La Política Ambiental
El oficialismo logró dictamen en la Cámara de Diputados para avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares y se prepara para llevar el proyecto al recinto en los próximos días, con la intención de aprobarlo en una sesión clave que podría realizarse esta misma semana.
El dictamen contó con 37 firmas de diputados oficialistas y afines, del total de los 66 miembreos que participaron en la comision.
La firma del despacho en comisiones consolida una estrategia legislativa que apunta a acelerar el tratamiento del proyecto, en un contexto de fuerte controversia política, técnica y social. El objetivo del bloque de La Libertad Avanza es reunir los votos necesarios para convertir en ley una iniciativa que modifica sustancialmente el régimen de protección ambiental vigente.
La reforma introduce modificaciones centrales en la Ley de Glaciares, especialmente en lo relativo a las zonas periglaciares. Según el texto dictaminado, se flexibilizan las restricciones para permitir determinadas actividades productivas —entre ellas, proyectos mineros e hidrocarburíferos— en áreas que hoy están alcanzadas por prohibiciones más estrictas.
Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa busca “actualizar” la normativa para compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico, particularmente en provincias cordilleranas con fuerte potencial extractivo. En esa línea, remarcan la necesidad de generar condiciones más previsibles para atraer inversiones.
El avance del dictamen no estuvo exento de tensiones. El oficialismo logró imponerse en comisiones con el respaldo de bloques aliados, aunque el escenario en el recinto aparece más ajustado. La intención es tratar el proyecto de forma inmediata, en una sesión donde cada voto será determinante.
En paralelo, sectores opositores cuestionaron tanto el contenido de la reforma como la velocidad de su tratamiento. Legisladores de distintos bloques advirtieron sobre la falta de consensos amplios y anticiparon un debate intenso en el recinto.
Las organizaciones socioambientales y especialistas reiteraron su rechazo a la iniciativa. Señalan que la flexibilización del régimen vigente podría afectar glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce.
También persisten las críticas al proceso de participación ciudadana. Las audiencias públicas previas registraron una inscripción masiva —con decenas de miles de personas anotadas— pero con una participación efectiva muy limitada, lo que generó cuestionamientos sobre la legitimidad del mecanismo.
El tratamiento en Diputados se da en un contexto de creciente conflictividad. Organizaciones ambientales ya anticiparon que, en caso de aprobarse la reforma, podrían impulsar acciones judiciales basadas en principios del derecho ambiental, como el de no regresión.
De cara a la sesión prevista, el oficialismo apuesta a capitalizar el impulso del dictamen para lograr la media sanción, mientras la oposición y la sociedad civil buscan frenar o modificar un proyecto que vuelve a colocar en el centro de la agenda el futuro de los glaciares argentinos y el modelo de desarrollo en zonas sensibles.
