La Política AmbientalEl oficialismo desplegó desde las primeras horas del día un amplio operativo de seguridad en el perímetro del Congreso de la Nación, en el marco de las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares. El refuerzo de la presencia policial se da en un contexto de alta tensión política y social, marcado por una participación ciudadana sin precedentes.
A partir de las 17 horas está prevista una movilización impulsada por organizaciones socioambientales, que convocaron a manifestarse bajo una consigna clara y disruptiva: “Hacer fila hasta que nos dejen hablar”. La protesta apunta directamente a cuestionar las limitaciones impuestas al proceso de participación.
El eje del conflicto radica en la drástica reducción de las posibilidades reales de exposición. Según datos difundidos por las propias organizaciones, de más de 100.000 personas inscriptas para participar en las audiencias, menos del 0,3% podrá tomar la palabra frente a los diputados. El esquema dispuesto prevé intervenciones presenciales durante la primera jornada y exposiciones virtuales en la segunda, dejando fuera a la gran mayoría de los interesados.
Desde los espacios convocantes denuncian que el diseño de las audiencias configura una restricción efectiva del derecho a la participación ciudadana en un debate de alto impacto ambiental y social. En ese sentido, advierten que no se trata solo de una cuestión logística, sino de una decisión política que condiciona el alcance del proceso deliberativo.
La protesta de esta tarde buscará visibilizar esa tensión: una convocatoria masiva que contrasta con un dispositivo institucional que, según los críticos, reduce la participación a una instancia meramente formal.
En paralelo, el tratamiento legislativo de la reforma avanza en un clima de creciente conflictividad, donde el reclamo por el acceso a la palabra se convirtió en uno de los principales focos de disputa.
