La Justicia bonaerense confirmó una medida cautelar que impide avanzar con modificaciones que puedan reducir las obligaciones de AySA en materia de agua potable, saneamiento, salud y protección ambiental. El fallo no anuló la privatización, pero representa un nuevo límite al Gobierno de Javier Milei, que pretende entregar el 90% de las acciones de la empresa estatal a capital privado. El caso ahora deberá continuar en la Justicia Federal.

Una familia campesina del paraje El Urunday, a pocos kilómetros de Roversi, volvió a quedar en el centro de una disputa por la tierra. Según denunció el MOCASE, una oficial de Justicia se presentó en el territorio acompañada por personal privado, vehículos, camiones y una topadora vinculada al empresario agroganadero Abel Ricardo Parra. La maquinaria intentó ingresar al lugar, pero la resistencia de la familia, comunidades campesinas indígenas y vecinos evitó que avanzara sobre la vivienda y la infraestructura productiva. Desde el sector denuncian el accionar judicial y cuestionan al Gobierno de Santiago del Estero por la falta de protección a las familias que viven y trabajan la tierra.