La Política Ambiental
El Senado de la Nación retomará el próximo 6 de agosto el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que propone eliminar los límites federales actualmente vigentes para la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
El debate estaba previsto para la sesión del 16 de julio, pero el oficialismo decidió postergarlo ante la falta de acuerdos suficientes para garantizar su aprobación. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, solicitó pasar a un cuarto intermedio y continuar la discusión después del receso legislativo.
Aunque el proyecto contiene reformas sobre expropiaciones, desalojos, registros inmobiliarios y tierras afectadas por incendios, uno de sus puntos más controvertidos es la modificación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.
La iniciativa ya obtuvo dictamen de mayoría el 20 de mayo en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado. El texto fue modificado durante las negociaciones entre el oficialismo y bloques aliados, aunque mantuvo la eliminación de las principales restricciones nacionales para la adquisición de tierras por capitales extranjeros.
La Ley 26.737 establece actualmente que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden controlar más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal o departamental.
Dentro de ese porcentaje, los propietarios de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30%. La norma también limita a mil hectáreas la superficie que puede adquirir un mismo titular extranjero en la zona núcleo agropecuaria, o su equivalente en otras regiones.
Además, restringe la compra de inmuebles rurales que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes y de determinadas propiedades ubicadas en zonas de seguridad de frontera.
El proyecto del Gobierno elimina estas limitaciones para las personas y empresas privadas extranjeras. El dictamen alcanzado en el Senado incorporó una modificación para que cada provincia pueda establecer sus propias regulaciones, autorizar operaciones o prohibirlas dentro de su jurisdicción.
El cambio supone abandonar un régimen nacional uniforme y trasladar la responsabilidad principal a los gobiernos provinciales. Las organizaciones críticas de la iniciativa advierten que este esquema podría generar diferencias profundas entre jurisdicciones y una competencia por flexibilizar requisitos para atraer inversiones.
La propuesta mantiene restricciones para Estados extranjeros y empresas controladas directamente por ellos. Sin embargo, contempla que el Poder Ejecutivo pueda autorizar determinadas operaciones cuando considere que no representan un riesgo para la seguridad, la defensa o la soberanía nacional.
El Gobierno había intentado derogar la Ley 26.737 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Sin embargo, una medida cautelar restituyó su vigencia y las restricciones continúan aplicándose.
El propio Registro Nacional de Tierras Rurales informa que sigue operativo, recibe trámites y expide certificados de habilitación para las adquisiciones realizadas por personas humanas o jurídicas extranjeras.
Por ese motivo, el oficialismo busca ahora modificar el régimen a través del Congreso. Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es remover restricciones consideradas ilegítimas, reforzar el derecho de propiedad y generar condiciones de mayor seguridad jurídica para las inversiones.
Desde sectores académicos, ambientales y sociales sostienen, por el contrario, que la tierra rural no puede ser tratada únicamente como un activo comercial, especialmente cuando contiene fuentes de agua, minerales estratégicos, bosques nativos, ambientes glaciares o accesos a ríos y fronteras internacionales.
El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, estimó que más de 13 millones de hectáreas del territorio argentino se encuentran en manos de propietarios extranjeros.
La superficie representa cerca del 5% del territorio nacional y tiene una extensión comparable con la de Inglaterra. Aunque el porcentaje general se encuentra por debajo del límite establecido por la ley, la distribución no es uniforme.
El relevamiento determinó que 36 departamentos o municipios superan actualmente el límite del 15%. Los casos más extremos se encuentran en Lácar, provincia de Neuquén; General Lamadrid, en La Rioja; y Molinos y San Carlos, en Salta, donde más de la mitad de las tierras rurales están extranjerizadas.
La preocupación no se limita a la cantidad de hectáreas. Muchas de las propiedades están ubicadas en áreas de frontera, territorios cordilleranos con recursos minerales, zonas próximas al río Paraná, ambientes con reservas de agua dulce y regiones cubiertas por bosques nativos.
Estados Unidos encabeza el listado de nacionalidades con mayor superficie rural en Argentina, con alrededor de 2,7 millones de hectáreas. Le siguen propietarios de origen italiano y español.
El mapa elaborado por el Observatorio de Tierras permite cruzar la propiedad extranjera con la ubicación de glaciares, proyectos mineros, comunidades indígenas, cursos de agua y áreas protegidas.
Los investigadores advierten que la eliminación de los límites podría acelerar la adquisición de territorios estratégicos en un contexto de expansión de la minería, los hidrocarburos, el agronegocio y los proyectos de infraestructura vinculados con el agua y la energía.
En departamentos cordilleranos, la concentración de tierras extranjeras coincide con zonas de interés para la extracción de litio, cobre, oro y otros minerales. En el noreste argentino, la atención se concentra sobre propiedades cercanas al río Paraná y sobre grandes extensiones forestales.
La discusión excede, por lo tanto, la nacionalidad formal de los propietarios. También involucra la capacidad del Estado para conocer quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades, controlar las triangulaciones mediante empresas radicadas en jurisdicciones extranjeras y establecer una política común sobre el uso de recursos naturales.
La reforma no se limita a las tierras rurales. También introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego.
La legislación vigente impone restricciones durante varias décadas sobre el cambio de uso, la subdivisión y la venta de terrenos afectados por incendios. El objetivo es evitar que el fuego sea utilizado para liberar tierras destinadas posteriormente a negocios inmobiliarios o productivos.
Durante el tratamiento en comisiones, el Senado mantuvo las protecciones correspondientes a los bosques nativos, pero aceptó reducir restricciones sobre otras tierras rurales incendiadas. Según el dictamen, en esos casos podría eliminarse el plazo de 30 años que impide vender o modificar el uso productivo del terreno.
Este punto genera especial inquietud luego de las grandes temporadas de incendios registradas en humedales, campos, bosques y áreas productivas de distintas provincias.
El 6 de agosto, el Senado deberá decidir si aprueba el proyecto y lo envía a la Cámara de Diputados, si introduce nuevas modificaciones o si vuelve a postergar su tratamiento.
El oficialismo presenta la iniciativa como una reforma destinada a proteger la propiedad privada y atraer inversiones. Sus críticos consideran que, bajo esa denominación, se busca eliminar controles sobre la adquisición de tierras y facilitar una mayor concentración de territorios estratégicos.
La discusión central será determinar si el acceso a la tierra rural debe quedar sujeto principalmente a las reglas del mercado y a las decisiones de cada provincia, o si corresponde mantener una política federal que preserve límites comunes frente al avance de capitales extranjeros.
En un país atravesado por disputas sobre el agua, los minerales, los bosques y la producción de alimentos, el debate no se reduce a quién puede comprar una propiedad. También define quién podrá controlar, utilizar y decidir sobre una parte importante del territorio argentino.
