La Política Ambiental
La situación que atraviesan numerosas localidades del norte santafesino a raíz de las intensas lluvias y los anegamientos llevó al Gobierno nacional a declarar la emergencia y el desastre agropecuario en amplias zonas de la provincia. La medida estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026 y busca brindar asistencia a productores que sufrieron pérdidas por el impacto del agua sobre cultivos, pasturas e infraestructura rural.
La decisión se formalizó luego de que la provincia solicitara la homologación de la emergencia tras constatar daños significativos en distintos departamentos afectados por precipitaciones extraordinarias, desbordes de cursos de agua y persistentes excesos hídricos.
Durante los últimos meses, amplias regiones del norte santafesino registraron lluvias muy por encima de los promedios habituales, provocando inundaciones en campos productivos, caminos rurales intransitables y dificultades para el traslado de animales, maquinaria e insumos.
Los anegamientos impactaron tanto en la agricultura como en la ganadería. Productores denunciaron pérdidas de cultivos, deterioro de pasturas, mortandad de animales y complicaciones para sostener las actividades productivas en zonas donde el agua permaneció durante semanas.
Además de los daños económicos directos, las inundaciones generaron problemas logísticos que afectaron la comercialización de la producción y el abastecimiento de numerosas explotaciones rurales.
Con la declaración de emergencia agropecuaria, los productores alcanzados por la medida podrán acceder a prórrogas o exenciones impositivas, además de herramientas de asistencia financiera previstas por la legislación vigente.
Para acceder a estos beneficios deberán tramitar los certificados correspondientes que acrediten el nivel de afectación de sus establecimientos.
En los casos donde los daños superen determinados porcentajes establecidos por la normativa, los productores podrán ser encuadrados dentro de la categoría de desastre agropecuario, que contempla medidas de alivio más amplias.
La emergencia vuelve a poner de manifiesto la creciente vulnerabilidad del sector agropecuario frente a los eventos climáticos extremos.
Especialistas advierten que tanto las sequías prolongadas como las lluvias intensas y concentradas se han vuelto cada vez más frecuentes en la región durante los últimos años, generando fuertes impactos económicos, sociales y ambientales.
En Santa Fe, la situación se presenta particularmente compleja debido a que muchas de las áreas afectadas habían atravesado anteriormente períodos de déficit hídrico y altas temperaturas, por lo que la llegada de lluvias extraordinarias terminó agravando los problemas sobre los sistemas productivos.
Mientras se implementan las medidas de asistencia, productores y entidades rurales continúan reclamando inversiones en infraestructura hídrica para reducir el impacto de futuras inundaciones.
Entre los principales pedidos figuran la mejora de canales, alcantarillas y caminos rurales, así como obras destinadas a optimizar el manejo del agua en las cuencas más vulnerables.
Desde distintos sectores sostienen que la declaración de emergencia resulta necesaria para atender la crisis inmediata, pero advierten que los eventos extremos seguirán repitiéndose si no se avanza en soluciones estructurales que permitan una mejor adaptación a las nuevas condiciones climáticas.
La medida permanecerá vigente hasta fines de septiembre, período durante el cual las autoridades provinciales y nacionales continuarán evaluando la evolución de la situación y el nivel de afectación sobre la producción agropecuaria santafesina.
