La Política AmbientalLa situación judicial del senador nacional Francisco Paoltroni se agrava tras la reciente condena dictada por la Justicia de Formosa, que lo obliga a pagar más de 101 millones de pesos por el desmonte ilegal de 112 hectáreas. El fallo no sólo confirma su responsabilidad en el daño ambiental, sino que expone un historial de infracciones previas que permanecen impagas desde hace casi una década.
De acuerdo con información oficial, el legislador de La Libertad Avanza arrastra sanciones por desmontes realizados en 2017 y 2018 que nunca fueron abonadas. Esas multas —originalmente de menor cuantía—, actualizadas a valores actuales, rondarían los 59 millones de pesos adicionales, lo que incrementa significativamente el pasivo ambiental atribuido al senador.
Una defensa rechazada por la Justicia
En su estrategia defensiva, Paoltroni intentó ampararse en la inmunidad parlamentaria para evitar el pago de las sanciones económicas y argumentó que no era titular del predio al momento de los desmontes. Sin embargo, ambos planteos fueron rechazados por la Justicia, que consideró que no encuadran en los supuestos constitucionales de inmunidad y que existen pruebas suficientes que lo vinculan con los hechos investigados.
El expediente también da cuenta de la inexistencia de permisos de cambio de uso de suelo, requisito obligatorio en la provincia de Formosa bajo la Ley 1.660, en línea con la Ley Nacional de Bosques Nativos (26.331). Según la normativa, cualquier intervención sobre monte nativo debe contar con evaluación técnica previa y control estatal, lo que no ocurrió en este caso.
Reincidencia y cuestionamientos políticos
Desde el Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa señalaron que Paoltroni incurre en infracciones graves desde hace años. El titular de la cartera, Lucas Rodríguez, afirmó que el argumento de persecución política “busca desviar la atención de la responsabilidad civil y penal” del senador, y remarcó que existen más de 43 multas aplicadas a distintos establecimientos por desmontes ilegales, lo que descarta un trato selectivo.
Además, el funcionario cuestionó la solidez de la defensa legal del legislador y destacó que el proceso administrativo respetó todas las garantías, incluyendo instancias de descargo y revisión judicial.
Pruebas técnicas y responsabilidad
Entre las evidencias incorporadas al expediente figuran imágenes satelitales que permiten reconstruir la evolución del desmonte. Según esos registros, en junio de 2021 no se observaban intervenciones, mientras que para septiembre del mismo año ya se verificaban las 112 hectáreas afectadas. Estos datos, junto con inspecciones técnicas y cruces con registros de propiedad, fueron determinantes para acreditar la responsabilidad del senador.
Un escenario judicial abierto
Aunque Paoltroni aún cuenta con instancias de apelación, la acumulación de antecedentes, la reincidencia en las infracciones y la debilidad de los argumentos defensivos configuran un escenario complejo. Incluso, no se descarta la apertura de nuevas acciones judiciales vinculadas a desmontes en predios contiguos que formarían parte de un mismo desarrollo agropecuario.
El caso vuelve a poner en discusión la eficacia de los controles sobre el desmonte ilegal en Argentina y la capacidad del sistema judicial para sancionar conductas que afectan de manera directa a los bosques nativos y al equilibrio ambiental.
