DERECHO AMBIENTAL

Virginia Aparicio coordinó en la Argentina el proyecto internacional SPRINT, que investigó la presencia de plaguicidas en el ambiente, los alimentos, los animales y las personas. Su abogado asegura que un sumario administrativo propone aplicarle la sanción más grave del empleo público. El gremio APINTA denunció un intento de disciplinamiento y reclamó libertad para investigar.

La provincia reglamentó la Ley N.º 11.250 y puso en marcha un nuevo sistema para evaluar y controlar el impacto ambiental de las actividades económicas. El esquema unifica trámites, incorpora herramientas digitales y crea un Certificado Único Ambiental.

AOMA Seccional Catamarca inició una medida de fuerza que afecta las operaciones de Minera del Altiplano, perteneciente a Río Tinto, en la Puna catamarqueña. El reclamo incluye una discusión salarial y cuestionamientos por las condiciones de seguridad, luego del episodio de julio en el que trabajadores quedaron aislados durante días por un fuerte temporal de nieve.

La Corte Suprema dejó nuevamente vigente el decreto con el que Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó los límites para la adquisición de campos por parte de extranjeros. El máximo tribunal no analizó la constitucionalidad de la medida: consideró que los veteranos de Malvinas que habían llevado el reclamo a la Justicia no estaban legitimados para hacerlo. La decisión vuelve a abrir la puerta a una mayor extranjerización del territorio argentino, después de que una fuerte movilización social obligara al Gobierno a retirar del Congreso su intento de flexibilizar todavía más la normativa.