La Política Ambiental
Una fuerte controversia política y ambiental sacude a la provincia de Río Negro tras denuncias que apuntan al gobernador Alberto Weretilneck por haber autorizado tres centrales hidroeléctricas en la cordillera sin intervención de la Legislatura. El caso no solo pone en discusión el procedimiento, sino también el avance de capitales extranjeros sobre recursos estratégicos en una de las regiones más sensibles del país.
El entramado empresarial es uno de los puntos más calientes del conflicto. La concesión fue otorgada a Río Villegas S.A.U., una firma vinculada directamente a Baguales Acquisitions S.A., la sociedad que controla el desarrollo en la zona cordillerana.
Detrás de esa estructura aparece el empresario qatarí Abdulhadi Mana Al Hajri, integrante del círculo cercano a la familia real de Qatar, junto al extenista argentino Gastón Gaudio, quien figura como socio en el proyecto.
El grupo controla miles de hectáreas en la meseta de Baguales, una zona de alto valor ambiental cercana a Bariloche, donde se desarrolla un exclusivo complejo turístico de lujo.
La provincia habilitó la construcción de tres microcentrales hidroeléctricas —conocidas como ChiBa I, II y III— sobre el arroyo Baguales.
El dato central es que la energía generada no será destinada al sistema público, sino que se utilizará exclusivamente para abastecer el emprendimiento privado, que incluye lodges de alta gama y una residencia de lujo.
Además, la concesión otorga el uso de agua pública por un plazo de hasta 30 años, lo que refuerza las críticas sobre el manejo de un recurso estratégico.
El punto más cuestionado es el mecanismo utilizado. Según las denuncias, el permiso fue otorgado mediante una resolución administrativa del organismo provincial de aguas, sin pasar por la Legislatura.
Esto genera un conflicto legal, ya que en Río Negro los aprovechamientos hidroeléctricos suelen requerir aprobación legislativa, especialmente cuando implican concesiones sobre recursos públicos.
Sectores políticos advierten que podría tratarse de una decisión inconstitucional, al haberse evitado el debate parlamentario.
El proyecto también está bajo la lupa por su ubicación. Se desarrolla en una zona de montaña con bosques nativos, cursos de agua y biodiversidad sensible.
Entre los cuestionamientos más fuertes aparecen:
Incluso se señala que parte del área podría estar dentro de categorías de protección ambiental, lo que agrava el conflicto.
Otro de los ejes más críticos es el destino del recurso. El agua, considerada un bien público, fue concesionada para un proyecto que no tiene impacto directo en el sistema energético provincial.
En la práctica, se trata de energía generada con recursos naturales públicos para abastecer un desarrollo privado de alto nivel económico.
Esto reaviva un debate histórico en la Patagonia: quién controla los recursos naturales y quién se beneficia de su explotación.
El caso Baguales no aparece aislado. Se inscribe en un proceso más amplio de adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros en la región cordillerana.
La presencia de inversores internacionales en zonas cercanas a áreas protegidas, fronteras y reservas naturales genera preocupación por el control territorial y la soberanía.
La polémica ya llegó a la Legislatura y podría derivar en pedidos de nulidad, investigaciones administrativas e incluso causas judiciales.
En paralelo, crecen los cuestionamientos políticos hacia la gestión de Alberto Weretilneck por la forma en que se autorizó el proyecto.
Más allá del resultado, el caso deja expuesta una tensión de fondo: el avance de inversiones privadas sobre recursos estratégicos sin mecanismos claros de control.
En la Patagonia, esa discusión vuelve a quedar en el centro. Y esta vez, con nombres propios, empresas identificadas y un recurso clave en juego: el agua.
