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title: "Ley de Soberanía Nacional: organizaciones ambientales advierten que Milei busca blindar proyectos extractivos y limitar las protestas"
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description: "FARN, CELS y otras 17 organizaciones alertaron sobre los riesgos del proyecto que impulsa el Gobierno nacional bajo el argumento de defender la soberanía argentina sobre Malvinas. Advierten que la iniciativa permitiría otorgar protección militar a proyectos mineros, petroleros y energéticos, además de abrir la puerta a restricciones sobre las protestas sociales, las acciones judiciales y el financiamiento internacional de organizaciones ambientales."
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date_published: "2026-11-18T10:51:00-03:00"
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# Ley de Soberanía Nacional: organizaciones ambientales advierten que Milei busca blindar proyectos extractivos y limitar las protestas

![Ley-de-Glaciares-Congreso-Abril-2026-36-1536x1024](/download/multimedia.normal.9e4f5262c6ca0655.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

Una iniciativa del Gobierno de Javier Milei presentada como una herramienta para defender la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas podría terminar otorgando mayores herramientas de protección estatal a los grandes proyectos extractivos y limitando los derechos de quienes cuestionan sus impactos ambientales. Así lo advirtieron la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras 17 organizaciones, que difundieron un documento en el que cuestionan el alcance del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que avanza en el Congreso.

Bajo el título *Una soberana trampa: infraestructura crítica y seguridad nacional*, las organizaciones señalaron que la propuesta excede ampliamente la cuestión de Malvinas. De sus ocho capítulos, solamente uno aborda el reclamo de soberanía, mientras que los restantes introducen modificaciones en las leyes de Defensa Nacional, financiamiento de los partidos políticos e Inteligencia, además de crear un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente.

La principal preocupación es que, bajo la figura de infraestructura crítica, el Estado pueda garantizar una protección especial a grandes emprendimientos económicos y considerar como amenazas determinadas acciones de protesta, reclamos judiciales y campañas de organizaciones sociales y ambientales.

## Megaminería, Vaca Muerta y centros de datos bajo protección de seguridad nacional

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un sistema de protección de infraestructuras críticas, una categoría que incluye instalaciones, redes y sistemas públicos o privados considerados indispensables para el funcionamiento de la sociedad, la economía y el Estado.

La definición es lo suficientemente amplia como para incorporar proyectos vinculados con la actividad extractiva y energética. FARN menciona los oleoductos, gasoductos, terminales portuarias y buques licuefactores de gas natural licuado (GNL) relacionados con Vaca Muerta, además de emprendimientos de megaminería en la Cordillera de los Andes y centros de datos para inteligencia artificial en la Patagonia.

El proyecto establece que las Fuerzas Armadas deberán estar preparadas para intervenir en la protección de las infraestructuras críticas identificadas por el Consejo de Seguridad Nacional. Este organismo, que estaría presidido por el jefe de Estado e integrado por funcionarios del Poder Ejecutivo, tendría la facultad de identificar las instalaciones consideradas estratégicas y coordinar su protección.

De esta manera, grandes emprendimientos privados podrían quedar incorporados a una estrategia de seguridad nacional, con intervención de las fuerzas militares en determinadas circunstancias.

## La protección también alcanzaría a proyectos mineros binacionales

La iniciativa también contempla la protección de infraestructuras binacionales o plurinacionales. En ese sentido, FARN advierte que podrían quedar comprendidos proyectos mineros que involucran a Argentina y Chile, como Vicuña, así como la integración energética de Vaca Muerta con infraestructura chilena destinada a la exportación de gas.

La preocupación se produce en un contexto de flexibilización de las regulaciones ambientales y retrocesos en la protección de los recursos naturales en ambos países. Las organizaciones también recuerdan que durante abril de 2026 se sancionó una modificación de la Ley de Glaciares que debilitó su protección como reservas estratégicas de agua y favoreció las condiciones para el avance de proyectos mineros en zonas cordilleranas.

## Las protestas contra proyectos extractivos podrían quedar bajo sospecha

Otro de los aspectos más cuestionados es la falta de precisión sobre qué conductas pueden considerarse una afectación o destrucción de infraestructura crítica.

El proyecto establece que la Estrategia Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas deberá contemplar el impacto que podrían producir esas acciones, pero no define claramente sus alcances. Para FARN, esta falta de precisiones deja un margen de discrecionalidad que podría permitir al Gobierno interpretar como amenazas distintas formas de participación ciudadana.

Entre las acciones que podrían quedar alcanzadas por esa definición, la organización menciona movilizaciones, presentaciones judiciales, sentencias y campañas de comunicación contra determinados emprendimientos.

Esto genera especial preocupación en los territorios donde existen conflictos por la megaminería, la explotación de hidrocarburos y las grandes obras de infraestructura. En muchos de esos lugares, las comunidades locales, pueblos indígenas, organizaciones campesinas y vecinos recurren a movilizaciones pacíficas para denunciar contaminación, defender el agua o cuestionar el avance de proyectos sobre sus territorios.

FARN recuerda que estas personas defensoras del ambiente cuentan con protección internacional a través del Acuerdo de Escazú, aprobado por Argentina mediante la Ley 27.566, que obliga al Estado a garantizar un entorno seguro para quienes trabajan en la defensa ambiental.

## Financiamiento extranjero y posibles restricciones a las organizaciones ambientales

El documento también cuestiona que el proyecto encuadre el financiamiento internacional como una potencial amenaza para la seguridad nacional.

Esta disposición podría afectar a organizaciones ambientales y comunitarias que reciben fondos del exterior para desarrollar investigaciones, campañas, actividades territoriales y acciones judiciales. Según advierte FARN, esa clasificación podría habilitar consecuencias administrativas y penales de gravedad.

La situación genera preocupación porque una parte importante del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil depende de aportes internacionales destinados a investigar actividades económicas, denunciar impactos ambientales y acompañar a comunidades afectadas por grandes emprendimientos.

Para las entidades firmantes, esta medida contradice el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que establece la obligación de proteger a las personas defensoras del ambiente y garantizar que puedan desarrollar sus actividades sin amenazas ni restricciones.

## Un esquema que profundiza la intervención de las fuerzas de seguridad

Las organizaciones también relacionan el proyecto con medidas adoptadas anteriormente por el Gobierno nacional. Entre ellas mencionan el Decreto 1107/2024, que otorgó al Presidente la facultad de determinar qué instalaciones podían ser consideradas Objetivos de Valor Estratégico y quedar bajo custodia de fuerzas militares y policiales.

A esto se suma la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva, mediante la Resolución 893/2024 del Ministerio de Seguridad, destinado a intervenir en el mantenimiento del orden en los enclaves productivos del país.

Para FARN, la creación del nuevo Consejo de Seguridad Nacional profundizaría ese esquema y ampliaría las herramientas del Poder Ejecutivo para intervenir sobre infraestructuras y territorios considerados estratégicos.

## La advertencia por el regreso de la doctrina de seguridad nacional

El cuestionamiento de las organizaciones también tiene una dimensión histórica. El documento advierte sobre el riesgo de recuperar una concepción de seguridad nacional que borra los límites entre defensa y seguridad interior y que en América Latina estuvo asociada a la persecución política y a graves violaciones de los derechos humanos durante las dictaduras militares.

La preocupación es que, mediante conceptos amplios y poco definidos, el Gobierno pueda disponer de mayores facultades para identificar supuestos enemigos internos y aplicar medidas punitivas contra quienes cuestionen determinadas políticas o proyectos económicos.

Las organizaciones también señalan la contradicción entre este esquema y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad regulatoria por 30 años a grandes inversiones. Mientras las empresas reciben garantías para desarrollar sus proyectos, el nuevo esquema de seguridad podría brindarles un blindaje adicional frente a los conflictos sociales y ambientales que generan sus actividades.

El documento lleva la firma de 19 organizaciones, entre ellas FARN, CELS, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, el Observatorio Petrolero Sur, el Círculo de Políticas Ambientales, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM La Plata), Fundeps y Surfrider Foundation Argentina.

El planteo central es que la defensa de la soberanía nacional no puede utilizarse como argumento para restringir derechos fundamentales, limitar la participación ciudadana o garantizar la continuidad de proyectos extractivos por encima de las garantías constitucionales y la protección del ambiente.  
  
Con info de [farn.org.ar](https://farn.org.ar/ley-soberania-nacional-organizaciones-derechos/)

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