La Política Ambiental
Un nuevo conflicto por la extranjerización de tierras volvió a sacudir a la Patagonia argentina. En Río Negro, la legisladora provincial Magdalena Odarda presentó un proyecto para declarar la nulidad absoluta de las operaciones inmobiliarias que permitieron que más de 14 mil hectáreas ubicadas en una zona estratégica de la cordillera quedaran bajo estructuras vinculadas al Estado de Emiratos Árabes Unidos.
La iniciativa apunta directamente a las tierras ubicadas en las nacientes del Río Chubut, una región considerada clave por su valor ambiental, hídrico y geopolítico. Además, solicita que la Fiscalía de Estado avance judicialmente para recuperar esos territorios y dejar sin efecto todos los actos administrativos que hicieron posible la transferencia.
El tema volvió a quedar en el centro de la escena luego de la llegada a Bariloche, el pasado 24 de febrero, del presidente de Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
El mandatario arribó al aeropuerto internacional de la ciudad rionegrina en un operativo rodeado de hermetismo y una seguridad pocas veces vista en la región. La comitiva incluyó un fuerte despliegue logístico, con varios helicópteros preparados para trasladarlo hacia la zona cordillerana de El Manso.
Uno de esos helicópteros partió pocos minutos después del aterrizaje rumbo a la estancia Las Marías, un establecimiento ubicado en cercanías de las tierras cuestionadas. Según trascendió, desde días antes ya funcionaba en el lugar un dispositivo de seguridad privado.
La visita fue presentada oficialmente como un viaje privado relacionado con propiedades vinculadas al emirato en la Patagonia argentina.
La existencia de las maniobras vinculadas a esas tierras comenzó a tomar estado público durante un juicio por usurpación iniciado contra la mujer mapuche Soledad Cayunao, quien finalmente fue absuelta.
Durante ese proceso judicial surgió que las más de 14 mil hectáreas ubicadas en la zona de nacientes del Río Chubut habrían sido compradas mediante una operación financiada con dos millones de dólares provenientes del gobierno de Emiratos Árabes Unidos.
El vendedor de las tierras fue Marcos Marcelo Mindlin, uno de los empresarios energéticos más importantes del país y socio del magnate británico Joe Lewis, dueño de otras 12 mil hectáreas ubicadas a unos 50 kilómetros del lugar.
La revelación generó fuertes cuestionamientos debido a que las operaciones se habrían realizado a través de fideicomisos, triangulaciones financieras y estructuras societarias utilizadas para encubrir el verdadero control extranjero sobre esas tierras.
Odarda sostuvo que la transferencia de esas hectáreas representa una grave afectación sobre el territorio rionegrino y advirtió que la provincia no puede permitir que áreas estratégicas terminen bajo control de intereses estatales extranjeros.
La legisladora afirmó que “de hecho se reconfiguraron los límites de Río Negro” y consideró que la operación contradice principios establecidos por la Constitución provincial.
También denunció que la Patagonia está siendo sometida a procesos silenciosos de extranjerización mediante maniobras inmobiliarias y financieras que terminan concentrando enormes extensiones de territorio en manos extranjeras.
El proyecto legislativo relaciona directamente estas operaciones con las modificaciones impulsadas durante el gobierno de Mauricio Macri sobre la Ley Nacional 26.737 de Protección de Tierras Rurales.
En 2016, mediante el decreto 820/2016, el macrismo flexibilizó distintos controles vinculados a la compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente en zonas rurales y áreas consideradas estratégicas.
Según el planteo de Odarda, las operaciones inmobiliarias vinculadas a Emiratos Árabes Unidos ocurrieron precisamente durante el período en el que avanzaban negociaciones diplomáticas y comerciales entre Argentina y Abu Dhabi.
En esos años también se realizaron viajes oficiales del entonces presidente Mauricio Macri y del exgobernador rionegrino Alberto Weretilneck a Emiratos Árabes Unidos.
Las tierras cuestionadas están ubicadas en Cerro Carreras, en una zona extremadamente sensible desde el punto de vista ambiental debido a la presencia de nacientes de agua y ecosistemas cordilleranos de enorme importancia.
Especialistas vienen alertando desde hace años sobre el avance de capitales extranjeros sobre territorios patagónicos vinculados a reservas de agua dulce, bosques, lagos y áreas de frontera.
La iniciativa legislativa también retoma informes elaborados por la Comisión Investigadora de Transferencias de Tierras Rurales de Río Negro, que en años anteriores había detectado irregularidades, ventas a precios irrisorios y maniobras especulativas sobre tierras fiscales provinciales.
El proyecto presentado instruye a la Fiscalía de Estado provincial a iniciar acciones judiciales para recuperar las hectáreas transferidas y revisar la legalidad completa de las operaciones.
Además, solicita avanzar sobre la nulidad de los actos administrativos que permitieron concretar las ventas y el control extranjero sobre esas tierras.
Para sectores ambientalistas y organizaciones territoriales, el caso vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles de la Patagonia: la disputa por la tierra, el acceso al agua y el avance de intereses extranjeros sobre regiones consideradas estratégicas para el futuro ambiental y geopolítico de Argentina.
