La Política Ambiental
La concentración de tierras en el norte argentino alcanza dimensiones preocupantes. Un relevamiento realizado por el investigador Cristian Venencia, de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), reveló que apenas 12 empresas concentran 1.190.000 hectáreas del Chaco salteño, una de las regiones de mayor importancia ambiental y productiva del país.
El estudio pone en discusión un fenómeno que va más allá de la extranjerización de la tierra: el acaparamiento de grandes extensiones, el avance de la frontera agropecuaria y las consecuencias sobre los bosques nativos y las comunidades que históricamente habitan esos territorios.
Los resultados muestran que la mayor parte de las grandes inversiones proviene de capitales argentinos, lo que obliga a ampliar el debate sobre quién controla la tierra, cómo se utiliza y cuáles son los impactos ambientales y sociales de ese modelo productivo.
Venencia, doctor en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible e integrante del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO-UNSa), analizó información de la plataforma internacional Land Matrix, que registra grandes transacciones de tierras.
Desde el año 2000 se identificaron 122 operaciones de compraventa, arrendamiento o concesión de superficies de al menos 200 hectáreas, que en conjunto involucraron más de 1.700.000 hectáreas del Chaco salteño.
Según el relevamiento, el 47% de la superficie analizada se destinó a la ganadería y el 38% a cultivos como soja, maíz y poroto. El resto corresponde a actividades petroleras y otros usos productivos.
El nivel de concentración también resulta significativo: el 10% de los grandes adquirentes reúne el 70% de la superficie transaccionada, mientras el 10% con menor participación concentra apenas el 0,3%.
Los datos reflejan una distribución profundamente desigual del territorio, que condiciona las posibilidades de acceso a la tierra de pequeños productores y comunidades locales.
Uno de los aspectos más relevantes del informe es que el 64% de los adquirentes de grandes extensiones son nacionales.
Las inversiones vinculadas con capitales chinos representan aproximadamente el 12% y se relacionan principalmente con explotaciones petroleras en los departamentos San Martín y Rivadavia.
Para Venencia, el debate sobre la extranjerización resulta importante, pero no permite explicar por sí solo las transformaciones que atraviesa el territorio.
El investigador plantea que también es necesario estudiar el acaparamiento, los cambios de uso del suelo y los conflictos que generan las grandes inversiones.
En ese contexto, el origen nacional del capital no garantiza que las actividades desarrolladas sean ambientalmente sostenibles ni que respeten los derechos de las poblaciones locales.
La expansión de las actividades agrícolas y ganaderas durante las últimas décadas estuvo acompañada por la transformación de importantes superficies de bosque nativo.
Una de las zonas más conflictivas se encuentra sobre la ruta nacional 86, en las inmediaciones de Tartagal, donde comunidades indígenas denuncian el avance de desmontes sobre territorios de ocupación ancestral.
El conflicto incluye cuestionamientos a las autorizaciones otorgadas para modificar el uso del suelo y a la falta de garantías efectivas sobre la tenencia comunitaria.
Según el investigador, existen situaciones en las que el acceso al agua se utiliza como elemento de presión sobre comunidades para que no se opongan a la eliminación del monte.
La desaparición del bosque afecta actividades tradicionales como la recolección, la caza, la producción familiar y el aprovechamiento de recursos naturales esenciales para la subsistencia.
Además, la deforestación modifica los ciclos hídricos, provoca pérdida de biodiversidad y aumenta la vulnerabilidad de los territorios frente a fenómenos climáticos extremos.
El escenario territorial se agravó con el debilitamiento de mecanismos legales que protegían a comunidades indígenas y familias campesinas frente a los desalojos.
En diciembre de 2024, el Gobierno nacional dictó el DNU 1083/2024, que dio por finalizada la emergencia territorial indígena prevista en la Ley 26.160 y dejó sin efecto la suspensión de desalojos establecida bajo ese régimen.
En Salta, además, el 31 de diciembre de 2025 venció la última prórroga de la suspensión de desalojos de familias rurales y pequeños productores contemplada en el artículo 9 de la Ley provincial 7.658.
A esta situación se suma el debate nacional sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo proyecto recibió media sanción del Senado en agosto de 2026, con disposiciones orientadas a modificar los procedimientos de desalojo.
Para las organizaciones territoriales, estas transformaciones profundizan las dificultades de comunidades que habitan y trabajan las tierras desde hace generaciones, pero que todavía no cuentan con títulos de propiedad regularizados.
La cuestión también involucra garantías constitucionales: el artículo 75, inciso 17, reconoce la posesión y propiedad comunitarias de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, mientras el artículo 41 establece el derecho a un ambiente sano.
Desde comienzos de los años 2000, el avance de la soja transgénica y de la ganadería intensificó la transformación productiva del Chaco salteño.
La expansión fue presentada como una oportunidad de crecimiento económico, generación de empleo y desarrollo regional.
Sin embargo, el investigador cuestiona que esos beneficios se hayan traducido en mejoras suficientes para las comunidades que históricamente habitan la región.
La persistencia de la pobreza, las dificultades de acceso al agua potable y los problemas de desnutrición infantil evidencian las desigualdades que conviven con la expansión de las grandes explotaciones.
El relevamiento permite incorporar una dimensión central al debate ambiental argentino: la concentración de la tierra no constituye solamente un problema económico o de propiedad, sino también una cuestión vinculada con el ordenamiento territorial, la protección de los bosques y los derechos humanos.
La Ley Nacional 26.331 de Bosques Nativos establece restricciones al cambio de uso del suelo y obliga a las provincias a preservar áreas de alto valor de conservación. Sin embargo, la persistencia de desmontes y conflictos territoriales demuestra las dificultades para garantizar controles efectivos.
Los datos presentados por Venencia muestran que una parte considerable del territorio se encuentra bajo el control de un número reducido de actores económicos, mientras las comunidades rurales e indígenas enfrentan obstáculos para asegurar su permanencia.
El problema del Chaco salteño ya no puede reducirse a determinar si las tierras pertenecen a empresarios argentinos o extranjeros. La discusión de fondo es quién decide sobre el territorio, qué modelo productivo se impone y qué consecuencias ambientales y sociales deja detrás.
