La organización ambiental presentó una denuncia ante las autoridades provinciales luego de que vecinos de Juan Bautista Alberdi registraran situaciones que consideran preocupantes. El lugar tiene antecedentes de reclamos vinculados con emisiones, hollín y presuntos vuelcos de residuos de la actividad azucarera.

Lo que comenzó como una misteriosa mortandad de elefantes en el ecosistema de Amboseli ahora tiene cuatro personas detenidas y una investigación que apunta a sustancias químicas potencialmente tóxicas. Los primeros análisis mencionaron la posible presencia de cianuro, pero las autoridades todavía no pudieron determinar cómo llegó el veneno a los animales ni quién sería responsable. Comunidades masái y productores de la zona cuestionan la hipótesis oficial y piden que se esclarezca qué está ocurriendo.

La Justicia bonaerense confirmó una medida cautelar que impide avanzar con modificaciones que puedan reducir las obligaciones de AySA en materia de agua potable, saneamiento, salud y protección ambiental. El fallo no anuló la privatización, pero representa un nuevo límite al Gobierno de Javier Milei, que pretende entregar el 90% de las acciones de la empresa estatal a capital privado. El caso ahora deberá continuar en la Justicia Federal.

Una familia campesina del paraje El Urunday, a pocos kilómetros de Roversi, volvió a quedar en el centro de una disputa por la tierra. Según denunció el MOCASE, una oficial de Justicia se presentó en el territorio acompañada por personal privado, vehículos, camiones y una topadora vinculada al empresario agroganadero Abel Ricardo Parra. La maquinaria intentó ingresar al lugar, pero la resistencia de la familia, comunidades campesinas indígenas y vecinos evitó que avanzara sobre la vivienda y la infraestructura productiva. Desde el sector denuncian el accionar judicial y cuestionan al Gobierno de Santiago del Estero por la falta de protección a las familias que viven y trabajan la tierra.

La comunidad indígena de Peñas Negras denunció nuevos hechos de violencia y hostigamiento en medio del histórico conflicto por el avance de la actividad minera sobre su territorio. Los comuneros cuestionan el operativo policial desplegado en la zona, reclaman respuestas al gobernador Raúl Jalil y apuntan contra la Justicia de Belén por la falta de intervención frente a las denuncias.

El país registra los productos autorizados y cuenta con herramientas para seguir parte de su comercialización, pero carece de información pública consolidada sobre su aplicación efectiva en el territorio. Auditorías oficiales llevan años advirtiendo deficiencias en los controles. El vacío impide dimensionar la exposición ambiental y sanitaria en las principales regiones agrícolas.

El ejemplar de la barriada de La Paz había formado parte durante décadas de la vida del barrio

Acumulación de ramas, bolsas y residuos genera preocupación entre los vecinos

Un fallo que marca un precedente, pero también vuelve a poner bajo la lupa las bajas penas por maltrato animal