La Política Ambiental
La liberación de los manifestantes detenidos tras la marcha contra la reforma de la Ley de Glaciares en Mendoza no cerró el conflicto. Por el contrario, volvió a poner en evidencia una tensión creciente entre el gobierno provincial y los movimientos ambientales.
La protesta, realizada en el centro de la capital mendocina, terminó con un operativo policial que dejó al menos ocho personas detenidas, en un contexto que organizaciones califican como un nuevo episodio de criminalización de la protesta.
Entre las personas arrestadas durante la movilización se encuentran:
Las detenciones se produjeron tras el cierre de la marcha, en medio de un operativo que incluyó presencia policial masiva y momentos de tensión en la vía pública.
Todos fueron imputados por contravenciones vinculadas a disturbios o interrupción del tránsito, en una causa que fue cuestionada por organizaciones sociales y abogados defensores.
La movilización se dio en rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares, una normativa clave para la protección de reservas de agua en zonas de alta montaña.
En Mendoza, el tema tiene un peso particular: la provincia depende en gran medida del agua de deshielo, por lo que cualquier modificación en la protección de glaciares y ambientes periglaciares genera fuerte rechazo social.
La protesta reunió a asambleas ambientales, vecinos y organizaciones que vienen sosteniendo desde hace años la consigna de “defender el agua”.
Tras las detenciones, organizaciones denunciaron un patrón que, aseguran, no es nuevo en la provincia. Apuntan directamente a la gestión del gobernador Alfredo Cornejo, a quien acusan de endurecer la respuesta frente a las protestas ambientales.
Según estos sectores, se repiten prácticas como:
En ese marco, sostienen que existe una estrategia para desalentar la participación en movilizaciones.
El conflicto no se limita a la capital. En Uspallata, uno de los principales focos de resistencia a la actividad minera, vecinos y comunidades vienen denunciando desde hace tiempo situaciones similares.
Allí, la oposición a proyectos extractivos ha derivado en episodios de tensión con fuerzas de seguridad y en procesos judiciales contra asambleístas.
Para las organizaciones, lo ocurrido en la última marcha forma parte de esa misma lógica: una persecución sostenida hacia quienes cuestionan el avance de la minería en zonas sensibles.
Aunque los detenidos fueron liberados, el episodio dejó un escenario cargado. Por un lado, un gobierno provincial que impulsa cambios en el marco normativo para habilitar actividades extractivas. Por otro, un movimiento ambiental que advierte sobre los riesgos para el agua y los ecosistemas de montaña.
La calle volvió a ser el espacio donde se expresa esa disputa. Y lo ocurrido en Mendoza muestra que, lejos de resolverse, el conflicto por los glaciares y el modelo productivo sigue escalando.
