La Política Ambiental
Un nuevo caso de violencia contra la fauna silvestre sacude a la provincia de Catamarca. La Justicia imputó a un hombre acusado de capturar y matar a un puma en el departamento Ambato, un hecho que generó fuerte rechazo social y volvió a poner en agenda la protección de especies nativas.
El episodio ocurrió en una zona serrana del departamento Ambato, a unos 50 a 60 kilómetros al norte de la capital catamarqueña. Allí, el animal fue perseguido, capturado y finalmente muerto, en un contexto que generó conmoción por el nivel de violencia.
El caso tomó relevancia no solo por lo ocurrido, sino también por la difusión de imágenes y testimonios que evidenciaron el accionar.
La Fiscalía de Instrucción N°6 del Distrito Oeste, a cargo del fiscal Facundo Barros Jorrat, imputó e indagó a Diego Antonio Carrizo por el delito de crueldad animal.
La causa se inició a partir de una denuncia y su posterior ampliación, y se fue consolidando con distintos elementos: declaraciones testimoniales, una infracción a la normativa de Fauna Silvestre, actuaciones remitidas por el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, un acta de inspección judicial y otras pruebas incorporadas al expediente.
Con estos elementos, la Justicia avanzó formalmente contra el acusado.
El puma es una especie protegida en Argentina y cumple un rol clave en el ecosistema. Como depredador tope, regula poblaciones de otras especies y contribuye al equilibrio ambiental.
Su caza o eliminación no solo implica la pérdida de un ejemplar, sino que impacta en todo el entorno natural.
El caso de Ambato vuelve a poner en evidencia una problemática recurrente en distintas regiones del país: el conflicto entre actividades humanas y fauna silvestre.
Sin embargo, especialistas advierten que la eliminación de estos animales no resuelve el problema, sino que agrava el desequilibrio ecológico.
La imputación generó repercusión y volvió a instalar el debate sobre la protección de la fauna en Argentina. Organizaciones ambientalistas y sectores de la sociedad reclaman mayor control, sanciones efectivas y políticas que promuevan la convivencia con especies nativas.
Mientras la causa avanza, el caso deja una pregunta abierta:
hasta qué punto se está protegiendo realmente a los animales silvestres en el país.
