La Política Ambiental
El asesinato del defensor ambiental y sargento retirado Remigio Guamán volvió a poner en evidencia el nivel de violencia que atraviesan las comunidades que resisten el avance minero en Ecuador. Guamán fue atacado por sicarios en motocicleta la mañana del sábado 9 de mayo de 2026 mientras circulaba junto a sus dos hijas en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro.
El crimen ocurrió en un contexto extremadamente sensible: días antes, Guamán había denunciado presuntos hechos de corrupción vinculados a actividades mineras ilegales y a sectores de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
Según organizaciones ambientales y referentes comunitarios, el asesinato no puede ser interpretado como un hecho aislado ni como un episodio de violencia común. Por el contrario, sostienen que forma parte de una estructura de intimidación y persecución contra quienes defienden el agua, el territorio y los ecosistemas frente al avance extractivo.
Tras el asesinato, un militar en servicio pasivo y cercano a Guamán difundió una denuncia pública en la que acusa a altos mandos militares de permitir operaciones mineras dentro de terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa.
Las acusaciones apuntan a actividades desarrolladas en Bellamaría, Palmales y Piedra Redonda, en la provincia de El Oro. Según esa denuncia, la concesión minera denominada “Antonio” estaría operando sin licencia ambiental ni permisos correspondientes.
El exmilitar aseguró que el único respaldo documental sería un derecho de servidumbre firmado por el comandante de la Brigada de El Oro, coronel Ordóñez. También denunció que las comunidades afectadas realizaron presentaciones ante la Fiscalía, el Municipio de Santa Rosa y el Ministerio de Defensa, pero que ninguna institución intervino para detener las operaciones.
Uno de los puntos más graves señalados por las comunidades es que efectivos militares estarían brindando protección y seguridad a maquinaria utilizada en actividades mineras cuestionadas.
De acuerdo con allegados a Guamán, el exsargento había comenzado a denunciar públicamente estas situaciones poco antes de ser asesinado.
El Frente Nacional Antiminero vinculó directamente el crimen con el crecimiento del extractivismo en Ecuador. La organización recordó además el asesinato del defensor ambiental Manuel Cabrera, ocurrido en febrero pasado en El Guabo, también en la provincia de El Oro.
Para los movimientos territoriales, existe un patrón cada vez más evidente de amenazas, persecución y violencia contra referentes ambientales que cuestionan proyectos extractivos.
“El asesinato de Remigio Guamán no constituye violencia común”, señalaron desde organizaciones antiextractivistas, que denuncian la existencia de redes de poder político, económico y territorial vinculadas a la expansión minera.
El crimen ocurre además pocas semanas después de la firma del contrato de explotación del megaproyecto minero Cangrejos, uno de los emprendimientos de minería a cielo abierto más grandes previstos en Ecuador.
El proyecto está planificado para operar durante 26 años en los cantones de Santa Rosa y Atahualpa, generando fuertes cuestionamientos por su impacto ambiental, el uso intensivo de agua y las consecuencias sociales para las comunidades rurales.
El militar retirado que hizo públicas las denuncias afirmó que decidió hablar por pedido de las comunidades afectadas y aseguró temer por su seguridad.
En su mensaje responsabilizó directamente a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa y al gobierno ecuatoriano por cualquier atentado contra su integridad física.
Las organizaciones ambientales exigieron investigaciones independientes sobre los asesinatos de Remigio Guamán y Manuel Cabrera, además de sanciones para los autores materiales e intelectuales, incluyendo posibles responsabilidades de funcionarios civiles o militares.
También reclamaron medidas urgentes de protección para defensores ambientales, comunidades campesinas y referentes territoriales que denuncian actividades extractivas en distintas regiones del país.
El caso volvió a exponer una problemática que atraviesa a gran parte de América Latina: el crecimiento de conflictos socioambientales en territorios donde avanzan proyectos mineros, petroleros y extractivos, muchas veces acompañados por militarización, criminalización y violencia contra las comunidades locales.
