La Política Ambiental
La provincia de Santa Cruz atraviesa horas de máxima tensión institucional, marcadas por un grave hecho de sabotaje en la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y por el estallido de un escándalo de extranjerización territorial que ya apodan en la Patagonia como el "nuevo Lago Escondido".
En una conferencia de prensa de urgencia, el gobernador Claudio Vidal informó los resultados de las pericias preliminares sobre el descarrilamiento de la locomotora de YCRT ocurrido en el ramal ferroviario que conecta Río Turbio con el puerto de Punta Loyola. Según precisó el mandatario provincial, los peritajes técnicos confirmaron que no se trató de una falla mecánica ni de un error humano, sino de una maniobra intencional provocada por la remoción previa y coordinada de fijaciones y eclisas en los rieles.
"Esto fue un boicot planificado y criminal contra la empresa pública y contra el patrimonio de todos los santacruceños", aseveró Vidal, quien anunció la presentación de una denuncia penal ante la Justicia Federal para dar con los responsables materiales e intelectuales del atentado.
Sin embargo, el discurso de defensa del patrimonio público que enarbola el Ejecutivo provincial contrasta de forma drástica con sus recientes decisiones normativas. El rechazo de organizaciones ambientalistas, guías de turismo y comunidades locales de El Calafate escaló a niveles inéditos tras confirmarse que el propio Claudio Vidal firmó el Decreto 0915/2026, una resolución "a medida" que otorga una excepción única para permitir la venta de una valiosa parcela en el área protegida Península de Magallanes, ubicada directamente frente al Parque Nacional Los Glaciares y al mismísimo Glaciar Perito Moreno.
La operación inmobiliaria involucra a la Fracción G (Matrícula 186 del Departamento Lago Argentino) y beneficia a la firma ASB Hospitality Calafate SAU, una sociedad creada en Argentina en julio de 2026 cuyo único accionista es ASB Hospitality LLC, una corporación con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, vinculada al poderoso holding Albwardy Investment.
Para concretar la cesión a capitales del Golfo Pérsico, el gobierno santacruceño debió perforar las restricciones fijadas por el Decreto provincial 0994/17, que resguarda las zonas de reserva y prohíbe este tipo de transferencias inmobiliarias en áreas de alta sensibilidad ecológica. Bajo el ropaje de un desarrollo turístico de lujo ("Master Plan Ecocentro"), la gestión de Vidal habilitó el desembarco emiratí en un ecosistema frágil sin haber presentado los estudios de impacto ambiental completos ni garantizado audiencias públicas.
El hermetismo y la celeridad con la que el Ejecutivo provincial tramitó el permiso para el grupo árabe no es un hecho aislado: se inscribe en la brecha abierta a nivel nacional tras la desregulación impuesta por el DNU 70/2023 de Javier Milei y la flexibilización de los controles sobre el suelo argentino. Mientras la Corte Suprema de Justicia dilató los amparos contra la derogación de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), gobernadores como Vidal avanzaron en concesiones a medida para capitales trasnacionales.
Desde la Asociación de Guías de Santa Cruz (AGUISAC) y diversas ONG ambientalistas salieron a cruzar duramente al mandatario: "Mientras denuncia un boicot en las vías del tren estatal, Vidal lotea y privatiza el entorno natural del Patrimonio de la Humanidad para beneficiar a un jeque árabe. Es un atropello a la soberanía territorial y hídrica de la provincia".
Con la causa penal por el descarrilamiento en YCRT marchando en los juzgados federales y los amparos ambientales multiplicándose en El Calafate para frenar el desembarco emiratí en la Península de Magallanes, la gestión de Claudio Vidal queda atrapada entre la denuncia por el sabotaje a la infraestructura pública y el severo cuestionamiento por la privatización y entrega de los bienes comunes más preciados de la Patagonia.
