La Política Ambiental
La Comunidad Atacameños del Altiplano presentó un Recurso Extraordinario Federal contra el fallo de la Corte de Justicia de Catamarca que dejó sin efecto la medida cautelar que protegía la subcuenca del Río Los Patos – Salar del Hombre Muerto frente al avance de nuevos proyectos mineros.
Ahora será la propia Corte provincial la que deberá decidir si concede el recurso y habilita la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La decisión judicial volvió a encender el conflicto ambiental y territorial en una de las regiones más sensibles para la extracción de litio en Argentina.
La medida cautelar había sido dictada en 2024 y ordenaba suspender nuevos permisos, autorizaciones y declaraciones de impacto ambiental vinculadas a obras y actividades mineras en la zona.
El objetivo era impedir el avance de nuevos proyectos hasta contar con un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral sobre toda la subcuenca.
La resolución judicial reconocía que existían dudas sobre el impacto conjunto de la actividad minera en el territorio, especialmente sobre el agua subterránea, los salares, las vegas altoandinas y los ecosistemas asociados.
Para la comunidad indígena, esa cautelar representaba una protección mínima frente al crecimiento acelerado de la minería de litio en la región.
Sin embargo, la Corte de Justicia de Catamarca resolvió levantar la cautelar apoyándose en un EGIA, un Estudio de Gestión Integral Ambiental impulsado por el Gobierno provincial.
La comunidad cuestiona fuertemente ese informe porque fue elaborado por una consultora privada y aprobado pocas semanas antes del fallo judicial.
Además, denuncian una contradicción central: el estudio utilizó información técnica y antecedentes de 2019 y 2021, junto con datos aportados por las propias empresas mineras, documentación que ya había sido considerada insuficiente cuando originalmente se dictó la cautelar.
Según sostienen, la Corte provincial terminó utilizando los mismos elementos que antes no alcanzaban para garantizar protección ambiental, pero ahora como fundamento para habilitar nuevamente el avance minero.
Otro de los puntos más cuestionados por la comunidad es que nunca fue convocada a una audiencia pública antes de la resolución judicial.
La Comunidad Atacameños del Altiplano asegura que pidió en reiteradas oportunidades participar del proceso y ser escuchada formalmente, pero que sus reclamos no fueron incorporados antes de una decisión que impacta directamente sobre su territorio ancestral.
Para las comunidades indígenas, el conflicto no se limita solamente a una discusión técnica o económica, sino que involucra el acceso al agua, la preservación de las vegas altoandinas y la continuidad de formas de vida históricas ligadas al territorio.
Mientras la disputa judicial continúa, el avance de la minería de litio sigue creciendo en el Salar del Hombre Muerto, una de las zonas más importantes del país para este tipo de explotación.
En el área operan proyectos que extraen grandes volúmenes de agua subterránea, aunque todavía persisten fuertes incertidumbres científicas sobre el funcionamiento integral del acuífero.
Entre las principales dudas señaladas por especialistas y comunidades aparecen:
La comunidad sostiene que todavía no existen respuestas claras sobre cómo afectará a largo plazo la extracción intensiva de agua en una región extremadamente frágil desde el punto de vista ambiental.
En el centro del reclamo aparece una idea que las comunidades repiten desde hace años: el territorio no puede ser reducido únicamente a indicadores productivos o estudios técnicos elaborados para habilitar inversiones.
“El Río Los Patos no es una variable técnica. No es una zona vacía. No es agua disponible para el negocio minero”, sostienen desde la comunidad atacameña.
La frase resume el trasfondo de un conflicto cada vez más profundo entre el avance de la minería de litio, la protección ambiental y los derechos territoriales indígenas en el norte argentino.
