La Política Ambiental
Un nuevo atropello sobre territorio indígena vuelve a encender las alarmas en el norte de Santiago del Estero. La Comunidad El Tunal, perteneciente al Pueblo Indígena Vilela, denunció y logró frenar el avance de una topadora que había ingresado en su territorio ancestral, ubicado a unos 25 kilómetros de Quimilí.
La denuncia fue difundida por el MOCASE-Vía Campesina, que señaló que se trata de un territorio que ya fue relevado en el marco del programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. La comunidad aseguró que permanecerá organizada para defender el lugar y evitar el avance sobre el monte nativo y las tierras donde desarrollan su vida campesina.
El dato no es menor: El Tunal no es una comunidad que simplemente reclame un territorio que nunca haya sido reconocido por el Estado. En 2020, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dio por concluido el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la comunidad y reconoció oficialmente su ocupación actual, tradicional y pública sobre la superficie georreferenciada.
El relevamiento estableció una superficie aproximada de 3.132 hectáreas para el territorio comunitario de ocupación actual, tradicional y pública. La documentación oficial incluye además cartografía georreferenciada, un informe histórico-antropológico y un análisis jurídico sobre la situación dominial de las tierras.
La escena vuelve a mostrar uno de los conflictos más persistentes de Santiago del Estero: el avance de maquinaria y actividades productivas sobre territorios habitados históricamente por comunidades campesinas e indígenas.
En este caso, la propia comunidad informó que fue su organización la que permitió detener la maquinaria antes de que el avance continuara.
Por el momento, no hay información pública suficiente para determinar quién contrató la topadora, con qué finalidad ingresó al territorio, qué superficie pretendía intervenir ni si contaba con algún permiso ambiental o forestal. Esos puntos deberán ser esclarecidos por las autoridades correspondientes.
Lo que sí está documentado es que el territorio de El Tunal fue relevado por el Estado nacional y que la resolución del INAI reconoció la ocupación tradicional de la comunidad.
Y eso coloca el conflicto en un terreno mucho más complejo que una simple disputa entre particulares por la propiedad de un campo.
La resolución del INAI de septiembre de 2020 es contundente respecto del relevamiento realizado en El Tunal.
El organismo dio por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral y reconoció la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad Vilela sobre la superficie que había sido georreferenciada.
El expediente también incluyó un informe histórico-antropológico destinado a documentar la relación de la comunidad con el territorio, incluyendo sus dimensiones históricas, materiales y culturales.
El relevamiento no significa por sí mismo que todas las cuestiones dominiales hayan quedado automáticamente resueltas. De hecho, la propia resolución señala que se elaboraron estrategias jurídicas y administrativas destinadas a la defensa y eventual regularización dominial del territorio.
Pero sí existe un elemento fundamental: el Estado realizó el relevamiento y reconoció oficialmente la ocupación tradicional de la comunidad.
Por eso, el ingreso de maquinaria vuelve a plantear preguntas sobre qué controles existen cuando una actividad productiva pretende avanzar sobre territorios indígenas ya relevados.
El Tunal arrastra desde hace años conflictos vinculados con la tierra.
Ya en 2014, organizaciones campesinas e indígenas denunciaban disputas por el territorio de la comunidad Vilela y señalaban problemas relacionados con la compra de posesiones a antiguos pobladores y con el acceso al agua comunitaria.
La situación también derivó en conflictos judiciales. En 2018, organizaciones vinculadas al MOCASE denunciaron el ingreso de efectivos policiales y particulares al territorio de El Tunal en el marco de una causa por presunta usurpación iniciada por un empresario.
Es decir, la topadora que ahora vuelve a poner a El Tunal en el centro de la escena no aparece en un territorio sin antecedentes de conflictos. La comunidad lleva años denunciando presiones sobre sus tierras.
La disputa territorial también tiene una dimensión ambiental.
Santiago del Estero conserva una enorme superficie de bosques nativos, particularmente dentro de la región chaqueña. La provincia cuenta con un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos establecido mediante la Ley 6.942, en el marco de la Ley Nacional de Bosques Nativos.
El ordenamiento divide los bosques según diferentes categorías de conservación y establece restricciones para su transformación.
De hecho, la propia provincia ha intervenido en casos recientes en los que encontró topadoras realizando desmontes sin autorización. En junio de 2024, la Dirección de Bosques y Fauna provincial informó que detectó una topadora trabajando en un desmonte sin permiso, paralizó las tareas y secuestró preventivamente la maquinaria.
Por eso, una de las cuestiones que deberán determinarse en El Tunal es qué estaba haciendo exactamente la topadora y si existía autorización para realizar cualquier tipo de intervención forestal o apertura de caminos.
Si la maquinaria estaba realizando un desmonte, la situación podría involucrar además la normativa provincial de bosques y la legislación nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental.
Para las comunidades indígenas, el territorio no puede ser entendido únicamente como una parcela de tierra delimitada en un registro.
La Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y establece el reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, además de garantizar su participación en la gestión relacionada con los recursos naturales y otros intereses que los afecten.
Argentina también ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce la relación especial de los pueblos indígenas con sus territorios y establece obligaciones estatales para determinar las tierras tradicionalmente ocupadas y garantizar la protección efectiva de sus derechos de posesión y propiedad.
El convenio también contempla la consulta y participación de los pueblos indígenas frente a medidas que puedan afectar directamente sus derechos.
Por eso, cuando una máquina ingresa en un territorio comunitario relevado, la discusión no pasa solamente por saber quién figura como propietario de un determinado lote.
También está en juego el derecho de una comunidad a continuar viviendo, produciendo y desarrollando sus prácticas culturales en el territorio que ocupa tradicionalmente.
Desde El Tunal volvieron a plantear que no están dispuestos a permitir que el avance de maquinaria termine transformándose en desmontes, alambrados o pérdida de acceso a los recursos que sostienen la vida comunitaria.
La comunidad se declaró nuevamente en alerta y organizada para defender el territorio, el monte nativo y la producción campesina indígena.
La imagen de una topadora detenida por las propias familias vuelve a mostrar una realidad que se repite en distintos puntos del país: cuando la protección jurídica de los territorios indígenas no se traduce en controles efectivos sobre el terreno, son las propias comunidades las que terminan convirtiéndose en la primera barrera frente al avance de las máquinas.
Ahora resta saber quién llevó la topadora hasta El Tunal, qué pretendía hacer allí y, fundamentalmente, si existía alguna autorización para intervenir un territorio cuya ocupación tradicional ya fue relevada y reconocida oficialmente por el Estado argentino.
Porque una topadora puede detenerse.
Pero si las autoridades no intervienen, el conflicto puede volver a empezar apenas la máquina vuelva a encenderse.
