La Política Ambiental
En la antesala del tratamiento legislativo de la reforma de la Ley de Glaciares, una masiva movilización recorrió el centro porteño bajo la consigna “la ley no se toca”, en una señal de creciente conflictividad social frente al avance del proyecto en el Congreso.
La protesta, que tuvo como epicentro el Obelisco, adoptó la forma de una marcha de antorchas que combinó organizaciones ambientales, asambleas territoriales, colectivos científicos y militancia política. La convocatoria se replicó en distintas ciudades del país, consolidando un rechazo federal a la iniciativa oficialista.
La movilización se realizó en la previa del debate previsto en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde el oficialismo busca aprobar la reforma. En ese contexto, la protesta no solo tuvo un carácter simbólico, sino también estratégico: presionar a los legisladores indecisos y visibilizar el costo político de avanzar con cambios en una ley considerada clave para la protección del agua.
Durante la jornada, se repitió una consigna que sintetiza el núcleo del reclamo: la Ley de Glaciares “se ganó luchando y se va a defender luchando”. La referencia remite al proceso histórico de sanción de la norma, atravesado por fuertes disputas con sectores vinculados a la actividad minera.
Los manifestantes cuestionaron tanto el contenido del proyecto como el modo en que se desarrolló el debate previo. En particular, señalaron la limitación en la participación ciudadana durante las audiencias públicas, donde más de 100.000 personas se inscribieron pero solo una mínima parte pudo exponer.
Desde las organizaciones convocantes advierten que la reforma implicaría una flexibilización de los niveles de protección, al permitir que las provincias definan intervenciones en zonas periglaciares. Esto, sostienen, podría afectar reservas estratégicas de agua en un contexto de crisis climática.
La marcha de antorchas refleja un cambio de escala en el conflicto. El debate ya no se limita al ámbito parlamentario, sino que se trasladó a la calle con una articulación amplia de actores sociales, científicos y políticos.
Además de la movilización en la Ciudad de Buenos Aires, se registraron convocatorias en otras localidades, lo que evidencia una territorialización del reclamo y una preocupación extendida sobre el impacto de la reforma.
Con la sesión prevista en Diputados, el escenario combina dos dinámicas en tensión: por un lado, un oficialismo que afirma contar con los votos para avanzar; por otro, una movilización creciente que busca frenar o al menos condicionar el alcance de la reforma.
El resultado del debate legislativo no solo definirá el futuro de la Ley de Glaciares, sino también el peso efectivo de la presión social en una discusión donde confluyen intereses económicos, ambientales y políticos de alta sensibilidad.
