La Política Ambiental
La decisión del Gobierno de Javier Milei de poner fin a las contribuciones obligatorias que financiaban a la Corporación Vitivinícola Argentina generó fuerte preocupación en las principales provincias vitivinícolas del país, donde el sector advierte por el impacto económico, institucional y productivo de la medida.
La resolución oficial también dio por finalizado el esquema del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), una herramienta que durante más de dos décadas articuló políticas de desarrollo, exportación y promoción del vino argentino.
El anuncio provocó tensión inmediata en provincias como Mendoza, San Juan, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta y también Catamarca, donde la vitivinicultura representa una actividad clave para el empleo, las economías regionales y las exportaciones.
La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) es una entidad creada para coordinar y ejecutar políticas estratégicas para toda la cadena vitivinícola nacional. Reunía a productores, bodegas, cooperativas, gobiernos provinciales e instituciones técnicas bajo un mismo esquema de planificación.
El financiamiento provenía de aportes obligatorios realizados por actores de la actividad vitivinícola. Esos fondos sostenían programas vinculados a:
El Plan Estratégico Vitivinícola funcionaba además como una hoja de ruta para ordenar objetivos productivos y comerciales a largo plazo en una industria fuertemente ligada a las economías regionales.
Por eso, gran parte del sector interpreta la eliminación de los aportes como un golpe directo a la estructura de coordinación que sostenía al programa.
En Mendoza, principal provincia vitivinícola del país, la medida fue recibida con fuerte preocupación por cámaras empresarias, cooperativas y productores.
El temor central es que la eliminación del financiamiento afecte la capacidad de sostener estrategias comunes de promoción internacional y debilite la articulación entre el sector público y privado.
En San Juan, donde además del vino tiene peso la producción de mosto y uva para industria, también surgieron críticas por el impacto que podría tener sobre pequeños y medianos productores.
Sectores de la actividad advierten que el contexto económico actual vuelve más delicada cualquier modificación estructural en la industria.
La preocupación también alcanza a provincias emergentes del mapa vitivinícola argentino.
En Neuquén y Río Negro, donde la producción de vinos patagónicos ganó presencia internacional en los últimos años, existe inquietud por la pérdida de herramientas de promoción conjunta.
En La Rioja y Salta, el debate también se relaciona con el impacto regional: la vitivinicultura es una actividad que sostiene empleo, turismo y producción local.
En Catamarca, referentes del sector advirtieron que eliminar el financiamiento de la COVIAR implica debilitar herramientas fundamentales para provincias con menor escala productiva. Productores locales alertaron que sin recursos para promoción y planificación, las regiones más pequeñas quedan en desventaja frente a los grandes actores del mercado.
El temor compartido entre las provincias es que la eliminación del esquema termine afectando especialmente a los sectores más chicos, con menor capacidad de financiamiento propio.
La medida generó cuestionamientos directos al Gobierno de Javier Milei por avanzar sobre un esquema institucional que llevaba más de veinte años funcionando.
Las críticas apuntan a:
También surgieron advertencias sobre el impacto que puede tener la decisión en la competitividad internacional del vino argentino.
La vitivinicultura argentina no es solo una actividad económica. Es una de las industrias regionales más importantes del país, con fuerte peso exportador y presencia internacional.
El vino argentino funciona además como marca país, especialmente a través del Malbec y otras variedades que lograron posicionarse en mercados globales.
Por eso, la decisión del Gobierno abrió un conflicto que excede lo administrativo. En las provincias vitivinícolas crece la preocupación por el futuro de un modelo que durante años articuló producción, exportación y desarrollo regional.
