La Política Ambiental
La Cámara de Apelaciones de Neuquén anuló la sentencia que obligaba a la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao a devolverle a Emanuel “Manu” Ginóbili un terreno ubicado en el cerro Belvedere, en Villa La Angostura. El tribunal detectó irregularidades y contradicciones en el fallo de primera instancia y ordenó que otro juez vuelva a analizar el caso. El conflicto combina el reclamo territorial de un pueblo originario, una disputa por títulos de propiedad y el futuro de un área de bosque nativo protegida.
La Cámara de Apelaciones 2 de Neuquén resolvió por mayoría anular el fallo que había ordenado a la comunidad Lof Paichil Antriao restituir un terreno al exbasquetbolista Emanuel Ginóbili. La decisión fue adoptada el 7 de octubre y dejó sin efecto la sentencia de primera instancia que favorecía el reclamo del deportista.
Los camaristas cuestionaron la fundamentación de la resolución anterior y señalaron inconsistencias en el tratamiento de las demandas. Entre los problemas identificados, advirtieron que el juez había desarrollado argumentos sobre la validez del título de propiedad presentado por Ginóbili, pero no había resuelto expresamente esa cuestión en la parte dispositiva del fallo.
También señalaron contradicciones entre los argumentos utilizados para analizar las distintas acciones judiciales y objeciones relacionadas con las personas alcanzadas por la orden de restitución.
Por esos motivos, el tribunal dispuso que el expediente regrese al juzgado de origen para que un magistrado diferente dicte una nueva sentencia.
La resolución no reconoce de manera definitiva la propiedad de las tierras a la comunidad mapuche ni determina quién tiene el mejor derecho sobre el predio. Sin embargo, deja sin efecto la decisión que ordenaba su restitución a Ginóbili y obliga a revisar nuevamente el conflicto.
El litigio entre Ginóbili y la comunidad Lof Paichil Antriao lleva casi dos décadas. La controversia se concentra en tierras del cerro Belvedere, en Villa La Angostura, que la comunidad reivindica como parte de su territorio ancestral.
Según los antecedentes difundidos sobre el caso, el conflicto tiene raíces anteriores a la compra del terreno por parte del exbasquetbolista. La comunidad cuestiona la historia de las transferencias de esas tierras y sostiene que la discusión no puede resolverse únicamente a partir de los títulos registrales, sin considerar la ocupación ancestral y los derechos de los pueblos originarios.
Ginóbili adquirió el predio a herederos de la familia Salamida y posteriormente inició dos acciones judiciales. Una buscaba obtener un pronunciamiento sobre la validez de su título de propiedad y la otra pretendía recuperar la posesión del inmueble.
En octubre de 2025, el juez civil Francisco Astoul Bonorino había hecho lugar a las demandas y ordenado la restitución del terreno. La comunidad apeló la decisión y consiguió que la Cámara declarara su nulidad.
El abogado Luis Virgilio Sánchez, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas y representante de la comunidad, cuestionó la valoración de las pruebas realizada en primera instancia. Además, señaló que la defensa analiza recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén porque busca que las demandas de Ginóbili sean rechazadas, en lugar de que el expediente vuelva a resolverse desde el comienzo.
La disputa no se limita a los derechos de propiedad. En el área también está en juego la conservación del bosque nativo y las posibles transformaciones del territorio.
De acuerdo con lo informado por la representación legal de la comunidad, el proyecto vinculado con la inversión de Ginóbili, a través del Fideicomiso Terrazas del Correntoso, contemplaba la construcción de un complejo hotelero y un barrio privado en el faldeo del cerro Belvedere.
La zona comprende sectores identificados como categoría roja en el marco de la Ley Nacional de Bosques Nativos, que establece el máximo nivel de conservación. En esas áreas no se permiten cambios de uso del suelo ni intervenciones incompatibles con la protección del bosque.
La aplicación concreta de esas restricciones depende de la zonificación y de las normas ambientales correspondientes al predio. Por eso, cualquier iniciativa inmobiliaria debe evaluarse a la luz de las limitaciones legales vigentes y de sus posibles impactos sobre el ecosistema.
Desde la comunidad sostienen que buscan proteger el territorio y evitar la tala y la transformación del bosque. La controversia abre así una discusión que trasciende los límites de un expediente judicial: cómo se articulan los reclamos territoriales indígenas, los derechos de propiedad y la conservación de ambientes naturales de alto valor ecológico.
Con la nulidad de la sentencia, la causa deberá volver a primera instancia y quedar en manos de otro juez, que tendrá que analizar nuevamente las demandas y dictar una resolución que contemple las observaciones de la Cámara.
Mientras tanto, el tribunal de apelaciones no resolvió de manera definitiva la titularidad del terreno ni reconoció judicialmente la propiedad comunitaria de las tierras. Esos puntos continúan en discusión.
La representación legal de Lof Paichil Antriao, por su parte, adelantó que evalúa acudir al Tribunal Superior de Justicia para intentar que las demandas sean rechazadas.
El caso vuelve a poner en primer plano una disputa histórica por tierras en la Patagonia, donde los reclamos de comunidades originarias se cruzan con operaciones inmobiliarias y proyectos de desarrollo. En Villa La Angostura, la controversia por el cerro Belvedere continuará en los tribunales, mientras la comunidad mantiene su reclamo de protección territorial y ambiental.
