Fondos bajo llave: Nación mantiene sin distribuir $59.330 millones destinados por ley a los bomberos voluntarios

El Gobierno nacional mantiene sin distribuir $59.330.748.051,41 correspondientes al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, según la información obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública y proyectos presentados en la Cámara de Diputados.

Los recursos tienen una asignación específica establecida por la Ley Nacional N.º 25.054. Su destino es financiar equipamiento, autobombas, elementos de protección personal, capacitación, comunicaciones y mantenimiento de los cuarteles que intervienen ante incendios, accidentes, inundaciones y otras emergencias.

La situación generó reclamos de legisladores nacionales, federaciones provinciales y asociaciones de bomberos. La principal objeción radica en que el dinero ya fue recaudado y se encuentra bajo administración nacional, pero todavía no fue transferido completamente a sus destinatarios.

Fondos recaudados a través de las aseguradoras

El financiamiento del sistema no depende de una decisión discrecional del Poder Ejecutivo. El artículo 11 de la Ley 25.054 establece una contribución obligatoria equivalente al cinco por mil de las primas de seguros, con excepción del ramo vida.

Las compañías aseguradoras liquidan esa contribución ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, que debe transferirla a una cuenta específica destinada al sistema bomberil. La normativa impide que el costo sea trasladado a los asegurados.

El artículo 12 dispone que el subsidio debe cumplimentarse dentro de los primeros seis meses de cada año. El artículo 13, por su parte, determina cómo debe distribuirse la recaudación:

• El 78% corresponde a las asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado.
• El 12% se distribuye entre las federaciones provinciales para funcionamiento y capacitación.
• El 2% se asigna a la autoridad de aplicación para tareas de fiscalización.
• El 6% se destina a la Academia Nacional de Capacitación.
• El 2% restante corresponde al Consejo de Federaciones para gastos de funcionamiento y representación.

La administración nacional actúa como recaudadora, responsable presupuestaria y autoridad encargada de realizar las transferencias. La fuente y el destino del dinero ya se encuentran definidos por el Congreso. Texto actualizado de la Ley 25.054.

Más de $43.000 millones quedaron en una partida no ejecutable

El reclamo tomó fuerza a partir de una respuesta de la Dirección de Presupuesto de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad. Según esa documentación, los fondos remanentes ascienden exactamente a $59.330.748.051,41.

Los antecedentes parlamentarios describen el monto como remanente del ejercicio 2025. El diputado pampeano Ariel Rauschenberger sostuvo posteriormente que la cifra también incluye saldos menores que no fueron distribuidos durante 2024. En ambos casos se informó el mismo total, aunque la diferencia temporal debería ser aclarada por el Ministerio de Seguridad.

De esa suma, $43.078.255.445 fueron incorporados mediante el DNU 849/2025 a la partida 6.5.1, denominada “Incremento de caja y bancos”.

Esa partida permite registrar una mayor disponibilidad financiera, pero carece de carácter ejecutable. En términos prácticos, el dinero puede aparecer contabilizado sin que exista un crédito presupuestario habilitado para transferirlo a los cuarteles.

Sobre los $16.252.492.606,41 restantes, la respuesta oficial no habría precisado en qué cuenta fueron registrados, cuál fue su tratamiento presupuestario ni cuándo serán distribuidos. Detalle del reclamo parlamentario.

El decreto presupuestario puede modificar partidas y registrar disponibilidades financieras, pero esa operación contable no elimina la afectación específica establecida por la Ley 25.054. El Poder Ejecutivo debe habilitar los mecanismos necesarios para cumplir con el destino legal del dinero o explicar la causa normativa que impide hacerlo. DNU 849/2025.

El reclamo llegó al Congreso

El diputado nacional por Río Negro Marcelo Mango presentó un proyecto de resolución para exigir la transferencia inmediata del remanente. La iniciativa fue acompañada por Adriana Serquis, Hugo Yasky, Jorge Araujo Hernández, Carlos Castagneto, Raúl Hadad, Claudia Palladino y Cristian Andino, entre otros legisladores.

El proyecto también solicita información sobre el destino de los recursos, las partidas utilizadas, los motivos de la demora y el cronograma previsto para completar los pagos.

Mango cuestionó que fondos con afectación legal permanezcan inmovilizados mientras los cuerpos de bomberos deben afrontar costos crecientes en combustible, reparación de unidades, ropa ignífuga, equipos de respiración, herramientas, comunicaciones y capacitación. Proyecto y reclamo presentado en Diputados.

Rauschenberger también pidió explicaciones al Poder Ejecutivo y estimó que el dinero pendiente representa cerca de $50 millones por cuartel, aunque el monto final dependerá de la distribución legal entre asociaciones, federaciones y organismos del sistema.

El Gobierno anunció fondos para 2026, pero el remanente sigue sin explicación

En enero, el Ministerio de Seguridad presentó como una inversión para fortalecer al sistema una asignación total de $129.244 millones. La medida fue instrumentada mediante la Resolución 91/2026.

De ese total, $100.810 millones fueron destinados a 1.062 asociaciones de primer grado. A cada una se le asignaron $94.924.971,75. El resto fue distribuido entre federaciones provinciales, el Consejo de Federaciones, la Academia Nacional de Capacitación y la Agencia Federal de Emergencias. Resolución 91/2026.

Esa resolución confirma una asignación para 2026, aunque su dictado no demuestra que la totalidad del dinero haya sido efectivamente pagada. El artículo 8 de la medida establece que los giros se realizan de acuerdo con los ingresos de la cuenta recaudadora, las cuotas presupuestarias trimestrales y el cumplimiento administrativo de cada entidad.

Las federaciones bomberiles también advirtieron que el anuncio de enero no constituía un aporte extraordinario por los incendios de la Patagonia. Se trataba de recursos originados en la contribución de las aseguradoras y exigidos por la Ley 25.054.

La distribución correspondiente al ejercicio actual tampoco resuelve el destino del remanente de $59.330 millones. Son partidas diferentes y el Gobierno no publicó hasta ahora una explicación detallada que permita establecer cuándo se transferirá ese saldo.

El impacto sobre los cuarteles del Chaco

La provincia del Chaco cuenta con dos federaciones y 32 asociaciones de bomberos voluntarios formalmente inscriptas. La distribución aprobada para 2026 contempló para las entidades chaqueñas un total superior a $3.509 millones, incluidos los fondos de las asociaciones y federaciones provinciales.

El reclamo por el remanente adquiere una relevancia particular en una provincia extensa, con zonas rurales y forestales expuestas a incendios de pastizales, sequías, tormentas, inundaciones y accidentes viales.

Los cuarteles dependen en buena medida de subsidios públicos, aportes municipales, cuotas de socios y actividades organizadas por las propias asociaciones. La demora nacional obliga a postergar reparaciones, renovación de indumentaria y compra de equipamiento especializado.

Una autobomba fuera de servicio, un equipo de respiración vencido o la falta de indumentaria adecuada pueden reducir la capacidad de respuesta y aumentar el riesgo para los propios bomberos. Situación de los fondos para los cuarteles chaqueños.

Sirenazos y reclamos en distintas provincias

La protesta ya tuvo expresiones públicas. En Córdoba, los 192 cuarteles de la provincia realizaron un “sirenazo” para exigir la transferencia de los recursos.

La Federación cordobesa estimó que cada asociación debería recibir alrededor de $45 millones por el remanente de ejercicios anteriores, además de los $94,9 millones asignados para 2026. La suma total reclamada por cuartel alcanzaría aproximadamente los $139 millones. Reclamo de los bomberos de Córdoba.

Los reclamos también se extendieron a Río Negro, Chubut, La Pampa, Tucumán y Santiago del Estero. En la Patagonia, las federaciones advirtieron que la imprevisibilidad financiera afecta especialmente a localidades con grandes distancias, caminos complejos y alta exposición a incendios forestales.

Una retención que exige explicaciones

La documentación disponible permite comprobar la existencia de recursos sin distribuir y una explicación presupuestaria incompleta. Todavía no alcanza para afirmar que el dinero haya sido gastado en otra finalidad o desviado del sistema bomberil.

Sin embargo, la incorporación de más de $43.000 millones a una partida no ejecutable y la ausencia de información sobre otros $16.252 millones justifican el reclamo de las entidades y el control del Congreso.

También deberá determinarse si los fondos generaron intereses, dónde se encuentran depositados y cómo serán actualizados frente a la inflación. Una transferencia tardía implica una pérdida real de capacidad de compra para instituciones que necesitan importar equipos, reparar vehículos y renovar materiales de seguridad.

Mientras los bomberos voluntarios sostienen gratuitamente un servicio público esencial, el Estado administra recursos que la ley ya les asignó. La discusión pendiente no se limita al anuncio de nuevas partidas: exige explicar qué ocurrió con el dinero recaudado, completar las transferencias y establecer un sistema público que permita conocer, en tiempo real, cuánto ingresa y cuánto recibe cada institución.