La reforma de la Ley de Glaciares obtuvo media sanción en el Senado tras una votación ajustada: 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. El resultado no solo reflejó la división entre oficialismo y oposición, sino también un fuerte alineamiento territorial entre senadores y gobernadores, que dejó al descubierto cómo se posiciona cada provincia frente al debate entre protección ambiental y desarrollo extractivo.
La ley vigente —sancionada en 2010— establece presupuestos mínimos para proteger los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua. La reforma impulsada por el Gobierno propone redefinir el alcance de esas áreas protegidas y ampliar el margen de decisión de las provincias, un punto que despertó fuerte rechazo en sectores científicos, organizaciones ambientalistas y parte de la oposición política.
En ese contexto, la votación dejó un mapa claro de apoyos y rechazos a partir de las posiciones de los gobiernos provinciales.
Provincias cuyos gobernadores se posicionaron a favor de la protección de glaciares
En varias jurisdicciones, los gobernadores se pronunciaron a favor de mantener el esquema actual de protección ambiental, postura que se reflejó en el voto de sus representantes en el Senado.
Entre ellos aparecen:
Martín Llaryora (Córdoba)
Sergio Ziliotto (La Pampa)
Ignacio Torres (Chubut)
Claudio Vidal (Santa Cruz)
Axel Kicillof (Buenos Aires)
Carlos Sadir (Jujuy)
Gustavo Melella (Tierra del Fuego)
Estos mandatarios provinciales se ubicaron en el sector que cuestionó la reforma por considerar que podría debilitar los presupuestos mínimos ambientales y abrir la puerta a actividades extractivas en zonas actualmente protegidas.
En el Senado, varios legisladores vinculados a esos distritos votaron en contra de la modificación, alineándose con esa postura.
Gobernadores que respaldaron la reforma
Del otro lado, un grupo de gobernadores apoyó la modificación del régimen vigente, argumentando la necesidad de flexibilizar la normativa y ampliar el margen de desarrollo productivo en las provincias.
Entre ellos se destacan:
Maximiliano Pullaro (Santa Fe)
Claudio Poggi (San Luis)
Rogelio Frigerio (Entre Ríos)
Juan Pablo Valdés (Corrientes)
Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires)
Gustavo Sáenz (Salta)
Hugo Passalacqua (Misiones)
Este sector político acompañó el proyecto impulsado por el oficialismo, que busca redefinir el alcance de la protección glaciar y otorgar mayor protagonismo a las provincias en la gestión de sus recursos naturales.
Una votación que expone el conflicto estructural
La discusión sobre la Ley de Glaciares volvió a poner sobre la mesa un conflicto estructural de la política ambiental argentina: la tensión entre la protección de bienes comunes estratégicos —como el agua— y el impulso a actividades extractivas, principalmente la minería metalífera y los proyectos vinculados al litio.
Mientras los defensores de la reforma sostienen que permitirá clarificar la normativa y fortalecer el federalismo, sus detractores advierten que podría implicar un retroceso en la protección ambiental, al permitir redefinir qué zonas quedan bajo resguardo.
Con la media sanción en el Senado, el proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde se anticipa un debate intenso y nuevas presiones políticas y territoriales.
El resultado final mostrará si el Congreso mantiene el régimen de protección ambiental vigente o avanza hacia un modelo más flexible que reconfigure el equilibrio entre ambiente, minería y federalismo en la Argentina.
