La Política AmbientalEl ministro de Producción del Chaco, Oscar Dudik, presentó una denuncia judicial contra el ex asesor legal de la Dirección de Bosques, Abel Andreis, por un presunto conflicto de intereses vinculado a su actividad profesional posterior en el ámbito privado.
Según consta en la presentación —caratulada “Ministerio de la Producción S/ Denuncia 3290/2026-2”—, el abogado habría pasado a representar a empresas y particulares que fueron objeto de investigaciones, allanamientos y sanciones durante el período en que él mismo se desempeñaba como asesor del organismo provincial.
El planteo oficial sostiene que Andreis no solo intervino en expedientes administrativos vinculados a infracciones forestales, sino que además promovió medidas judiciales contra esos mismos actores. La controversia surge porque, ya en el ejercicio privado, estaría actuando en favor de quienes previamente habían sido alcanzados por decisiones en cuya tramitación participó.
Entre las actuaciones que se mencionan, se incluyen pedidos de nulidad de procedimientos, restitución de maquinaria y cuestionamientos a sanciones administrativas dictadas en el marco de la política de control forestal. En ese contexto, la denuncia busca determinar si existe una incompatibilidad en el ejercicio profesional o una eventual vulneración de deberes vinculados a la función pública.
Desde el Ministerio señalaron que la situación podría afectar la imparcialidad de los procesos administrativos y judiciales, así como la confianza en los mecanismos de control estatal. “No vamos a permitir situaciones que generen sospechas sobre la transparencia institucional”, afirmó Dudik.
Por el momento, la causa apunta a establecer si la conducta encuadra en alguna figura prevista en el Código Penal o si se trata de una cuestión de ética e incompatibilidades propias del ejercicio profesional tras el paso por la función pública.
El caso abre un debate más amplio sobre los límites entre la experiencia adquirida en el Estado y su utilización posterior en el ámbito privado, especialmente en sectores sensibles como el control de desmontes y la fiscalización ambiental.
