La Política Ambiental
La situación en la zona industrial de Ensenada, ubicada a solo 10 kilómetros de La Plata y a 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, ha llegado a un punto de quiebre. El Consejo Profesional de Química bonaerense rompió el silencio para denunciar que la región opera bajo condiciones de seguridad ambiental "insuficientes", fundamentando su advertencia en un dato oficial contundente: desde el año 2017 a la fecha, se han registrado 232 emergencias químicas comunicadas por la propia empresa YPF.
Este reporte pone en duda la efectividad de los controles por parte del Ministerio de Ambiente y la Subsecretaría de Emergencias de la provincia, ya que la frecuencia de estos eventos —que incluyen incendios, fugas y paradas de planta no programadas— lejos de disminuir, se ha mantenido constante durante casi una década.
La denuncia técnica detalla que la acumulación de incidentes ha degradado los protocolos de seguridad. Los hechos principales que sostienen la alerta son:
Saturación de incidentes: Los 232 eventos reportados desde 2017 no son fallas menores; representan situaciones donde la operatividad de la planta salió de control, obligando a activar venteos de emergencia que liberan gases y material particulado sobre las zonas residenciales de Ensenada y Berisso.
Contaminación por Coque: La planta de Copetro, situada en el corazón de la zona portuaria, continúa emitiendo partículas de carbón que afectan al barrio Campamento. A pesar de los reclamos históricos y fallos judiciales previos, el sistema de confinamiento de este material sigue presentando fallas que el Estado no sanciona con rigor.
Opacidad informativa: Los organismos profesionales denuncian un "apagón" de datos. Actualmente, la población no cuenta con estaciones de monitoreo de aire en tiempo real que sean independientes de las empresas que generan la contaminación.
El conflicto ambiental no se limita a la actividad química. En paralelo, organizaciones como Nuevo Ambiente han denunciado que, durante este abril de 2026, han continuado obras municipales y provinciales en la zona de la Isla Santiago.
Estas intervenciones sobre el monte ribereño —protegido por leyes provinciales y medidas cautelares— eliminan la barrera forestal que funciona como "pulmón" y escudo ante las emanaciones del polo petroquímico. La destrucción de este ecosistema de selva marginal, el más austral del mundo, agrava la exposición directa de la comunidad a los contaminantes industriales.
El informe del Consejo de Química es lapidario respecto al rol de los organismos de control. Se señala que la recurrencia de las emergencias demuestra que las inspecciones son meramente administrativas y no técnicas. No existe un plan de contingencia regional actualizado para una población que, en caso de una catástrofe mayor en la refinería, no tiene vías de evacuación claras ni protocolos de refugio ensayados.
La infraestructura del polo industrial, que es un activo energético estratégico para el país, muestra signos de agotamiento en sus sistemas de mitigación. La advertencia emitida este mes busca forzar una intervención directa sobre la planta y una inversión inmediata en tecnología de seguridad para evitar que la próxima emergencia, de las cientos acumuladas desde 2017, derive en una tragedia humana y ambiental de alcance regional.
