La Política Ambiental
EL ALTO, Catamarca.— La respuesta comunitaria frente al avance del extractivismo no da tregua en el oriente catamarqueño. Más de un centenar de pobladores, pequeños productores y referentes de asambleas socioambientales de El Alto, las Sierras de Ancasti y la ciudad de Frías (Santiago del Estero) volvieron a autoconvocarse en una masiva asamblea comunitaria en la localidad de El Alto para blindar el territorio serrano contra la irrupción de la megaminería de litio a cielo abierto.
El encuentro representó un salto clave en el nivel de organización regional: se articuló un frente unificado entre comunidades de dos provincias que comparten el mismo ecosistema y la misma cuenca hídrica. Las poblaciones advierten que la eventual perforación y voladura de las sierras para extraer litio en roca dura (pegmatitas) no solo devastará la flora y fauna autóctona, sino que afectará de manera irreversible las fuentes de agua dulce de las que dependen tanto las actividades productivas de los valles como los cascos urbanos circundantes.
A diferencia de la minería de salares en la Puna (basada en la extracción de salmuera), los proyectos que buscan radicarse en el cordón de Ancasti y El Alto corresponden a extracción de litio en roca dura. Este método requiere voladuras masivas con explosivos, molienda a gran escala, uso intensivo de reactivos químicos y un desmedido consumo hídrico que pondría en jaque el frágil equilibrio de la región.
Desde las agrupaciones de vecinos autoconvocados y la Asamblea Friense por el Albigasta expusieron que las áreas que las empresas mineras pretenden explorar y perforar se encuentran protegidas bajo categorías de alto valor de conservación de la Ley de Bosques Nativos. La legislación prohíbe la actividad industrial extractiva en estas zonas de cabecera de cuenca, las cuales alimentan directamente a ríos fundamentales para la región como el Río Albigasta, fuente vital de agua potable para la población santiagueña de Frías y las localidades rurales catamarqueñas.
Pese a los intentos de los ejecutivos provinciales por acelerar los permisos y convalidar los Informes de Impacto Ambiental (IIA), la creciente presión comunitaria ha logrado frenar e impugnar audiencias públicas por falta de transparencia y por vulnerar el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada.
"Sostenemos una decisión inclaudicable como pueblos de no permitir el avance de la actividad megaminera en la zona. Cada vez somos más las personas que nos involucramos activamente en esta causa", remarcaron las y los asambleístas en el documento emitido tras la jornada.
El crecimiento de la movilización popular envía una advertencia directa a las autoridades municipales, provinciales y nacionales: las comunidades no entregarán las sierras al negocio trasnacional. Con campañas de concientización, acciones legales y una guardia comunitaria permanente en los accesos serranos, la región de El Alto y Ancasti vuelve a dejar en claro que la licencia social para la megaminería en el oriente catamarqueño no existe.
