dependen de sus recursos. La tecnología y la innovación pueden formar parte de un proyecto de desarrollo. Lo que no puede quedar fuera del debate es quién se beneficia, cuánta agua y energía se necesita y qué garantías existen para proteger los bienes comunes. Llamar “sustentable” a una actividad o presentar una inversión como sinónimo de progreso no responde esas preguntas. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.