La Política Ambiental
En un contexto signado por la desregulación económica a nivel nacional y la avanzada sobre la legislación de protección territorial, el Gobierno de La Pampa resolvió plantar bandera y hacer uso de sus facultades constitucionales no delegadas para resguardar el suelo pampeano. El gobernador Sergio Ziliotto remitió a la Cámara de Diputados provincial el proyecto de Ley Provincial de Tierras Rurales, una iniciativa que busca fijar un estricto marco regulatorio propio ante el intento de desmantelamiento de la normativa federal.
La propuesta legislativa establece una prohibición absoluta y categórica para la venta de predios rurales que alberguen o colinden directamente con bienes naturales estratégicos, entre los que se destacan ríos, acuíferos, lagunas, humedales, bosques nativos y áreas naturales protegidas. De igual forma, el texto veda en forma total que Estados extranjeros o corporaciones con participación estatal foránea puedan registrar la titularidad de cualquier inmueble rural en el territorio pampeano.
Para aquellas tierras rurales donde no rija la exclusión absoluta, el proyecto dispone un sistema de escala máxima de tenencia basado en la productividad del suelo, tomando como referencia las Unidades Económicas Agrarias (Ley Provincial N.º 468). Bajo este parámetro técnico, la superficie máxima permitida para personas físicas o jurídicas extranjeras oscilará entre 1.000 y 20.000 hectáreas, de acuerdo con las condiciones agrológicas de cada región.
A fin de evitar maniobras de acaparamiento o dominación territorial en distritos clave, la iniciativa dispone un tope máximo de extranjerización del 15% a nivel provincial y departamental, protegiendo especialmente a las zonas que se asientan sobre valiosos acuíferos subterráneos. Además, ninguna nacionalidad podrá superar el 30% del cupo habilitado dentro de ese tope del 15%.
El proyecto contempla un régimen de excepciones orientado a garantizar el arraigo social, excluyendo de los límites de superficie a ciudadanos extranjeros que acrediten 10 años de residencia continua, o 5 años si tienen hijos argentinos o vínculo matrimonial o convivencial con nacionales. Asimismo, los extranjeros que obtengan la ciudadanía por vía de inversiones contarán con un régimen especial tras acreditar dos años de residencia.
La decisión del Ejecutivo provincial no es un hecho aislado: responde al dominio originario que ejercen las provincias sobre sus recursos naturales (artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional) y busca contrarrestar la derogación de la Ley Nacional 26.737 impulsada a través del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.
"Nos corresponde defender nuestra soberanía y proteger nuestros recursos estratégicos", enfatizó Ziliotto al argumentar la necesidad del proyecto, alineando la postura pampeana con regulaciones vigentes en países como Brasil, Uruguay, Suiza o Canadá.
Con este avance, La Pampa abre un nuevo capítulo en la judicialización y la resistencia política federal frente a la extranjerización de la tierra, enviando un claro mensaje a los mercados y imponiendo un debate insoslayable en la agenda legislativa y ambiental del país.
