La Política Ambiental estrenó el cuarto capítulo de la segunda temporada de LPA+, el ciclo de streaming que realizamos junto al Departamento de Folklore de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). En esta nueva emisión, analizamos los cambios políticos en Estados Unidos y Brasil, el posicionamiento del Papa frente a la crisis ambiental, la salida del grupo Benetton de la Patagonia y los conflictos por los desmontes y los bosques nativos. Además, entrevistamos a Lucía Conde, secretaria de Desarrollo y Vinculación de la UNA Folklore, sobre la XIII edición del Festival de Folklore y Arte Popular por la Identidad (FAPI).

Un estudio científico reveló que la contaminación atmosférica en Tucumán puede reducir hasta dos años y medio la esperanza de vida de sus habitantes. Durante la zafra, los niveles de contaminación llegan a superar siete veces las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A las quemas de cañaverales y las emisiones de los ingenios se suman los basurales, los residuos industriales y una situación que los tucumanos conocen demasiado bien: el olor nauseabundo que invade las calles cuando se aproxima la lluvia y las partículas negras que caen sobre las viviendas, incluso en localidades del interior como Aguilares, Concepción y Villa La Trinidad.

La muerte de una mujer y sus dos hijos adolescentes en una vivienda rural del partido de Bolívar abrió una investigación que también puso bajo la lupa las fumigaciones agrícolas en la zona. Naturaleza de Derechos presentó una denuncia penal para investigar posibles delitos de contaminación ambiental y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Además, denunció que una parcela vinculada con el caso no registra recetas agronómicas y advirtió sobre la falta de controles y las condiciones de vulnerabilidad de las familias rurales.

La especialista ambiental Cecilia Sustersic confirmó que existe una denuncia contra el Gobierno de Mendoza por el uso de aviones que dispersan sustancias químicas en las tormentas para combatir el granizo. La presentación judicial está vinculada con un temporal que azotó San Luis en enero de 2025. La técnica utiliza principalmente yoduro de plata y genera controversias por su efectividad, sus posibles consecuencias ambientales y la falta de certezas sobre sus efectos a largo plazo.

La mortandad se registró en Puerto Reconquista, dentro del humedal Jaaukanigás. Mientras una hipótesis apunta a la falta de oxígeno provocada por la creciente del Paraná, investigadores advirtieron sobre la posibilidad de una contaminación localizada. También se informó la presencia de manganeso en el agua.

El fenómeno meteorológico atravesó la ciudad de Chapecó, en el estado de Santa Catarina, el miércoles 4 de noviembre. Se registraron ráfagas de hasta 126 km/h, viviendas destechadas, árboles caídos y graves daños en el aeropuerto local. Las autoridades confirmaron el tornado y desplegaron operativos de asistencia para las familias afectadas.

El Gobierno busca modificar una iniciativa que lleva más de tres años de discusión parlamentaria y que establece obligaciones de prevención para propietarios de terrenos, empresas forestales y autoridades. El anuncio llegó a pocos días de un nuevo episodio de altas temperaturas que afectará a siete regiones, con máximas de hasta 34 °C. La oposición cuestiona que el Ejecutivo priorice compensaciones económicas a los propietarios mientras sigue demorándose una legislación clave para evitar nuevas catástrofes.

Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon busca incorporar sanciones económicas según la gravedad de las infracciones. También contempla el retiro preventivo de animales en situación de riesgo y la creación de un fondo para fortalecer el Departamento de Zoonosis municipal.

La familia italiana vendió sus principales empresas agropecuarias en Argentina a empresarios vinculados con Adecoagro, compañía controlada mayoritariamente por Tether, la firma detrás de la criptomoneda USDT. La operación comprende cerca de 920.000 hectáreas en cuatro provincias, mientras el Gobierno busca atraer inversiones millonarias para instalar centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial en la Patagonia. Detrás de los nuevos propietarios también aparecen vínculos financieros con Howard Lutnick, secretario de Comercio de Donald Trump.

El presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, Enrique Viale, fue distinguido en la ciudad de Chemnitz por su trayectoria en defensa de los Derechos de la Naturaleza y las luchas territoriales. Viale dedicó el reconocimiento a las comunidades que enfrentan el extractivismo, el agronegocio y la explotación de hidrocarburos.

Al menos 29 jurisdicciones votaron a favor de prohibir o limitar estas instalaciones en las elecciones del 3 de noviembre. El consumo de agua y electricidad, el ruido y la destrucción de ecosistemas alimentan la resistencia vecinal. Mientras Donald Trump defiende la expansión de la industria, Google quedó bajo investigación en Finlandia tras la tala de alrededor de 400.000 árboles para construir nuevos centros de datos. En Argentina, Milei busca atraer inversiones millonarias a la Patagonia sin una regulación específica para controlar sus impactos.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal revocó el rechazo inicial del amparo presentado por el abogado Maximiliano Orsini y ordenó que el expediente vuelva al juzgado de origen. La denuncia señala que la planta cloacal del barrio privado funciona con una capacidad reducida y que los efluentes terminan en una laguna y otros cuerpos de agua conectados con el arroyo Corrientes. Una inspección de la Policía Ecológica registró agua turbia, lodo y restos de materia fecal en el entorno, mientras la Justicia deberá resolver con urgencia las medidas de control.

La sanción fue aplicada por la Secretaría de Ambiente provincial a la Municipalidad de Sauce de Luna, departamento Federal, cuya gestión está encabezada por el intendente Alcides Alderete. Las inspecciones detectaron residuos acumulados sin clasificación, presencia de animales, deficiencias en el predio y episodios de quema. El municipio tendrá 10 días hábiles desde la notificación para regularizar la situación, bajo la advertencia de nuevas sanciones que podrían incluir la clausura preventiva.

El Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), dependiente de la UNC y el CONICET, manifestó su rechazo a la exoneración de Virginia Aparicio y cuestionó el procedimiento que llevó a su expulsión del INTA. La investigadora había coordinado un estudio internacional que detectó residuos de plaguicidas en muestras humanas y ambientales. El conflicto comenzó en 2023, cuando el organismo suspendió la presentación de los resultados y se retiró de la investigación.

El gobierno de Hugo Passalacqua modificó la Ley de Bosques para habilitar actividades ganaderas, cultivos de yerba mate y aprovechamiento forestal en áreas de monte nativo que abarcan casi un millón de hectáreas. La reforma genera cuestionamientos por sus posibles efectos sobre la biodiversidad y la regeneración de la selva, además de poner en discusión principios ambientales como la prevención, la precaución y la no regresión. Una fundación recurrió a la Justicia para intentar frenar la medida.

El hecho ocurrió en mayo de 2026 en la localidad de Icaño, departamento La Paz. Según la investigación, el acusado habría herido con un cuchillo a Max, un perro de tres años que murió poco después en la vivienda de su propietaria.

El Partido Demócrata consiguió una victoria histórica en las elecciones de medio término de Estados Unidos y le quitó a Donald Trump el control de las dos cámaras del Congreso. El resultado representa un duro golpe para el presidente, cuyo gobierno impulsó una ofensiva contra las regulaciones ambientales, debilitó las políticas climáticas y volvió a colocar a los combustibles fósiles en el centro de su estrategia energética. Además, los demócratas consiguieron triunfos históricos en estados republicanos donde llevaban décadas sin ganar elecciones al Senado y avanzaron sobre varias gobernaciones.

La comunidad vilela El Tunal denuncia que una empresa agropecuaria avanza con topadoras sobre unas 200 hectáreas de bosque nativo, pese a que el territorio fue reconocido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Greenpeace y el MOCASE-VC exigen detener los trabajos y cuestionan que la autorización provincial se haya otorgado sin consulta previa.