La Política Ambiental
En una alarmante demostración de rigorismo penal contra la libertad de expresión, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el procesamiento sin prisión preventiva de 12 activistas de Greenpeace. ¿Su único "delito"? Manifestarse pacíficamente frente al Congreso Nacional para alertar sobre la desprotección de las reservas hídricas del país.
El magistrado imputó a los ambientalistas por violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público, argumentando que treparon las rejas exteriores e ingresaron al sector de las escalinatas —un área que la Justicia insólitamente equiparó con "una casa o un negocio" privados—. Por si el procesamiento fuera poco, ordenó trabar embargos millonarios de $2.000.000 a cada uno de los involucrados.
El hecho ocurrió el 26 de febrero, en momentos en que en el Palacio Legislativo se debatían modificaciones tendientes a debilitar la Ley de Glaciares. A través de una intervención artística e inofensiva, los manifestantes colocaron inodoros plásticos en las escalinatas con carteles que interpelaban directamente a los representantes del pueblo: “Senadores, no se caguen en el agua. La Ley de Glaciares no se toca”.
No hubo violencia, no hubo destrucción de bienes ni se causaron daños materiales. Incluso la acción se realizó a primera hora para no interrumpir el flujo del tránsito ni la actividad legislativa. De hecho, los elementos secuestrados por la Policía Federal reflejan la peligrosidad del grupo: cámaras GoPro, frascos de crema, botellas de agua, banderas y mochilas de tela.
Sin embargo, para el juez Martínez de Giorgi, el simple acto de sobrepasar una reja con un candado configura una infracción penal suficiente para activar el aparato punitivo del Estado, ninguneando el derecho constitucional a la protesta ambiental.
Resulta indignante constatar la velocidad y contundencia con la que actúa la Justicia Federal cuando se trata de encarcelar, imputar y embargar a ciudadanos que defienden los recursos comunes.
Los militantes procesados —entre ellos Marcos Policer, Abril Castellano, Manuela Zalazar, Sol Klausek y Pablo Blefari— enfrentan embargos que alcanzan en conjunto los 24 millones de pesos por el solo hecho de alzar la voz contra el desmantelamiento normativo.
Mientras tanto, los grandes proyectos mineros que amenazan con contaminar o derretir glaciares y ambientes periglaciares avanzan con total complicidad judicial y política. En la Argentina actual, la destrucción irreversible del ambiente se disfraza de "desarrollo", mientras que la defensa de la vida y el agua se persigue como un delito penal.
