La Política AmbientalEn medio del debate parlamentario por eventuales modificaciones a la Ley de Glaciares, un grupo de diputados nacionales viajó a Mendoza con el objetivo de manifestar su respaldo a la normativa vigente y mantener reuniones técnicas con especialistas del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
La visita se inscribe en un contexto de creciente tensión política tras los intentos de introducir cambios en la ley que regula la protección de glaciares y áreas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua.
Los legisladores buscaron interiorizarse sobre el estado actual del Inventario Nacional de Glaciares y el rol científico del IANIGLA en la delimitación y monitoreo de cuerpos de hielo y ambientes periglaciares.
El instituto, con sede en Mendoza y dependiente del sistema científico nacional, es el organismo técnico encargado de elaborar y actualizar el inventario que sirve de base para la aplicación de la ley. En ese marco, la reunión tuvo un fuerte componente institucional: reafirmar que las decisiones sobre delimitaciones deben apoyarse en criterios científicos y no en presiones sectoriales.
El viaje también funcionó como gesto político. Frente a iniciativas que apuntan a redefinir el alcance de las áreas protegidas —especialmente en zonas con potencial minero—, los diputados manifestaron que cualquier modificación debe preservar el espíritu original de la norma.
La defensa de la ley se centra en dos ejes:
la protección del agua como recurso estratégico en un contexto de crisis climática;
el respeto al principio de no regresividad ambiental, que impide retroceder en estándares de tutela ya alcanzados.
La provincia ocupa un lugar clave en esta discusión. Su matriz productiva incluye actividad minera y vitivinícola, ambas fuertemente vinculadas al uso del agua de montaña. Por eso, cualquier cambio en la regulación de ambientes glaciares y periglaciares tiene impacto directo en su modelo de desarrollo.
El intercambio con el IANIGLA buscó aportar evidencia técnica a un debate que, aunque jurídico en su forma, es profundamente político en su fondo: qué límites establecer al extractivismo en zonas de alta fragilidad ambiental y cómo compatibilizar desarrollo económico con protección de bienes comunes estratégicos.
El escenario legislativo continúa abierto, pero la visita a Mendoza dejó en claro que la discusión ya trascendió el recinto y se proyecta sobre el territorio y la comunidad científica.
