La Política Ambiental
La investigación por los incendios que arrasaron más de 220 hectáreas de bosque nativo y pastizales en Cafayate, provincia de Salta, incorporó una importante cantidad de pruebas para intentar esclarecer el origen de las llamas. Entre ellas, el análisis de telefonía celular y la georreferenciación de dispositivos móviles permitieron ubicar al principal sospechoso en la zona donde se iniciaron los focos ígneos. Sin embargo, pese a esos elementos reunidos por la Fiscalía, la Justicia resolvió que el imputado cumpla 30 días de prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La causa investiga dos incendios considerados intencionales, ocurridos el 13 de mayo y el 7 de junio de 2026, en un sector de bosque nativo y pastizales perteneciente a Finca El Monte S.A., ubicada en las inmediaciones del Aeródromo Gilberto Lavaque, en la ciudad de Cafayate.
Los dos focos obligaron a desplegar un amplio operativo de emergencia en el que participaron Bomberos Voluntarios de Cafayate, brigadistas forestales, efectivos de la Policía de Salta y vecinos de la zona, quienes trabajaron durante horas para impedir que las llamas continuaran avanzando.
El fuego terminó afectando más de 220 hectáreas de bosque nativo, un ecosistema considerado estratégico para la protección de los médanos y el equilibrio ambiental de la región, además de provocar importantes consecuencias sobre la flora y la fauna local.
La magnitud del desastre llevó incluso a que el departamento de Cafayate declarara la Emergencia Ambiental por Incendios Forestales, mientras la Fiscalía iniciaba una investigación para determinar si los incendios habían sido provocados de manera intencional.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal de Cafayate, donde el auxiliar fiscal Juan Pablo Miralpeix formalizó la imputación contra un hombre de 32 años, acusado provisoriamente de dos hechos de incendio doloso, previstos en el artículo 186 del Código Penal.
Para reconstruir lo ocurrido, los investigadores reunieron una amplia variedad de pruebas. Además de denuncias, declaraciones testimoniales, registros audiovisuales e informes elaborados por la División Brigada de Investigaciones N.º 6, se realizaron análisis de telefonía celular, estudios de georreferenciación de dispositivos móviles, evaluación del impacto de antenas de comunicación e identificación del vehículo que utilizaba habitualmente el imputado.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, toda esa información permitió ubicar al acusado en el lugar donde se produjeron los incendios y reconstruir parte de sus movimientos durante los momentos en que se originaron los focos.
La investigación también estableció que el hombre conocía el sector afectado porque concurría con frecuencia para realizar extracción de leña y que mantenía conflictos relacionados con la utilización de esos terrenos.
A esas pruebas se sumaron testimonios incorporados al expediente que señalaron que el imputado habría reconocido su participación en el incendio ocurrido en mayo e incluso habría manifestado su intención de volver a provocar otro foco en el mismo lugar.
Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó que el acusado permaneciera detenido al considerar que existían riesgos procesales y porque todavía restaban producir distintas medidas de prueba.
El pedido también estuvo fundamentado en que el imputado registraba una condena de ejecución condicional dictada en octubre de 2025, mientras que la investigación continúa con la recepción de nuevos testimonios y otras diligencias pendientes.
La defensa negó la participación del acusado en los hechos y rechazó la hipótesis presentada por el Ministerio Público Fiscal.
Tras escuchar los planteos de ambas partes, la Jueza de Garantías tuvo por formalizada la imputación, pero resolvió que el acusado permanezca 30 días con prisión preventiva bajo arresto domiciliario, en lugar de cumplir la medida en una unidad penitenciaria.
Además, le impuso la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con personas vinculadas a la investigación mientras avance la causa.
La decisión judicial generó cuestionamientos debido a la gravedad del daño ambiental investigado y al volumen de evidencia reunida por la Fiscalía, que incluyó tanto pruebas tecnológicas como testimoniales para sostener la presunta autoría de los incendios.
Mientras tanto, la investigación continúa para determinar las responsabilidades penales por dos incendios que destruyeron uno de los sectores de bosque nativo más importantes de Cafayate y dejaron un impacto ambiental que demandará años de recuperación.
