La Política AmbientalSi el fallo queda firme, el caso podría fijar criterios sobre un punto estructural del derecho ambiental: los límites del derecho de propiedad frente a bienes colectivos protegidos.
Desde el Ministerio Público Fiscal, encabezado por Florencia Gómez, sostienen que el conflicto excede la conducta individual del imputado. La discusión de fondo es si el uso de la propiedad privada puede habilitar intervenciones que afecten ecosistemas de alto valor ecológico.
El criterio que impulsa la acusación es restrictivo: ningún interés económico puede justificar la degradación de un ambiente protegido, especialmente cuando se trata de especies silvestres en período reproductivo.
Los hechos investigados se remontan a 2021. Durante ese período, maquinaria pesada fue utilizada en un campo lindero a la reserva para abrir caminos y modificar el terreno en plena temporada de reproducción del pingüino de Magallanes.
Según quedó acreditado en juicio, esas intervenciones provocaron la destrucción de nidos, huevos y pichones. A esto se sumó la instalación de un alambrado electrificado que obstaculizó el desplazamiento de las aves entre la costa y las zonas de nidificación, generando la muerte de ejemplares adultos.
La reconstrucción fáctica fue considerada suficiente por los tribunales inferiores para configurar tanto el daño ambiental como actos de crueldad animal.
En noviembre de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal de Rawson dictó condena contra La Regina. Luego, en mayo de 2025, la Cámara Penal de Trelew confirmó la sentencia.
Ahora, el caso llega a la última instancia provincial. Lo que resuelva el Superior Tribunal de Justicia de Chubut será determinante: si ratifica la condena, el fallo quedará firme y solo podría ser revisado por la vía extraordinaria ante la Corte Suprema.
El expediente fue seguido de cerca por organizaciones ambientales y científicas. Entre ellas, Greenpeace y la Fundación Patagonia Natural, que advirtieron sobre el impacto institucional de la decisión.
El argumento es claro: una eventual revocación podría debilitar la respuesta judicial frente a delitos ambientales, en un contexto donde la persecución penal de estos hechos todavía es incipiente.
El peso simbólico del caso también está ligado al lugar donde ocurrió. Punta Tombo es la mayor colonia continental de pingüinos de Magallanes del mundo, con miles de ejemplares que cada año utilizan el área para reproducirse. Además de su valor ecológico, es un eje central del turismo en Chubut.
Más allá de la situación penal del imputado, la resolución puede tener efectos concretos: consolidar estándares de responsabilidad penal por daño ambiental, reforzar la protección jurídica de la fauna silvestre, habilitar medidas de recomposición sobre el área afectada, y fijar límites operativos al uso de la propiedad privada en zonas sensibles.
El caso Punta Tombo ya es un punto de referencia. Lo que decida el tribunal terminará de definir si también se convierte en un precedente estructural para la justicia ambiental argentina.
