La Política Ambiental
Un operativo de la Policía Federal Argentina desmanteló tres plantas clandestinas dedicadas al tratamiento y envasado de agua en la localidad bonaerense de Canning, partido de Esteban Echeverría. La investigación reveló que los establecimientos funcionaban sin habilitación y en condiciones sanitarias incompatibles con la elaboración de un producto destinado al consumo humano.
Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Ezeiza, en el marco de una causa que investiga presuntas infracciones al Código Alimentario Argentino y un posible delito de estafa. La orden judicial fue emitida por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Antonio Armella.
La causa se inició luego de que vecinos alertaran sobre movimientos inusuales en distintos domicilios particulares de Canning, donde presuntamente se realizaban tareas de tratamiento, embotellado y distribución de agua sin ningún tipo de control oficial.
Además del funcionamiento irregular de las plantas, las denuncias advertían sobre el descarte de sustancias químicas hacia la vía pública, una situación que despertó preocupación por el posible impacto sobre el ambiente y la salud de quienes viven en la zona.
Con el avance de la investigación, la Policía Federal reunió pruebas suficientes para solicitar allanamientos simultáneos en los tres inmuebles señalados.
Durante los procedimientos, los investigadores comprobaron que las plantas operaban sin las habilitaciones exigidas por la normativa vigente y carecían de la documentación necesaria para desarrollar esa actividad.
Las inspecciones también detectaron una marcada falta de higiene en los espacios donde se trataba y envasaba el agua, una condición que representa un riesgo cuando se manipulan productos destinados al consumo humano.
Como parte del operativo participaron especialistas del área de Delitos Ambientales de la Policía Federal, quienes realizaron la toma de muestras para efectuar análisis químicos y bromatológicos que permitan determinar la calidad y potabilidad del agua comercializada.
De acuerdo con la investigación, el agua producida en estas plantas clandestinas era distribuida en bidones de 20 litros hacia distintos puntos del sur del conurbano bonaerense, principalmente en los partidos de Esteban Echeverría, Ezeiza y Lomas de Zamora.
El volumen de producción detectado evidencia que no se trataba de una actividad aislada. Durante los allanamientos fueron secuestrados 600 bidones plásticos de 20 litros —100 de ellos con agua y otros 500 vacíos—, además de tres teléfonos celulares y diversa maquinaria utilizada para el tratamiento y envasado del producto.
Los equipos empleados para la actividad fueron clausurados e inutilizados por orden judicial, mientras que el valor de los elementos secuestrados fue estimado en más de 80 millones de pesos.
Como resultado del operativo, dos hombres de 62 años y una mujer de 39 fueron identificados y notificados de la causa judicial.
Los tres quedaron imputados por presuntas infracciones a la Ley 18.284, que regula el Código Alimentario Argentino, y por la posible comisión del delito previsto en el artículo 172 del Código Penal, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de las responsabilidades y el circuito de comercialización del agua.
El caso no solo plantea interrogantes sobre la seguridad alimentaria, sino también sobre el impacto ambiental que puede generar una actividad desarrollada fuera de todo control estatal.
El vertido de sustancias químicas sin tratamiento representa un riesgo potencial para el suelo, los desagües pluviales y los cursos de agua cercanos. Dependiendo de la composición de esos residuos, la contaminación puede afectar tanto a los ecosistemas como a la calidad del agua utilizada por la población.
A esto se suma la posibilidad de que agua elaborada sin controles bromatológicos llegue al mercado, exponiendo a los consumidores a microorganismos, contaminantes o sustancias que podrían comprometer la salud pública.
La producción de agua destinada al consumo humano está alcanzada por estrictas normas sanitarias que regulan desde la captación del recurso hasta su tratamiento, almacenamiento, envasado y distribución.
Estas exigencias no constituyen un simple trámite administrativo. Su objetivo es garantizar que el producto llegue al consumidor en condiciones seguras y evitar riesgos sanitarios o ambientales derivados de procesos realizados sin supervisión.
El operativo realizado en Canning vuelve a poner de manifiesto el papel que cumplen los controles estatales para detectar actividades clandestinas que, además de vulnerar la legislación vigente, pueden generar consecuencias directas sobre la salud de la población y el ambiente.
La causa continuará en la Justicia Federal, que ahora deberá determinar el alcance de las responsabilidades penales y establecer si el agua comercializada cumplía con las condiciones mínimas exigidas para el consumo humano.
