La Política Ambiental
Después de dos meses sin una autoridad específica, el Gobierno nacional designó a Juan Andrés Trebino como nuevo subsecretario de Ambiente de la Nación, en reemplazo de Fernando Brom, quien dejó el cargo a fines de junio.
La llegada de Trebino pone fin a una vacancia que había generado cuestionamientos de organizaciones ambientales y dificultades para establecer un interlocutor nacional con las provincias en momentos atravesados por incendios, eventos climáticos extremos, conflictos por desmontes, minería, hidrocarburos y la discusión sobre los compromisos internacionales de Argentina en materia climática.
El nuevo funcionario llega, además, a una Subsecretaría considerablemente más pequeña que la estructura ambiental que tuvo el Estado nacional años atrás. Actualmente cuenta con dos direcciones nacionales y ya no posee una dependencia específica dedicada a la política climática. De acuerdo con datos de Presupuesto Abierto citados por La Nación, hasta fines de agosto apenas se había ejecutado el 24% de los fondos asignados para 2026 a la función Ecología y Desarrollo Sostenible.
Trebino es abogado y su relación con la política ambiental nacional comenzó hace más de una década.
En 2011 ingresó como asesor legal de la Dirección Nacional de Control Ambiental. En 2015 fue designado director nacional de esa área y, posteriormente, ocupó la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación. En 2018 quedó al frente de la Subsecretaría de Fiscalización y Recomposición y permaneció en funciones hasta diciembre de 2019. Sus anteriores designaciones y su renuncia están registradas en el Boletín Oficial.
El Gobierno eligió así un perfil que ya pasó por las estructuras de fiscalización y control ambiental durante la administración de Mauricio Macri.
Pero buena parte de la atención sobre su designación está puesta en lo que hizo después de abandonar el Estado.
Trebino integra Trebino, Jure & Tiscornia, un estudio jurídico que se especializa, entre otras áreas, en asesoramiento ambiental a empresas. Según información publicada por la Universidad de San Andrés y La Nación, ha trabajado con compañías vinculadas a los sectores agropecuario, pesquero y ganadero.
También encabeza la consultora ambiental Greenco S.A. y ejerce como profesor en la Universidad de San Andrés.
Ese recorrido entre regulación estatal y asesoramiento privado será uno de los aspectos que previsiblemente seguirá el sector ambiental durante su gestión.
La cuestión adquiere relevancia porque la Subsecretaría que ahora conduce interviene precisamente en políticas de evaluación y control ambiental que pueden alcanzar a actividades productivas sometidas a fiscalización nacional.
La existencia de experiencia profesional en el sector privado no implica por sí misma una incompatibilidad. Sí obliga a que cualquier eventual conflicto de intereses sea transparentado y administrado adecuadamente cuando se presenten expedientes relacionados con actores con los que el funcionario haya tenido vínculos profesionales.
Otro aspecto de su trayectoria es su participación como director ejecutivo de Consenso Patagonia, una organización integrada por empresarios, comerciantes, productores y habitantes de provincias patagónicas que interviene activamente en las discusiones sobre propiedad privada y conflictos territoriales.
Trebino expresó públicamente una posición crítica respecto de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena y cuestionó sus sucesivas prórrogas.
Su posición adquiere una dimensión ambiental porque buena parte de los conflictos territoriales de la Patagonia se superponen con bosques nativos, áreas protegidas, proyectos extractivos y discusiones sobre el uso y la conservación del suelo.
Será otro de los puntos sobre los que organizaciones indígenas y ambientalistas observarán sus decisiones.
La llegada del nuevo funcionario tampoco modifica por sí sola el problema estructural que atraviesa Ambiente.
Según un relevamiento de FARN citado por La Nación, la Subsecretaría sufrió una caída real del 79,4% en los fondos ejecutados durante 2024 respecto de 2023, mientras que en 2025 la reducción llegó al 80,8% frente al mismo año base. Paralelamente fueron modificadas o eliminadas distintas estructuras administrativas vinculadas con cambio climático y otras competencias ambientales.
A ese escenario se agrega la redistribución de competencias que anteriormente dependían directamente del área, entre ellas responsabilidades relacionadas con el manejo del fuego y Parques Nacionales.
La primera tarea de Trebino será entonces reconstruir capacidad de coordinación en un organismo cuya jerarquía, presupuesto y estructura fueron reducidos durante los últimos años.
El nuevo subsecretario deberá intervenir en una agenda que difícilmente admita una transición prolongada.
Argentina enfrenta discusiones sobre la modificación de la Ley de Glaciares, expansión minera y petrolera, desmontes de bosques nativos, regulación de mercados de carbono y adaptación frente a eventos climáticos extremos.
También permanece abierta una cuestión estratégica: cuál será la posición argentina frente a sus compromisos internacionales sobre cambio climático y qué capacidad tendrá el Estado nacional para coordinar políticas con las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Trebino llega con experiencia técnica y conocimiento del funcionamiento interno del Estado. También con una trayectoria reciente estrechamente vinculada al sector privado y a debates territoriales que generan posiciones enfrentadas.
Después de dos meses de acefalía, Ambiente vuelve a tener un subsecretario. Ahora comenzará otra discusión: qué política ambiental pretende ejecutar el Gobierno con la estructura que quedó en pie.
