La Política Ambiental
La reforma de la Ley de Glaciares impulsada a nivel nacional ya comenzó a generar repercusiones políticas en distintas provincias. En Tucumán, legisladores presentaron proyectos para impedir el avance de actividades mineras en zonas glaciales y periglaciares de la Sierra del Aconquija, ante el temor de que los cambios aprobados por el Congreso debiliten la protección ambiental sobre reservas estratégicas de agua.
Las iniciativas fueron impulsadas por la legisladora oficialista Carolina Vargas Aignasse, del bloque Justicialista, y por Walter Berarducci, del espacio Compromiso Tucumán. Ambos planteos surgieron luego de la modificación de la Ley de Glaciares, que ahora deja en manos de las provincias la decisión sobre qué cuerpos de hielo deben ser protegidos y cuáles podrían habilitarse para actividades productivas o extractivas.
Uno de los puntos centrales del debate es que Tucumán posee al menos 122 cuerpos de hielo identificados oficialmente dentro del Inventario Nacional de Glaciares realizado por el IANIGLA, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
Aunque no tienen el aspecto clásico de los grandes glaciares patagónicos, muchos de ellos son glaciares rocosos o de escombros ubicados en las altas cumbres del Aconquija y cumplen un rol fundamental en la regulación del agua dulce y el equilibrio hídrico provincial.
Especialistas remarcan que estos reservorios naturales son estratégicos frente al avance del cambio climático, las sequías y el estrés hídrico que afecta cada vez más a distintas regiones del país.
El proyecto presentado por Carolina Vargas Aignasse busca establecer una protección integral sobre glaciares y ambientes periglaciares tucumanos, considerándolos reservas estratégicas de agua y bienes ambientales colectivos.
La iniciativa prohíbe expresamente:
Además, el proyecto plantea que todos los glaciares identificados por el inventario científico nacional queden automáticamente protegidos, manteniendo criterios similares a los que tenía la ley nacional original antes de la reforma.
Por su parte, Walter Berarducci presentó una propuesta que también busca restringir la minería en zonas glaciales y periglaciares, aunque con una postura más flexible. Su proyecto permitiría determinadas actividades extractivas únicamente si estudios técnicos demuestran que el impacto ambiental sería insignificante.
La preocupación surgió luego de que la nueva reforma nacional modificara aspectos centrales de la Ley 26.639 sancionada originalmente en 2010.
Entre los cambios más cuestionados aparecen:
Especialistas y organizaciones ambientales advierten que esto podría permitir que cada provincia defina qué glaciares considera importantes y cuáles podrían quedar liberados para proyectos extractivos.
También cuestionan que la reforma debilite el rol científico del IANIGLA y deje abierto quién deberá encargarse de realizar futuros inventarios y controles sobre los cuerpos de hielo.
El debate también dejó expuestas diferencias políticas dentro de la provincia.
Mientras algunos sectores legislativos impulsan mayores restricciones ambientales, el gobernador Osvaldo Jaldo respaldó la reforma nacional y defendió la autonomía provincial para decidir sobre sus recursos naturales.
El mandatario sostuvo que Tucumán no es actualmente una provincia minera porque la explotación metalífera está prohibida por leyes provinciales, aunque sí se encuentra habilitada la exploración minera.
En ese contexto, el avance de nuevos proyectos legislativos busca evitar futuras flexibilizaciones sobre zonas consideradas claves para el abastecimiento de agua y la conservación ambiental.
Detrás del debate sobre glaciares aparece una discusión mucho más profunda vinculada al control del agua y los recursos naturales.
Ambientalistas y sectores científicos sostienen que los glaciares y ambientes periglaciares funcionan como reservas estratégicas fundamentales para el futuro, especialmente en regiones cada vez más afectadas por la crisis climática.
Por eso, advierten que permitir actividades extractivas en estas áreas podría generar impactos irreversibles sobre cuencas hídricas, ecosistemas de montaña y el abastecimiento de agua para millones de personas.
