La Política Ambiental
El bloque oficialista de La Libertad Avanza avanzó con el cronograma legislativo y fijó el 8 de abril como fecha para tratar en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina la reforma de la Ley de Glaciares, con la expectativa de convertirla en ley esa misma semana. Según fuentes parlamentarias, el oficialismo asegura contar con los votos necesarios para aprobar la iniciativa.
La estrategia incluye una instancia previa clave: el martes 7 se realizará un plenario informativo de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales. Allí expondrán funcionarios del Poder Ejecutivo y un grupo reducido de gobernadores de provincias mineras, principalmente vinculados a las denominadas “mesas del cobre” y del litio. El oficialismo buscará ese mismo día firmar dictamen para acelerar su tratamiento en el recinto.
El proyecto introduce modificaciones sustantivas al régimen vigente. El punto más controvertido otorga a las provincias mayor potestad para definir en qué zonas periglaciares pueden habilitarse actividades extractivas, en función de su “función hídrica”.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma apunta a “ordenar” competencias y dar mayor previsibilidad a las inversiones. Sin embargo, para la oposición y organizaciones ambientales, este cambio implica una flexibilización de la ley actual que podría habilitar actividades en áreas sensibles, con impacto sobre cuencas hídricas compartidas.
El proceso previo al debate legislativo quedó bajo fuerte cuestionamiento. Más de 100.000 personas se inscribieron para participar en las audiencias públicas, pero solo una proporción mínima pudo exponer.
Legisladores opositores advierten que esta restricción podría afectar la legitimidad del procedimiento y anticipan posibles presentaciones judiciales si la norma es aprobada. El cuestionamiento no es menor: las audiencias públicas constituyen una herramienta clave de participación en materia ambiental.
En el plano político, el oficialismo cuenta con el respaldo de aliados del PRO y sectores de la UCR en las comisiones estratégicas, lo que le permitiría alcanzar el dictamen y reunir los votos necesarios en el recinto.
La iniciativa también se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno para recuperar iniciativa legislativa y revertir el desgaste político acumulado en las últimas semanas, apostando a una agenda vinculada al desarrollo productivo y la inversión.
El debate excede el ámbito local. En los últimos días, especialistas internacionales en glaciología y organismos como la UNESCO manifestaron preocupación por el alcance de la reforma.
En comunicaciones dirigidas al Congreso, advirtieron que el ambiente periglacial cumple un rol central en la regulación hídrica. Su alteración podría traducirse en pérdida de reservas de agua, reducción de caudales en períodos críticos y mayor vulnerabilidad frente a sequías, en un contexto global marcado por el retroceso acelerado de los glaciares.
La discusión sobre la Ley de Glaciares vuelve a exponer una tensión estructural: el impulso a sectores estratégicos como la minería frente a la necesidad de preservar recursos naturales críticos, especialmente el agua.
Con el tratamiento previsto para el 8 de abril, el Congreso se encamina a una definición que no solo impactará en el régimen ambiental, sino también en el modelo de desarrollo que el país busca consolidar en los próximos años.
