Último momento, arranco la Audacia Publica por los Glaciares y sin aviso redujeron a 4 minutos las exposiciones

Por estos días, el Congreso argentino vive una de las discusiones ambientales más sensibles de los últimos años: la reforma de la Ley de Glaciares. Pero lo que debía ser un ejemplo de participación ciudadana masiva terminó envuelto en cuestionamientos por límites que, en la práctica, reducen la voz pública a una mínima expresión.

La convocatoria superó todas las expectativas. Distintas estimaciones hablan de decenas de miles de personas inscriptas —con cifras que escalan por encima de las 100.000—, un récord absoluto para una audiencia pública ambiental en Argentina.

Sin embargo, el diseño del proceso genera una contradicción evidente: solo alrededor de 200 personas podrán exponer de manera oral durante las dos jornadas previstas.

Horarios: cuándo se define todo

La audiencia pública arrancó este 25 de marzo a las 10:00 de la mañana, con acreditación previa desde las 9:00, y continuará bajo la misma modalidad el 26 de marzo.

• Es el único momento en que los oradores seleccionados pueden hablar directamente ante los diputados
• La dinámica es continua y puede extenderse durante varias horas
• No habrá nuevas fechas confirmadas para ampliar la participación

En la práctica, esas dos jornadas y ese horario concentran toda la instancia de incidencia directa sobre el Congreso.

Un “cuello de botella” en la participación

La audiencia se desarrolla en apenas dos días, con un esquema mixto entre presencial y virtual. Pero el Congreso ya definió que no habrá una tercera jornada, a pesar del volumen de inscriptos.

Frente a esto, la mayoría de quienes se anotaron deberán limitarse a enviar opiniones por escrito o grabaciones en video, sin interacción directa con los diputados.

El problema no es solo logístico. Para especialistas en derecho ambiental, la audiencia pública no es un trámite formal: es una instancia central de incidencia ciudadana. Reducirla a presentaciones escritas —y ahora también a tiempos más breves— vacía su sentido político y jurídico.

Escazú en tensión: el derecho a participar

Argentina es parte del Acuerdo de Escazú, el tratado regional que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en temas ambientales. Este acuerdo —incorporado al derecho interno— establece que la participación debe ser amplia, efectiva y significativa.

• Se limita la cantidad de oradores pese a una inscripción masiva
• No se amplía el tiempo de debate
• Se reducen los tiempos de exposición sin aviso previo
• Se reemplaza la exposición oral por mecanismos indirectos

Para organizaciones ambientales, esto configura una vulneración de compromisos internacionales y del principio de participación efectiva.

Los diputados a cargo y el control del debate

La organización de la audiencia no es neutral. Está bajo la órbita de las comisiones clave que impulsan el tratamiento del proyecto.

• Nicolás Mayoraz (Asuntos Constitucionales)
• José Peluc (Recursos Naturales)

Ambos están a cargo de coordinar la dinámica de la audiencia y definir quiénes pueden exponer y cómo, incluyendo el límite de oradores y los tiempos asignados.

Una discusión de fondo: agua, minería y modelo productivo

Detrás del conflicto por la audiencia hay algo más profundo. La reforma de la ley podría modificar el alcance de la protección sobre glaciares y ambientes periglaciares, áreas clave como reservas de agua dulce.

El proyecto abre la puerta a redefinir qué zonas quedan protegidas y cuáles podrían habilitarse para actividades productivas, especialmente minería.

Por eso, la masividad de la inscripción no es casual: refleja un nivel de preocupación social pocas veces visto en temas ambientales en Argentina.

Participación récord, democracia en debate

Lo que está en juego no es solo una ley ambiental, sino el modo en que se toman decisiones sobre los bienes comunes.

La audiencia pública por glaciares dejó una imagen potente: decenas de miles de personas queriendo participar. Pero también expuso un límite estructural del sistema político para canalizar esa demanda.

En un país que firmó el Acuerdo de Escazú, la pregunta de fondo es inevitable:
¿puede considerarse participación real cuando más del 99% de las voces quedan afuera del micrófono —y quienes logran hablar ahora tienen menos tiempo— en una audiencia que arrancó a las 10:00 de la mañana y se agota en apenas dos días?