La Unión Europea ratificó que su ley contra la deforestación entrará en vigor en 2026 pese a la presión de la agroindustria

La Unión Europea confirmó este lunes que la ley contra la deforestación comenzará a aplicarse a finales de 2026, pese a las fuertes presiones de sectores agroindustriales y de algunos países europeos que buscaban postergar nuevamente su implementación.

La normativa, considerada una de las políticas ambientales más ambiciosas impulsadas por el bloque en los últimos años, busca impedir la comercialización dentro de la UE de productos vinculados a la destrucción de bosques después de 2020. Entre ellos aparecen materias primas clave del comercio global como soja, cacao, café, aceite de palma y madera.

La decisión fue anunciada por la Comisión Europea, que descartó reabrir el debate de fondo sobre la ley y ratificó el calendario previsto tras dos aplazamientos anteriores que habían generado preocupación entre organizaciones ambientales.

Diversas ONG temían que las negociaciones terminaran desmantelando la norma o debilitando significativamente sus controles, especialmente ante la presión de sectores productivos que cuestionan el impacto económico y comercial de las nuevas exigencias ambientales.

Aunque Bruselas mantuvo el núcleo central de la legislación, sí introdujo algunos cambios que despertaron fuertes críticas. El principal apunta a la exclusión del cuero de la lista de productos alcanzados por la regulación.

Desde Greenpeace calificaron la decisión como “inaceptable” y denunciaron que representa “una brecha en la ley para satisfacer a poderosas marcas de moda”. La organización ambiental sostiene que la cadena de suministro del cuero está estrechamente vinculada a procesos de deforestación, especialmente en regiones como la Amazonía.

En la misma línea, la eurodiputada ecologista Marie Toussaint advirtió que excluir al cuero implica beneficiar a sectores contaminantes, recordando que la ganadería representa alrededor del 13 % de la deforestación importada por Europa.

Sin embargo, Toussaint destacó que la Comisión Europea finalmente no avanzó con otras propuestas impulsadas por sectores conservadores y de extrema derecha que pretendían flexibilizar aún más la ley mediante la creación de una categoría de “riesgo cero”.

Esa categoría habría permitido exceptuar a determinadas empresas o países de las obligaciones de trazabilidad y control ambiental previstas en la normativa, bajo el argumento de que sus cadenas productivas no generan impacto forestal significativo.

La comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, ya había adelantado en las últimas semanas que la Comisión no tenía intención de reabrir ese debate. Este lunes volvió a insistir en la necesidad de avanzar hacia la implementación definitiva de la regulación.

“Ahora debemos trabajar todos por el éxito de la entrada en vigor de la ley de aquí a finales de 2026 y mantener presente su objetivo: reducir la deforestación a escala mundial”, sostuvo la funcionaria.

La legislación europea es seguida de cerca por países exportadores de materias primas agrícolas y forestales, entre ellos Argentina y Brasil, debido a que obligará a demostrar que los productos comercializados en el mercado europeo no provienen de áreas desmontadas después de 2020.

El reglamento también podría impactar sobre cadenas productivas vinculadas al agronegocio y a la expansión ganadera en América Latina, una de las regiones con mayores índices de deforestación del planeta.