La Política Ambiental
La provincia de Mendoza volvió a ser escenario de un fuerte operativo policial durante una protesta en defensa del agua, que terminó con 8 personas detenidas en el marco de movilizaciones contra los cambios en la Ley de Glaciares. Organizaciones sociales y de derechos humanos denuncian que se trató de una represión desmedida y de detenciones arbitrarias contra manifestantes.
El accionar fue atribuido a fuerzas de seguridad bajo la órbita del gobierno de Alfredo Cornejo, en una jornada que, según testimonios, se desarrollaba de forma pacífica hasta la intervención policial.
Los nombres de las personas detenidas fueron difundidos por organizaciones que acompañan el reclamo. Se trata de:
Desde los espacios que siguen el caso sostienen que ninguno de ellos cometió delitos y que fueron detenidos por participar de una manifestación en defensa de bienes comunes.
De acuerdo a los testimonios relevados, las detenciones se produjeron cuando la movilización ya estaba finalizando. En ese momento, efectivos policiales avanzaron sobre grupos de manifestantes en el centro mendocino, incluso sobre personas que ya se estaban retirando del lugar.
Las denuncias incluyen uso de la fuerza, persecuciones y un operativo que, según señalan, no respondió a situaciones de violencia previa por parte de los manifestantes.
Organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos advierten que lo ocurrido no es un hecho aislado. Plantean que existe un patrón de represión frente a las movilizaciones contra el avance de la minería y en defensa del agua en la provincia.
En ese sentido, sostienen que el derecho a la protesta está siendo limitado y que las detenciones funcionan como un mecanismo de disciplinamiento social.
Lo ocurrido en Mendoza no aparece como un hecho aislado. La provincia ya fue escenario de fuertes represiones durante las masivas movilizaciones en defensa de la Ley 7722, cuando miles de personas salieron a las calles para frenar cambios en la normativa que protege el agua frente a la actividad minera.
En este nuevo escenario, organizaciones y asambleas advierten que el gobierno de Alfredo Cornejo vuelve a recurrir al uso de la fuerza pública, enviando a la policía a reprimir manifestaciones sociales. Además, señalan su rol como uno de los impulsores de los cambios en la Ley de Glaciares, en un contexto donde la conflictividad social crece y el debate por el modelo extractivo vuelve a tensar a la provincia.
Frente a este escenario, asambleas y organizaciones de Mendoza difundieron un duro comunicado en el que denuncian un patrón de represión y persecución:
“Mendoza, una vez más, es escenario de represión. El pueblo mendocino vuelve a ser obligado a callar sus expresiones mediante el uso de la violencia institucional, en plena democracia, bajo las órdenes del gobierno de Alfredo Cornejo, que suma ya 41 personas secuestradas en manifestaciones por el agua y los bienes comunes.
Denunciamos las detenciones ilegales llevadas adelante durante las manifestaciones, en un contexto donde ejercer el derecho a protestar se transforma, sistemáticamente, en motivo de persecución. Mientras tanto, desde los espacios de poder, sus aliados avanzan en la entrega de la cordillera y el agua para las futuras generaciones.
Esta represión sistemática hacia cada marcha autoconvocada no hace más que evidenciar intereses políticos propios. No se trata de hechos aislados: es un patrón. No es seguridad: es disciplinamiento. No es democracia: es control.
Exigimos la inmediata liberación de todas las personas detenidas ilegítimamente y el cese de la represión. Responsabilizamos al gobierno provincial por cualquier vulneración a la integridad física y psicológica de quienes fueron detenidos.
Mendoza no calla. Mendoza resiste.”
