Agrotoxicos en Pergamino: piden cárcel para productores rurales y el decomiso de campos por fumigaciones con agrotóxicos en un juicio histórico

El juicio por las fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino entró en una etapa decisiva y podría marcar un precedente sin antecedentes en la justicia ambiental argentina. Durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, la Fiscalía Federal pidió penas de prisión efectiva para productores rurales acusados de realizar aplicaciones ilegales de agroquímicos cerca de viviendas, escuelas y zonas pobladas.

Pero hubo un planteo que elevó todavía más el impacto del proceso judicial: además de las condenas penales, la fiscalía solicitó el decomiso de los campos donde se realizaron las fumigaciones y de la maquinaria utilizada para las aplicaciones.

La causa investiga hechos ocurridos entre 2011 y 2019 en distintas zonas del partido bonaerense de Pergamino. En el banquillo de los acusados están sentados productores agropecuarios, un ingeniero agrónomo, un aplicador rural y dos exfuncionarios municipales vinculados al control ambiental.

Un juicio que expone el conflicto entre el agronegocio y la salud ambiental

El proceso judicial se convirtió en uno de los casos más importantes del país sobre contaminación por agrotóxicos. Durante años, vecinos de barrios fumigados denunciaron aplicaciones realizadas a escasa distancia de sus casas, presencia de agroquímicos en el agua y problemas de salud asociados a la exposición permanente a pesticidas.

La figura central de esa lucha es Sabrina Ortiz, vecina de Pergamino, quien comenzó a denunciar fumigaciones en 2007 y terminó convirtiéndose en abogada para impulsar la causa judicial. Durante el proceso declaró que sufrió intoxicaciones, la pérdida de un embarazo y graves problemas de salud vinculados a la exposición a agroquímicos.

Después de casi una década de investigación, el juicio oral reunió decenas de testimonios, estudios ambientales, análisis médicos y pericias que buscaron determinar si las fumigaciones realizadas por los acusados pusieron en riesgo la salud de la población y contaminaron el ambiente.

Las penas que pidió la fiscalía

El pedido de condena más alto recayó sobre el productor Fernando Esteban Cortese. La Fiscalía solicitó cuatro años y tres meses de prisión efectiva e inhabilitación por ocho años para ejercer actividades agropecuarias. Además del delito de contaminación ambiental, se le atribuyó una acusación por amenazas coactivas.

Según la acusación, tras reclamos vecinales por las fumigaciones, Cortese habría reaccionado de manera violenta, efectuando disparos con una escopeta frente a una vivienda y matando al perro de una familia denunciante.

Para los productores Mario Reinero Roces y Víctor Tiribó, el Ministerio Público Fiscal pidió cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación especial por ocho años para actividades agropecuarias.

Los hermanos Carlos Daniel y Hugo Ariel Sabatini enfrentan pedidos de tres años de prisión condicional e inhabilitación por seis años. La acusación sostiene que participaron en fumigaciones realizadas dentro de zonas restringidas por medidas judiciales vigentes.

También se solicitó una condena de tres años de prisión condicional e inhabilitación profesional para el ingeniero agrónomo José Luis Grattone, acusado de intervenir en aplicaciones cercanas a viviendas y establecimientos educativos rurales.

El pedido que puede cambiar la jurisprudencia ambiental

Más allá de las penas de prisión, uno de los puntos más relevantes del juicio es el pedido de decomiso de los campos utilizados para las fumigaciones investigadas. La Fiscalía sostuvo que la medida no debe interpretarse únicamente como una sanción económica, sino como una herramienta de prevención y reparación ambiental.

La querella fue incluso más allá. Durante sus alegatos solicitó que el decomiso alcance a los inmuebles donde se desarrollaron las prácticas denunciadas y planteó que la sentencia puede convertirse en una referencia para futuras causas vinculadas a contaminación ambiental.

Si el tribunal aceptara ese criterio, el fallo podría abrir una discusión inédita sobre la responsabilidad patrimonial derivada de delitos ambientales vinculados al agronegocio.

Los funcionarios públicos también quedaron bajo la lupa

La causa no se limita a productores rurales.

La Fiscalía pidió dos años de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra Guillermo Nicolás Naranjo y Mario Daniel Tocalini, exfuncionarios municipales vinculados al área de control ambiental durante la gestión del exintendente Javier Martínez.

Según la acusación, existió una actitud permisiva frente a las denuncias vecinales y una ausencia de controles efectivos sobre las aplicaciones de agroquímicos. Testigos declararon durante el juicio que realizaron presentaciones reiteradas ante el municipio sin obtener respuestas concretas.

La querella sostuvo que el Estado local incumplió su deber de fiscalización y permitió durante años que las fumigaciones continuaran pese a las advertencias de vecinos y especialistas.

El antecedente judicial que cambió Pergamino

El juicio tiene como telón de fondo una medida cautelar dictada en 2019 por la Justicia Federal que prohibió las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros de zonas urbanas y periurbanas, además de restringir las aplicaciones aéreas a menos de 3.000 metros.

Esa resolución se convirtió en uno de los fallos más citados en conflictos socioambientales vinculados a agrotóxicos en Argentina.

Durante los alegatos, la querella pidió que ese criterio de protección se extienda a otras localidades y escuelas rurales del territorio bonaerense.

Una causa que puede redefinir la responsabilidad penal por fumigaciones

El expediente ya es considerado por organizaciones ambientales como uno de los procesos judiciales más importantes del país en materia de contaminación por agroquímicos.

La discusión de fondo excede a Pergamino.

El tribunal deberá resolver si las fumigaciones denunciadas constituyeron delitos ambientales, cuál fue la responsabilidad de productores, profesionales y funcionarios, y hasta dónde puede avanzar la Justicia cuando una actividad económica genera riesgos para la salud colectiva.

La sentencia, prevista para las próximas semanas, podría transformarse en un punto de inflexión para futuros litigios ambientales vinculados al uso de agrotóxicos en Argentina.