La relación entre empresas y ambiente en Argentina entró en una etapa más exigente. La crisis climática dejó de ser un factor abstracto y se transformó en un condicionante concreto para la actividad económica. En ese contexto, la llamada “licencia social para operar” dejó de ser un concepto teórico: hoy funciona como un umbral real que define si una compañía puede sostener su actividad o queda expuesta a sanciones, litigios o pérdida de mercados internacionales.
El cambio no es solo cultural. También es jurídico y económico. A las multas tradicionales se suman nuevas herramientas: litigios estratégicos, sanciones reputacionales y, en algunos casos, responsabilidad penal para directivos. El resultado es un escenario más complejo, donde el costo de incumplir normas ambientales ya no se mide únicamente en términos financieros.
