Caso COMARSA: otorgan probation a directivos por contaminación con residuos petroleros

La Justicia de Neuquén resolvió conceder la suspensión de juicio a prueba (probation) a tres directivos imputados en la causa conocida como COMARSA, vinculada al manejo y disposición de residuos petroleros sin tratamiento en el Parque Industrial de la ciudad. La decisión, adoptada por el juez de garantías Lucas Yancarelli, se dictó pese a la oposición de la fiscalía y de las querellas, entre ellas la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

La medida suspende el avance del proceso penal bajo la condición de que los imputados cumplan una serie de obligaciones orientadas a reparar el daño ambiental generado y evitar nuevos riesgos.

Saneamiento y remediación como eje de la medida

Entre las principales condiciones impuestas, dos de los imputados deberán sanear la totalidad de los residuos petroleros existentes en el predio en el plazo de un año. A su vez, contarán con un período de tres años para la remediación del subsuelo, que presenta niveles de contaminación acreditados en los informes técnicos incorporados a la causa.

El enfoque del magistrado se centró en priorizar la recomposición del ambiente afectado, en línea con los principios de prevención y reparación del daño ambiental.

Reglas de conducta y aportes económicos

La probation también establece obligaciones de conducta: los acusados deberán fijar domicilio, presentarse periódicamente ante la Dirección de Población Judicializada, abstenerse de cometer nuevos delitos y evitar el consumo problemático de sustancias.

En paralelo, deberán realizar aportes económicos a instituciones públicas. En el caso de uno de los imputados, la medida tendrá una duración de dos años e incluye una donación de 10 millones de pesos destinada a la Dirección de Medio Ambiente de la provincia. Los montos correspondientes a los otros imputados serán definidos en los próximos días.

Una decisión bajo revisión

El juez Yancarelli argumentó que la salida alternativa busca resolver el problema de fondo —la contaminación ambiental— y reducir los riesgos para la salud de la población cercana. No obstante, advirtió que el incumplimiento de cualquiera de las condiciones implicará la reanudación del proceso penal.

La resolución, sin embargo, no se encuentra firme. Tanto la fiscalía como las querellas formularon reserva de impugnación, lo que abre la puerta a una revisión por parte de un tribunal superior.

El caso COMARSA se inscribe en un debate más amplio sobre los alcances de las salidas alternativas en delitos ambientales: si priorizan una reparación efectiva o si, por el contrario, debilitan la respuesta penal frente a conductas que generan daños de gran escala.